Las propuestas aparecen principalmente en los apartados dedicados a productividad, innovación, energía y defensa, aunque también hay medidas relevantes en materia fiscal, regulación, infraestructuras y política europea.
El planteamiento del PP parte de una idea transversal: la transición energética debe acompasarse con la competitividad de la economía y la capacidad tecnológica disponible. La política industrial, por su parte, debe facilitar la inversión, reducir los plazos administrativos y mejorar el acceso de las empresas a la energía, el suelo industrial, la financiación y las materias primas.
1. Energía: continuidad nuclear y neutralidad tecnológica
El capítulo 4.9 del programa, bajo el título «España puede ser potencia energética de Europa», concentra las principales propuestas del PP en materia energética. La primera de ellas es la eliminación del calendario de cierre de las centrales nucleares españolas.
El PP quiere prolongar la vida útil de las centrales nucleares
La propuesta número 228 plantea eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. El partido se compromete a tramitar durante los primeros cien días de Gobierno la extensión de la vida útil de estas instalaciones, siempre con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear y garantizando su seguridad.
La continuidad del parque nuclear se integra en una estrategia energética más amplia. El PP propone reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) para adaptarlo, según su planteamiento, a criterios de realismo y neutralidad tecnológica.
El modelo que defiende contempla la complementariedad de cuatro elementos: energía nuclear, renovables, almacenamiento y capacidad de respaldo suficiente. El programa establece que todas las tecnologías deberán competir en igualdad de condiciones en las subastas, las ayudas y la regulación.
La formación también anuncia la aprobación de una estrategia nacional de energía nuclear y la participación de España en las iniciativas europeas relacionadas con reactores avanzados y pequeños reactores modulares (SMR).
Otro de los compromisos vinculados a esta propuesta es facilitar los contratos de electricidad a largo plazo. El documento señala que estos instrumentos permitirían ofrecer precios más estables tanto a la industria como a los hogares.
La neutralidad tecnológica y la seguridad de suministro aparecen como criterios rectores de las decisiones energéticas. El programa sostiene que la tecnología que debe imponerse no ha de decidirse desde el Gobierno, sino en función de su capacidad para proporcionar energía segura, limpia y competitiva.
Menos fiscalidad sobre la electricidad
La segunda gran línea de actuación energética se centra en reducir la carga fiscal del recibo de la luz.
En la propuesta 229, el PP plantea eliminar de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica y reducir la fiscalidad que soporta la factura.
Junto a esta medida, propone un plan de choque para abaratar los servicios que permiten ajustar la producción eléctrica al consumo y mantener la estabilidad del sistema. El documento afirma que sus costes se han multiplicado por ocho en los últimos años.
La iniciativa tiene una dimensión industrial evidente: reducir los costes asociados al suministro eléctrico y mejorar las condiciones económicas de acceso a la energía para las empresas.
El programa incorpora también medidas dirigidas a los consumidores domésticos. El PP plantea crear una Tarifa Social Única para los hogares más vulnerables, que sustituiría y mejoraría los actuales bonos social eléctrico y térmico. La ayuda sería compatible con cualquier contrato de electricidad y gas.
Además, propone aprobar un Estatuto del Consumidor Energético que refuerce los derechos de información, transparencia y reclamación. Se implantarían modelos de contrato para electricidad, agua y gas, con condiciones comprensibles y un formato común que permita comparar ofertas.
El programa añade una garantía de compensación automática para los consumidores que se queden sin suministro eléctrico por un fallo del sistema, sin necesidad de presentar una reclamación.
2. Redes eléctricas: acelerar las conexiones para industria, logística y tecnología
Uno de los compromisos que tiene una relación más directa con los proyectos industriales es el desbloqueo del acceso a la red eléctrica.
La propuesta 230 plantea anticipar las necesidades de capacidad eléctrica mediante una planificación de las redes que tenga en cuenta el crecimiento de la demanda.
El PP identifica expresamente tres ámbitos prioritarios: las zonas industriales, las logísticas y las tecnológicas. También incluye las nuevas necesidades de viviendas y centros de datos.
Para ello, propone preparar la red antes de que se produzcan los problemas de capacidad y revisar las reservas de conexión existentes para comprobar si corresponden a proyectos realmente viables.
El compromiso temporal más concreto es la puesta en marcha de un plan de choque que permita resolver en un plazo de 18 meses los problemas que están frenando la conexión de estos proyectos.
La iniciativa contempla, además, aprovechar mejor las redes existentes y dar prioridad a las infraestructuras esenciales para el transporte y la distribución de electricidad.
El programa incorpora otro objetivo de alcance europeo: mejorar las conexiones eléctricas de España con el resto del continente.
La disponibilidad de capacidad de acceso y conexión aparece así como una cuestión central de la política industrial que propone el PP. El documento vincula expresamente la planificación eléctrica con la implantación de nuevas actividades productivas, centros de datos e instalaciones tecnológicas.
3. Seguridad del suministro: refuerzo del sistema eléctrico y almacenamiento
La propuesta 231 se centra en reforzar el sistema eléctrico para evitar nuevos episodios de interrupción generalizada del suministro.
El PP anuncia que, durante los primeros seis meses de Gobierno, actualizará las reglas de funcionamiento del sistema eléctrico y aprobará un plan nacional para reforzar su seguridad.
Entre las medidas previstas figuran:
- La supervisión de la red eléctrica en tiempo real.
- La implantación de sistemas de alerta temprana para detectar problemas y actuar antes de que afecten al suministro.
- El control de las variaciones de tensión que puedan poner en riesgo la estabilidad del sistema.
- La modernización de la gestión de la red para reducir los costes asociados al mantenimiento de su estabilidad.
- La publicación de un informe sobre las causas de cada incidente grave y las medidas necesarias para evitar que vuelva a producirse.
Una de las disposiciones más relevantes para el parque de generación es el compromiso de que ninguna central de gas o hidroeléctrica que permita disponer de electricidad cuando se necesita cierre sin que exista una alternativa técnicamente acreditada para sustituir su capacidad.
El almacenamiento también ocupa un lugar destacado. El PP plantea facilitar su desarrollo mediante baterías, centrales hidroeléctricas reversibles y otras tecnologías competitivas.
Las centrales hidroeléctricas reversibles, que permiten elevar agua hasta un embalse para generar electricidad posteriormente, aparecen expresamente mencionadas como una de las soluciones que deben contribuir a la flexibilidad y seguridad del sistema.
La propuesta configura así un modelo en el que la generación, la capacidad de respaldo, el almacenamiento y las redes deben desarrollarse de forma coordinada.
4. Transición energética: revisar los ritmos y proteger la competitividad industrial
El programa aborda la política climática en la propuesta 232, bajo el epígrafe «Afrontaremos el cambio climático con rigor científico».
El PP considera que la lucha contra el cambio climático y la descarbonización son objetivos irrenunciables para Europa, por razones ambientales, geoestratégicas y económicas. Sin embargo, plantea revisar los ritmos de aplicación de las políticas climáticas en cada sector.
Para ello, propone tener en cuenta tres factores:
- La evolución de las políticas y circunstancias en el resto del mundo.
- La tecnología realmente disponible.
- La evolución de la demanda.
El documento rechaza la imposición de calendarios que considera imposibles y defiende una transición energética ordenada, realista y justa, compatible con la protección medioambiental, el crecimiento económico y el bienestar.
La competitividad industrial ocupa un lugar explícito en esta posición. El PP afirma que los ciudadanos no deben perder oportunidades ni soportar un encarecimiento desproporcionado de la vida como consecuencia de las políticas climáticas.
En consecuencia, se compromete a no imponer obligaciones innecesarias y a retirar aquellas que, según su planteamiento, perjudiquen la competitividad, la industria o el empleo.
La economía circular completa este bloque. En la propuesta 233, el partido la presenta como una oportunidad para reducir residuos, aprovechar mejor los recursos y generar actividad económica.
Su planteamiento se basa en aprovechar las inversiones, infraestructuras y capacidades existentes en España. El PP afirma que no impondrá obligaciones adicionales ni acelerará los plazos de implantación de medidas en este ámbito.
5. Política industrial: proyectos estratégicos y grandes inversiones
Más allá del capítulo energético, el programa incorpora un conjunto de medidas específicas para reforzar la industria española.
La propuesta 192, titulada «Aceleraremos las grandes inversiones industriales», constituye uno de los compromisos centrales de este apartado.
El PP plantea declarar estratégicos de interés nacional aquellos proyectos industriales que creen al menos cien empleos.
Estos proyectos contarían con un sistema de tramitación preferente que incluiría:
- Una dirección única para coordinar el proyecto.
- Tramitación administrativa prioritaria.
- Un único trámite digital para las autorizaciones estatales, incluidas las ambientales.
- Planificación de la conexión eléctrica en un plazo de seis meses.
Esta última medida conecta directamente la política industrial con la energética: el programa no se limita a facilitar la implantación administrativa de nuevas fábricas, sino que incorpora la disponibilidad de electricidad como uno de los elementos que deben resolverse para que los proyectos puedan desarrollarse.
El PP también propone facilitar suelo industrial en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. Ese suelo estaría vinculado a universidades y centros tecnológicos.
A ello se sumaría financiación para modernizar los procesos productivos de las empresas.
Materias primas y autonomía estratégica
La política industrial que dibuja el documento también incorpora una dimensión de seguridad económica y reducción de dependencias exteriores.
El programa plantea identificar las dependencias críticas de la industria española y apoyar la extracción, transformación y reciclaje de materias primas.
Asimismo, propone reforzar las cadenas de suministro esenciales mediante pruebas periódicas de resistencia y reservas estratégicas de materias primas y componentes, en colaboración con los socios europeos.
La propuesta apunta a fortalecer la capacidad productiva nacional y europea en aquellos ámbitos en los que existan dependencias consideradas críticas.
El objetivo es que la industria disponga de mayor seguridad en el abastecimiento de materiales y componentes necesarios para mantener su actividad.
6. Innovación, digitalización y nuevas tecnologías industriales
La apuesta industrial del PP no se limita a atraer grandes inversiones. El programa incorpora también medidas destinadas a acelerar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas.
Más incentivos fiscales para invertir en tecnología y maquinaria
La propuesta 181 plantea ampliar la libertad de amortización en el impuesto sobre sociedades. Las empresas podrían descontar íntegramente en el mismo ejercicio las inversiones realizadas en maquinaria, equipos, digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, software y patentes.
El documento también contempla que las startups y empresas innovadoras que todavía no tengan beneficios puedan recibir anticipadamente parte del incentivo fiscal a la inversión.
El objetivo declarado es facilitar la reinversión empresarial y reducir el coste fiscal asociado a la modernización de los procesos productivos.
Más investigación y transferencia tecnológica
La propuesta 188 plantea agilizar la incorporación de investigadores y el reconocimiento de sus trayectorias profesionales mediante procesos abiertos basados en el mérito.
También propone garantizar la continuidad de la financiación pública de la I+D de un año a otro y vincular una parte de los recursos a los resultados obtenidos, incluida la transferencia de conocimiento a las empresas.
El programa incorpora un incentivo fiscal para atraer talento internacional: los profesionales que vengan a trabajar en grandes proyectos tecnológicos tributarían al 20% durante seis años.
En la propuesta 189, el PP anuncia un incremento de las deducciones por investigación e innovación, con mayores garantías jurídicas.
También plantea simplificar las ayudas, facilitar las licencias de patentes públicas y mejorar la compra pública innovadora dirigida a startups y pymes tecnológicas. La Administración actuaría así como primer cliente de estas empresas, facilitando su crecimiento y el acceso al mercado.
Inteligencia artificial aplicada a la fábrica
La propuesta 190 plantea convertir España en un centro de aplicaciones de inteligencia artificial para la economía real.
El documento pone el foco en las empresas que trasladen esta tecnología desde los laboratorios a los procesos productivos.
Para las pymes, el PP propone facilitar aplicaciones listas para utilizar, acompañadas de asesoramiento, formación y apoyo para protegerse frente a los ciberataques.
También contempla la creación de entornos de prueba seguros, sin cargas regulatorias nacionales adicionales a las establecidas en el marco europeo.
El programa establece un plazo de treinta días para responder a los trámites y atribuye a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) una función de acompañamiento a las empresas en el cumplimiento de las nuevas normas.
Zonas de innovación estratégica
Otra de las propuestas relevantes es la creación de zonas de innovación estratégica para atraer grandes proyectos tecnológicos.
Según la propuesta 191, estas zonas dispondrían de suelo, conexión eléctrica y digital garantizada, ventanilla única y tramitación acelerada.
También estarían conectadas con universidades y centros de investigación.
Los proyectos de inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, baterías y sector aeroespacial podrían beneficiarse durante siete años de un tratamiento fiscal más favorable.
El documento precisa que no se trataría de zonas francas: las ventajas fiscales estarían vinculadas a la inversión, la contratación y la innovación desarrolladas en España.
Además, el PP anuncia que impulsará el desarrollo y la aplicación industrial de tecnologías disruptivas como la computación cuántica, la fotónica y la sensórica, con el objetivo de reforzar las capacidades tecnológicas y productivas del país.
7. Menos burocracia y mejores condiciones para el crecimiento empresarial
El programa incorpora varias medidas de carácter transversal que afectan directamente a la actividad industrial.
Una de ellas es el compromiso de que cada nueva norma vaya acompañada de la eliminación de tres normas vigentes que sean innecesarias, obsoletas o duplicadas.
El PP propone aprobar un decreto de simplificación administrativa y reducir antes de 2029 las cargas administrativas generales un 25% y un 35% en el caso de las pymes.
También plantea ampliar las actividades de bajo riesgo que puedan comenzar mediante declaración responsable y extender los supuestos de silencio administrativo positivo.
Otra medida es la integración en un único expediente de las autorizaciones e informes necesarios para desarrollar un proyecto, tanto estatales como autonómicos y locales. Los trámites que no dependan unos de otros se solicitarían simultáneamente.
El objetivo es reducir los tiempos de respuesta de la Administración y evitar que la acumulación de autorizaciones se convierta en un obstáculo para la inversión.
En materia de crecimiento empresarial, la propuesta 187 plantea revisar los umbrales regulatorios nacionales que penalizan a las pymes cuando aumentan su tamaño.
Siempre que lo permita el derecho europeo, los nuevos requisitos no se aplicarían hasta que la empresa llevara cuatro años creciendo de forma consolidada.
El programa contempla simplificar las obligaciones de las empresas de hasta 250 trabajadores y establecer incentivos fiscales, laborales, administrativos y de contratación para aquellas que incrementen su dimensión.
A estas medidas se suma la propuesta 186, que establece que toda nueva norma económica deberá superar un test de productividad. Este instrumento evaluaría su impacto sobre el empleo, la productividad y la competitividad exterior, y sus resultados serían públicos.
8. Industria de defensa: empleo cualificado y soberanía tecnológica
La industria de defensa recibe un tratamiento específico en el primer bloque del programa, dedicado a la reparación del Estado.
La propuesta 55, titulada «La industria de defensa creará empleo y reforzará nuestra soberanía tecnológica», plantea impulsar la industria española para dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias, generar empleo cualificado en España y desarrollar tecnología propia.
El PP vincula la inversión en equipamiento y modernización militar con el fortalecimiento de la capacidad industrial nacional y la reducción de la dependencia exterior.
Los ámbitos prioritarios que identifica son:
- Drones y sistemas antidrones.
- Defensa antiaérea.
- Munición.
- Ciberdefensa.
- Comunicaciones.
- Inteligencia artificial.
- Capacidades navales.
El documento también propone simplificar los procedimientos de contratación de defensa para que los equipos y materiales lleguen a tiempo.
Esta política industrial se complementa con el compromiso de establecer una programación plurianual de las inversiones en defensa, con objetivos de personal y material a medio y largo plazo.
9. Infraestructuras y logística: electricidad, puertos y almacenamiento
Aunque no forman parte del capítulo industrial en sentido estricto, varias propuestas de infraestructuras tienen implicaciones directas para las empresas y la competitividad de las cadenas productivas.
En el ámbito portuario, el PP plantea modernizar los accesos ferroviarios y viarios de los 46 puertos de interés general, reforzando su papel como conexiones comerciales entre Europa, América y África.
También propone ampliar las infraestructuras portuarias en función de la demanda y extender el suministro eléctrico a los buques atracados.
En materia de movilidad, contempla implantar puntos de recarga para favorecer la descarbonización del transporte por carretera.
El programa incluye igualmente un Pacto Nacional del Agua dentro de un Plan Nacional de Infraestructuras que movilizaría hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030.
Entre las actuaciones previstas se encuentra impulsar soluciones de almacenamiento energético de alta eficiencia y gran escala, como las centrales hidroeléctricas reversibles.
10. Europa y mercado único: interconexiones y tecnología propia
La dimensión europea también está presente en la estrategia industrial y energética del PP.
El documento plantea que España debe participar activamente en las decisiones europeas relacionadas con la energía, la tecnología y la defensa.
En concreto, defiende un mercado único sin barreras, mayores interconexiones energéticas, compras conjuntas en defensa y el desarrollo de tecnología propia.
En el ámbito energético, esta orientación se traduce en la propuesta de mejorar las conexiones eléctricas con el resto de Europa y participar en iniciativas comunitarias de reactores avanzados y pequeños reactores modulares.
En el industrial, se relaciona con el refuerzo de las cadenas de suministro esenciales, las reservas estratégicas de materias primas y componentes y la reducción de dependencias exteriores.
El programa también plantea que la política exterior española contribuya a defender los intereses de las empresas nacionales y abrir nuevos mercados.
11. Los principales compromisos y plazos del programa
El documento incorpora algunos compromisos temporales concretos que permiten identificar las prioridades de actuación que el PP anuncia para una eventual legislatura.
| Medida | Plazo anunciado |
|---|---|
| Tramitar la extensión de vida de las centrales nucleares | Primeros 100 días |
| Plan de choque para desbloquear conexiones eléctricas | Resolver los problemas en 18 meses |
| Actualizar las reglas de funcionamiento del sistema eléctrico | Primeros 6 meses |
| Planificar la conexión eléctrica de grandes inversiones industriales | 6 meses |
| Responder a los trámites en las zonas de innovación estratégica | 30 días |
| Reducir las cargas administrativas generales | 25% antes de 2029 |
| Reducir las cargas administrativas de las pymes | 35% antes de 2029 |
| Tratamiento fiscal favorable para proyectos tecnológicos en zonas estratégicas | 7 años |
| Plan Nacional de Infraestructuras y Pacto Nacional del Agua | Hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 |
Una estrategia que vincula energía competitiva e inversión industrial
El conjunto de las medidas dibuja una política industrial y energética en la que ambos ámbitos aparecen estrechamente relacionados.
En energía, el PP propone mantener la actividad de las centrales nucleares mediante la extensión de su vida útil, combinar distintas tecnologías de generación, reducir la fiscalidad eléctrica, reforzar el almacenamiento y garantizar la seguridad del suministro.
En industria, plantea facilitar la implantación de grandes proyectos, acelerar las autorizaciones, mejorar el acceso a la red, ofrecer incentivos fiscales a la inversión y apoyar la modernización tecnológica de las empresas.
La disponibilidad de electricidad se convierte en una condición expresa para atraer nuevas inversiones: el programa establece que los grandes proyectos industriales deben contar con una planificación de su conexión eléctrica en seis meses y que las zonas de innovación estratégica tengan garantizado el acceso a la energía.
También destaca la apuesta por la autonomía estratégica, tanto a través del impulso a las materias primas y las cadenas de suministro como mediante el desarrollo de capacidades tecnológicas propias en sectores como los semiconductores, las baterías, la inteligencia artificial, la industria aeroespacial y la defensa.
El programa fija algunos plazos concretos y anuncia reformas regulatorias y fiscales, aunque no desarrolla un presupuesto global para el conjunto de las medidas industriales y energéticas ni cuantifica el impacto económico esperado de cada una de ellas.
La propuesta del PP sitúa, en definitiva, la competitividad energética, la seguridad de suministro, la inversión productiva y la reducción de dependencias exteriores como elementos conectados de su proyecto económico para España.
