La nueva versión del texto, remitida al Consejo de Estado el lunes 26 de octubre, incorpora cambios tras analizar más de 600 alegaciones presentadas durante el periodo de información pública, en el que empresas tecnológicas y eléctricas cuestionaron distintas condiciones de la propuesta inicial. El Ejecutivo busca compatibilizar el desarrollo de estas infraestructuras con la sostenibilidad energética y ambiental.
Más margen para cumplir los requisitos energéticos
Uno de los principales cambios afecta al umbral de potencia a partir del cual se aplicará la mayoría de las obligaciones del decreto. El límite pasa de 1 a 10 megavatios (MW), por lo que los requisitos se centrarán en las instalaciones de mayor tamaño.
El nuevo borrador mantiene la exigencia de que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo energético mediante autoconsumo o contratos de suministro de electricidad renovable vinculados a instalaciones ubicadas en España. Sin embargo, amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de las instalaciones renovables que pueden vincularse a los centros para acreditar ese suministro.
Asimismo, el texto reduce de diez a seis años la duración exigida a los contratos de suministro renovable a largo plazo y permite incorporar el almacenamiento mediante baterías. También contempla el uso de electricidad procedente de plantas solares fotovoltaicas con independencia de su fecha de construcción, siempre que no estuvieran ya vinculadas a determinados contratos de compra de energía a largo plazo cuando entre en vigor la norma.
Las empresas dispondrán, además, de un periodo de adaptación de seis meses desde la formalización del contrato de acceso a la red para cumplir los requisitos de generación renovable, en los términos previstos para el periodo transitorio hasta el inicio de 2029.
Una moratoria de cinco años vinculada a la flexibilidad de la red
Otro de los cambios relevantes afecta a la correlación horaria entre el consumo eléctrico de los centros de datos y la disponibilidad de energía renovable. El nuevo texto permite un periodo transitorio de cinco años para las instalaciones que se adhieran al sistema de reducción automática de potencia (SRA), que contempla la reducción de su consumo o su desconexión ante determinadas situaciones de tensión en la red eléctrica.
Durante esta transición, los objetivos de cobertura renovable se aplicarán progresivamente. Según la información publicada por idealista/news, la propuesta contempla una exigencia del 60% durante las horas punta hasta finales de 2028 y del 70% durante las horas punta y llano hasta el final del periodo transitorio.
La posibilidad de desconectar instalaciones sin indemnización en determinadas circunstancias sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la regulación para el sector.
Eficiencia energética, agua y soberanía digital
La propuesta también introduce cambios en los requisitos de eficiencia energética. El margen transitorio del indicador PUE, que mide la eficiencia energética de un centro de datos, aumenta de 1,15 a 1,25 para determinadas instalaciones que formalicen su contrato de acceso a la red antes de 2029. Esta flexibilidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031 y contempla ajustes vinculados a las condiciones climáticas.
En materia de agua, el decreto mantiene la exigencia de cumplir los niveles más elevados del etiquetado europeo relativos a la eficiencia en su consumo.
En cuanto a la soberanía digital, las instalaciones que alojen los datos más sensibles del sector público deberán mantenerlos dentro de la Unión Europea. No obstante, se permitirán labores de soporte técnico remoto desde terceros países cuando sean estrictamente necesarias.
Los proyectos estratégicos europeos vinculados a la soberanía digital, incluidas las gigafactorías de inteligencia artificial que cumplan las condiciones establecidas, podrán disponer de hasta 60 meses para poner en marcha las medidas de autoconsumo o suministro renovable.
El Gobierno mantiene el calendario previsto
Pese a los cambios introducidos, el Ejecutivo sostiene que la nueva redacción conserva los elementos fundamentales de la propuesta inicial. El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la regulación pretende evitar que el crecimiento de los centros de datos perjudique la disponibilidad de agua o encarezca la factura eléctrica de los consumidores.
El calendario sigue siendo ajustado. Tras su remisión al Consejo de Estado, el texto deberá completar los trámites pendientes antes de su aprobación definitiva. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya había manifestado el 23 de octubre su intención de que el real decreto estuviera aprobado antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La nueva versión introduce flexibilidad en los plazos y en determinadas condiciones de cumplimiento, pero mantiene exigencias que siguen generando debate en el sector tecnológico y energético. Las asociaciones empresariales están analizando el texto revisado antes de fijar una posición definitiva sobre su alcance y sus posibles consecuencias para las inversiones en centros de datos en España.
