La CNMC advierte expresamente de las posibles consecuencias de estos requisitos sobre las inversiones previstas: «algunos proyectos inicialmente considerados en los escenarios de planificación podrían retrasarse, redimensionarse, desplazarse territorialmente o no llegar a materializarse en los términos inicialmente previstos». Para Spain DC, esta advertencia sobre el riesgo de deslocalización o de pérdida de proyectos refuerza la necesidad de corregir el texto antes de su aprobación para preservar la inversión y la competitividad del país.
La CNMC comparte el objetivo de un desarrollo ordenado y sostenible de los centros de datos, pero recomienda reforzar la justificación de la necesidad, proporcionalidad y adecuación de los requisitos.
«El informe de la CNMC avala advertencias fundamentales que Spain DC viene formulando desde que se conoció el proyecto. El propio regulador señala que las exigencias pueden desplazar proyectos o impedir que se materialicen. España necesita una regulación técnicamente viable, proporcionada y predecible para que las inversiones puedan desarrollarse con seguridad jurídica», señala Emilio Díaz, presidente de Spain DC.
Una revisión de los requisitos energéticos y de los plazos
En relación con la correlación horaria del 80 %, la CNMC advierte de que podría obligar a importantes sobredimensionamientos de generación renovable y almacenamiento, con elevados costes de red y un aprovechamiento ineficiente de los recursos. Su valoración sobre la adicionalidad y la correlación horaria en periodos de excedentes es explícita: «no parece eficiente exigir nueva generación adicional ni una correlación horaria estricta en aquellas horas en las que ya existen excedentes renovables, vertidos o precios muy reducidos o negativos». El regulador explica que la nueva demanda puede contribuir a absorber energía renovable que, de otro modo, no se aprovecharía.
Respecto a la adicionalidad, la CNMC señala que «existe en la actualidad un gran volumen de energía renovable que se está vertiendo por falta de demanda suficiente en determinadas horas». Por ello, propone concentrar las exigencias en las horas en las que falta generación renovable o introducir mayor flexibilidad mediante una reducción del porcentaje inicial o una senda progresiva de cumplimiento. También recomienda ampliar los plazos y advierte de que los seis meses previstos para que los proyectos con permisos concedidos acrediten el cumplimiento pueden resultar insuficientes. Plantea, además, una aplicación gradual para proyectos avanzados y un tratamiento específico de los retrasos no imputables a sus titulares.
Las observaciones se extienden a la exigencia simultánea de eficiencia energética e hídrica, que el regulador considera potencialmente demasiado rígida y no siempre técnicamente compatible. El informe también aborda el régimen de penalizaciones y el reparto de competencias, incluida la necesidad de respetar las funciones de la CNMC en materia de acceso y conexión.
Una respuesta que debe traducirse en cambios en el texto
Spain DC considera que el informe del regulador debe traducirse en una revisión sustancial de los requisitos cuestionados. La Asociación recuerda que numerosas cuestiones recogidas por la CNMC ya habían sido trasladadas por el sector en sus alegaciones y reclama una interlocución técnica efectiva para concretar las correcciones necesarias.
«Las más de 600 alegaciones y los más de 15.000 folios presentados, a los que se suma ahora el informe de la CNMC, evidencian la amplitud de las advertencias sobre los riesgos de esta regulación. La coincidencia entre las objeciones del sector y las observaciones del regulador refuerza la necesidad de corregir un diseño que puede comprometer inversiones estratégicas y la competitividad de España. Esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia», afirma Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC.
Spain DC reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia de los centros de datos y espera que el Gobierno incorpore las observaciones del regulador y corrija los requisitos que ponen en riesgo la viabilidad de los proyectos. Para la Asociación, resulta contradictorio que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública respalde una regulación que puede frenar la digitalización de España. Su responsabilidad es impulsar las infraestructuras que hacen posible esa transformación y preservar la capacidad del país para atraer inversión, desarrollar inteligencia artificial y reforzar su soberanía digital.
