El Observatorio del Coste de los Servicios de Operación ha publicado los datos actualizados sobre el coste de los servicios de operación del sistema eléctrico hasta mediados del mes de agosto, que reflejan un incremento del 36% en comparación con el mismo periodo del pasado año y se ha situado en 3.360 millones de euros.
Esta parte oculta de la factura eléctrica destinada a mantener la red, garantizar el suministro y evitar apagones como el del 28 de abril de 2025, se traduce en un sobrecoste del 8% para una pyme y de hasta un 13% para una empresa electrointensiva; y representa aproximadamente uno de cada siete euros del recibo.
El impacto de las medidas de urgencia en el sobrecoste eléctrico
Los datos del Observatorio muestran que en los últimos meses los costes asociados a la gestión del sistema han experimentado un incremento significativo, en niveles superiores al propio precio de la energía en algunos periodos. Este aumento se ha visto especialmente agravado por la aplicación de medidas extraordinarias, como la denominada operación reforzada, tras el gran apagón del pasado año.
Una situación que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía, por lo que desde el Observatorio reclaman medidas correctoras y propuestas para reducir el coste eléctrico y mejorar la transparencia.
Detrás de este encarecimiento se encuentra la inestabilidad del sistema. Al no estar la red adaptada para absorber con seguridad toda la energía renovable, se recurre a las centrales térmicas de gas como respaldo de urgencia para evitar apagones, un mecanismo de protección que resulta extremadamente caro.
Falta de transparencia en los costes de Red Eléctrica
El Observatorio del Coste de los Servicios de Operación ha sido puesto en marcha el pasado mes de abril por patronales eléctricas, comercializadoras y grupos industriales españoles, con el objetivo de hacer visible y denunciar el fuerte incremento de los costes de gestión del sistema eléctrico.
Un sistema gestionado por Red Eléctrica, perteneciente al grupo Redeia controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 20% de las acciones —por ley está obligada a mantener un mínimo del 10% y ninguna otra entidad privada puede superar el 3%—; y regulado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) bajo las directrices políticas y de estrategia energética del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), cuya titular es Sara Aagesen.
Los miembros del Observatorio también señalan falta de transparencia porque Red Eléctrica no desglosa con claridad estas partidas en sus publicaciones oficiales, lo que oculta el origen real de la subida.
Las grandes patronales se alían contra la factura oculta
En concreto, forman parte del proyecto la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), integrada por Finsa, ICL Iberia (Iberpotash), Vidrala, Verallia, QCinca (Química del Cinca), Reinosa Forgings & Castings, Xeal (Xallas Electricidad y Aleaciones), Linde Gas España, Acerinox, Air Liquide, Alcoa, Arcelor Mittal, Asturiana de Zinc, Atlantic Cooper, Deretil, Carburo del Cinca, Bondalti, Ercros, Ferroglobe, Sidenor, GrafTech Ibérica, Celsa, Grupo Gallardo Balboa, Megasa, Messer, Nippon Sanso (antes Nippon Gases), Resonac, Siderúrgica Sevillana, Carburos Metálicos y Tubos Reunidos.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a las grandes patronales sectoriales: Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (proveedores de automoción) y la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid).
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), formada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP España; la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), formada por Acciona Energía, Engie España, Feníe Energía, Factor Energía, Alpiq, CHC Energía y MasOrange Energía; y la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (Acenel), que reúne a más de 50 comercializadoras independientes.
También se han sumado a la iniciativa la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme); y Consumes, una confederación que reúne a siete asociaciones autonómicas de nuestro país: las uniones de consumidores de Castilla y León, de Aragón, de Catalunya, de Cantabria, de la Comunitat Valenciana, de Euskadi y de Galicia.
