Ante diputados, embajadores y representantes del tejido empresarial e innovador, el dirigente defendió que la norma debe convertirse en el “tablero de juego de este nuevo mundo” y obligará a definir una estrategia industrial cada seis años, identificando ecosistemas prioritarios y retos transversales como país. “La industria nos obliga a nosotros y a quienes estén en el Gobierno a determinar qué sectores ampliados y qué desafíos estratégicos asumimos”, explicó.
García Brustenga enmarcó la futura ley en un contexto internacional “muy interesante, con riesgos y oportunidades”, marcado por la inestabilidad geopolítica y el avance de posiciones más proteccionistas. A su juicio, España y Europa no deben limitarse a reaccionar. “Si somos reactivos, si copiamos lo que hace otro, ya es mucho. Lo que queremos es asegurar la producción de ciertas tecnologías y productos críticos”, afirmó, vinculando esa autonomía a la defensa de “los valores, los derechos, la democracia y nuestro estado de bienestar”.
En este sentido, advirtió de que Europa no puede seguir siendo “el mercado donde todo entra sin exigir lo mismo que hacen el resto”, aunque llamó a evitar “despertar la bestia del proteccionismo y la guerra comercial, que nos irá mal a todos”. Defendió así “buscar el camino del medio”, combinando apertura y protección estratégica en sectores especialmente vulnerables.
El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga también situó la defensa y la inversión asociada al objetivo del 2% del PIB como un vector clave para el desarrollo tecnológico. “Para conseguir este 2% necesitamos que todo el mundo que tenga capacidades de contribuir, contribuya”, señaló, subrayando el efecto tractor de las tecnologías de doble uso y su impacto en la I+D.
Durante su intervención, hizo referencia a su reciente viaje institucional a China, donde constató que el país asiático combina tres dimensiones: una balanza comercial a equilibrar, un mercado de enorme tamaño con tecnología avanzada —especialmente en vehículo eléctrico— y una capacidad industrial “inigualable”. “Estamos unos cuantos años por detrás en esta nueva tecnología”, admitió, en referencia al coche eléctrico y la robótica.
En clave nacional, destacó proyectos vinculados a la cadena de valor de la automoción y las baterías, con iniciativas industriales en Barcelona, Zaragoza y Sevilla, y la implicación de compañías como Stellantis en la transformación del sector. A su juicio, el reto pasa por reforzar desde la extracción de materias primas hasta el refino y la fabricación de componentes, en un momento en el que Europa debate cómo garantizar el acceso a recursos críticos.
García Brustenga defendió que España está “intuyendo el cambio de modelo productivo”, apoyado en los fondos europeos y en instrumentos como el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que este año ha movilizado 180 millones de euros. Recordó que el presupuesto del Ministerio se ha multiplicado por cinco con el Plan de Recuperación y que ahora comienza “el tiempo de la ejecución y del impacto”.
También puso en valor el impulso al ecosistema emprendedor, recordando su implicación en la ley de startups y señalando que España ha alcanzado ya las 2.000 empresas certificadas como emergentes, con base tecnológica y potencial de escalabilidad.
En relación con Estados Unidos, consideró que la reciente incertidumbre arancelaria es “una mala noticia” porque el sector económico “pide certidumbre”, aunque defendió mantener la confianza en un aliado estratégico. “Esto es la confianza básica. Esto es nuestro aliado, esto no se puede perder”, afirmó.
El acto concluyó con un llamamiento a la moderación y al consenso político. “Desde el disenso somos capaces de dialogar y encontrar un canal común suficiente para avanzar como país”, sostuvo. Un mensaje que enlaza con su principal aspiración: convertir la nueva Ley de Industria en el marco estable que guíe la política industrial española en los próximos años, pese a reconocer abiertamente la dificultad parlamentaria de lograrlo.
