La innovación protegida en España avanza en cifras récord, pero sigue sin traducirse plenamente en impacto económico y social. Esa fue la principal conclusión de la mesa redonda celebrada en el Congreso Nacional de Industria, donde expertos del ámbito académico, institucional y empresarial alertaron de la persistente brecha entre la generación de conocimiento y su llegada efectiva al mercado, especialmente en lo que respecta a la explotación de patentes.
El punto de partida del debate fue la presentación de un estudio sobre mercados de patentes y transferencia tecnológica a cargo de Antonio Hidalgo, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Hidalgo subrayó que, aunque España ha mejorado su rendimiento en innovación protegida, “la distribución de las patentes refleja todavía un desequilibrio estructural entre el sector público y el privado”. Según los datos del estudio, el 65% de las patentes tienen como titular a empresas, frente a un 25% en manos de universidades y un 10% perteneciente a entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro.
El análisis, realizado sobre datos de los últimos años, confirma además una correlación significativa entre la inversión en I+D y la titularidad de patentes, en línea con el porcentaje del PIB que cada sector destina a investigación. “Este patrón se mantiene de forma consistente en 2022, 2023 y 2024”, explicó Hidalgo, quien destacó como un dato positivo que el 76% de las organizaciones reconocen contar ya con una política específica de gestión de la propiedad industrial integrada en su estrategia.
Sin embargo, el estudio revela profundas diferencias cuando se analizan los motivos para patentar y, sobre todo, la forma de explotar esos activos. En el ámbito empresarial, la protección frente a imitaciones, el refuerzo del poder de negociación y la defensa de la posición competitiva aparecen como razones prioritarias. En cambio, en universidades y organismos públicos de investigación pesan más factores como la mejora del currículum investigador o la captación de financiación externa, una divergencia que, en palabras de Hidalgo, “marca también la forma en que se concibe la transferencia”.
Las dificultades son compartidas, pero no idénticas. Empresas, universidades y entidades públicas coinciden en señalar los elevados costes, la burocracia y los largos plazos de tramitación como los principales obstáculos para patentar. No obstante, el sector público añade un problema adicional: la falta de personal especializado en gestión de propiedad industrial.
Donde la brecha se hace más visible es en la transferencia externa. Mientras que en el sector público la propensión a licenciar patentes alcanza entre el 80% y el 85%, en las empresas sigue siendo muy reducida, con mayor inclinación a la licencia en las compañías de menor tamaño. “Las grandes empresas tienden a explotar internamente sus patentes, mientras que las pequeñas confían más en la licencia como vía de valorización”, señaló Hidalgo.
A esta diferencia se suma el tipo de instrumentos utilizados. Las empresas apuestan mayoritariamente por licencias exclusivas, mientras que las universidades son prácticamente las únicas que contemplan en algún momento la cesión o venta directa de la patente. En ambos casos, el principal freno es la dificultad para encontrar socios interesados, aunque a partir de ahí los problemas divergen: las empresas señalan el desconocimiento de los mecanismos de transferencia y la complejidad contractual, mientras que el sector público destaca las dificultades de acceso al mercado y la fijación de precios.
En cuanto a la explotación directa, las empresas muestran una mayor propensión y mejores tasas de éxito. El 64% explota directamente sus patentes, con una tasa de éxito de entre el 40% y el 50%, frente a cifras sensiblemente inferiores en universidades y organismos públicos. “En el ámbito empresarial, el principal factor de fracaso es la falta de interés comercial, mientras que en el sector público pesa más la dificultad para encontrar socios y comercializar la tecnología”, resumió el catedrático.
El diagnóstico del estudio sirvió de base para un debate más amplio sobre el estado de la innovación protegida en España. En ese contexto, se recordó que la inversión nacional en I+D creció cerca de un 7% en 2024, el mejor dato de la serie histórica, y que las solicitudes de patentes nacionales aumentaron un 13%. Aun así, España sigue por debajo del 2% del PIB en inversión en I+D y mantiene una brecha significativa con los países de su entorno.
Desde la perspectiva del sector público, Ana Castro, vicepresidenta de Innovación y Transferencia del CSIC, defendió que la protección del conocimiento forma parte del “ADN” de la institución. “La misión del CSIC es convertir el conocimiento en valor y en impacto económico y social, y para eso la transferencia no es un complemento, es un instrumento clave”, afirmó. Castro destacó que el CSIC ha licenciado más de 430 tecnologías y ha impulsado una cartera de más de 120 empresas de base tecnológica con una tasa de supervivencia superior al 82%, resultados que, a su juicio, “no serían posibles sin una estrategia clara de propiedad industrial”.
No obstante, reconoció que el salto de la ciencia al mercado sigue siendo uno de los grandes retos. “La clave está en recoger el testigo justo donde la ciencia lo deja, con instrumentos, incentivos y financiación adaptados a cada etapa del camino”, señaló, apuntando a iniciativas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a programas del CDTI orientados a reforzar los ecosistemas de innovación y la colaboración territorial.
Desde el ámbito empresarial, Ismael Igartua, socio fundador y director de Galbaian, puso el foco en la cultura de la propiedad industrial. “Las empresas saben que necesitan innovar para diferenciarse, pero existe una desconexión preocupante entre la innovación y su protección”, advirtió. A su juicio, las patentes siguen viéndose con recelo o como un mero mecanismo defensivo, cuando deberían ser “una herramienta estratégica para construir y proteger la propuesta de valor”.
Igartua fue especialmente crítico con una visión reduccionista de la estrategia de propiedad industrial. “No es tener un presupuesto para patentes y reaccionar cuando suena la flauta. La estrategia tiene que estar alineada con la estrategia empresarial”, afirmó, reclamando una mayor profesionalización de la gestión de estos activos dentro de las compañías. “Innovamos bien, pero protegemos mal, y eso nos resta impacto y rentabilidad”, resumió.
El debate concluyó con un mensaje compartido por los ponentes: la necesidad de un cambio cultural profundo. Formación, colaboración temprana entre ciencia e industria y una visión de la innovación protegida como palanca de competitividad, y no solo de defensa, se perfilan como elementos clave para que las patentes españolas no solo crezcan en número, sino también en valor. “No es cierto que esté todo inventado”, se insistió desde la mesa. “Se sigue inventando, pero hay que saber qué proteger, cómo hacerlo y, sobre todo, cómo llevarlo al mercado”.
