Durante los últimos años, en España se viene repitiendo que el cambio de modelo productivo es una prioridad estratégica para los diferentes gobiernos. La Comisión Europea recomienda que la industria tenga un peso del 20% del PIB, cosa que esta no solo lejos de alcanzarse sino que cada año retrocede un poco más, hemos pasado de cerca del 20% a finales del siglo XX a rozar el 15% con los datos del INE en 2024.
Este mantra sobre la reindustrialización, la apuesta por la industria y la necesidad de una industria fuerte, no se compadece con las políticas reales. Si se analizan los datos de ejecución presupuestaria publicados por la IGAE del Ministerio de Hacienda, la industria continúa sin ocupar el lugar central que debería en la política económica y posiblemente social, del país.
Mientras países como Alemania, Italia o Francia han reforzado su política industrial con marcos normativos estables y ejecución elevada de fondos estratégicos, España continúa atrapada en un modelo de servicios, y con una baja tasa de inversión real, esto genera incertidumbre y retrasa decisiones de inversión privada, especialmente en sectores intensivos en capital.
Un mismo ministerio, dos prioridades muy distintas
La segregación del gasto dentro del Ministerio de Industria y Turismo arroja un dato revelador. El área de Turismo presenta una ejecución cercana al 45 % mientras que el área estrictamente industrial se queda poco por encima del 15%. Esta diferencia no es menor, no es coyuntural e indica, de facto, qué actividades se consideran prioritarias cuando llega el momento de convertir el presupuesto en acción real, qué programas se priorizan y qué políticas son más “cómodas” de ejecutar.
Desde una perspectiva de política industrial, el mensaje que se traslada al ciudadano y a los diferentes actores de la industria (patronales, asociaciones empresariales, inversores, y también a los actores sociales como los sindicatos de la industria) puede resultarles evidente; incluso dentro del ministerio que debería liderar la transformación industrial y productiva en momentos de cambios disruptivos tecnológicos, energéticos y medioambientales, la industria parece relegada a un segundo plano.
Ejecución presupuestaria: el verdadero termómetro de la política industrial
El presupuesto aprobado es importante, pero lo decisivo, sin duda, es su ejecución. En 2025, otros ministerios relacionados con la economía y actividad del país muestran niveles de ejecución más sólidos. Defensa supera el 80%, Transportes ronda el 70%, Agricultura se sitúa por encima del 70%.
En este contexto, una ejecución industrial inferior al 20% puede constituir una anomalía estratégica, especialmente en un momento marcado por la reindustrialización en Europa, la transición energética y la necesidad de reforzar la autonomía productiva y estratégica, elemento que por ejemplo se ve claramente en la partida presupuestaria en Defensa y su ejecución real, sin dejar de lado la situación geoestratégica que vive el planeta que debería hacer pensar en qué apuestas son las más acertadas en un momento sin duda histórico.
No se trata de falta de recursos. El crédito existe. Los fondos están. Lo que falta es una estrategia industrial clara, operativa y ejecutable, siendo conscientes de que hay proyectos que su gasto se dilata en los años y eso se nota en una ejecución menor porcentualmente, pero que en estos tiempos de fondos Perte, de cambios en la movilidad, de tremendas transiciones en las empresas tecnológicas, del auto y de la industria en general, que la ejecución de las partidas de Industria en el Ministerio de Industria y Turismo sean tan bajas debería ser una señal clara de alarma.
Turismo sí, industria a remolque, una elección con consecuencias
El turismo es un sector clave para la economía española y sin duda es bueno apostar porque siga siendo así. Pero es también un sector con limitaciones estructurales conocidas: elevada estacionalidad, menor productividad media y una estructura laboral más frágil y en ocasiones precaria.
La industria, en cambio, es el sector que concentra mayor inversión en I+D, genera empleo más estable, sostiene salarios más altos, actúa como ancla de cadenas de valor complejas y transforma social y territorialmente.
Que el gasto público se ejecute con mayor facilidad en turismo que en industria no es neutral desde el punto de vista económico y laboral. Refuerza un modelo productivo intensivo en servicios y debilita la base industrial necesaria para competir en un entorno global cada vez más exigente.
Una política industrial sin ley, no hay luz al final del túnel
Esta debilidad presupuestaria tiene una explicación de fondo: España sigue sin una ley de industria moderna. La Ley de Industria actual data de 1992, año en el que se enviaba el primer SMS entre dos teléfonos móviles en el planeta.
El proyecto anunciado, actualmente en trámite parlamentario, continúa sin materializarse y los datos de ejecución parecen reflejar esa ausencia de marco estratégico. La situación política del país, entrando en un nuevo ciclo electoral de vértigo, no hace pensar que la tan deseada (por algunos) Ley de Industria vaya a ver la luz en los próximos meses.
Sin una ley de industria moderna y eficaz no se definen sectores estratégicos prioritarios, no se establecen criterios estables de apoyo público, no se vinculan ayudas a compromisos industriales y laborales y no se ofrece certidumbre a empresas e inversores.
El resultado es un presupuesto industrial que existe sobre el papel, pero que no se traduce en capacidad productiva real.
Transición ecológica y digital. El riesgo de una oportunidad perdida
La transición energética y digital ofrece una oportunidad histórica para reforzar la industria española. Esto se respalda en una geografía apta para las energías alternativas, alta capacidad de generación de biocombustibles, una industria ferroviaria puntera, en ser uno de los mayores fabricantes de automóviles de Europa, país líder en la industria de defensa comunitaria y una fuerte industria naval, también en el viento, sol y mar como palancas de transformación.
Merece la pena observar también que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) es ejecutor en más del 50% de su presupuesto y crédito para el año en curso. Este elemento debería ser un dinamizador del impulso de la industria al permitir energía a coste más competitivo y que permite descarbonizar, sobre todo, la industria alto consumidora de energía.
Pero los datos de ejecución industrial de 2025 sugieren que estos inputs ventajosos no se están aprovechando plenamente. Una ejecución bastante inferior al 20% implica retrasos, proyectos que no despegan y fondos que no llegan a la economía real, a las empresas, a las pymes que son más del 90% de nuestras empresas. El riesgo es evidente: España puede acabar importando tecnología y exportando empleo industrial, en lugar de construir capacidades propias.
Para un país que aspira a liderar sectores como la movilidad sostenible, las energías renovables o la industria avanzada, este desfase presupuestario debería ser, de nuevo, un síntoma preocupante.
Industria, empleo y cohesión social
Desde una perspectiva laboral, la industria sigue siendo el pilar del empleo de calidad. Donde hay industria, hay formación, negociación colectiva estructurada y mayor estabilidad laboral. Donde la industria se debilita, aumentan la precariedad y la fragmentación del empleo y la destrucción de territorios enteros, agravando las consecuencias de lo que se conoce como la “España vaciada”.
La baja ejecución del gasto industrial en 2025 no es solo un problema económico, sino también social. Afecta a la calidad del empleo, a la cohesión territorial y a la capacidad del país para ofrecer oportunidades estables a las nuevas generaciones.
El presupuesto como declaración de intenciones
Los presupuestos públicos reflejan prioridades reales. Ejecutar cerca del 45 % del gasto en turismo y menos del 20% en industria equivale a una declaración implícita (o no tan implícita) del modelo productivo.
Si España quiere avanzar hacia una economía más resiliente, innovadora y competitiva, la situación debería cambiar: la industria no puede seguir siendo la partida que menos ejecuta.
De la retórica a la acción
El debate sobre el modelo productivo no se resuelve con planes estratégicos ni con discursos bien intencionados. Se resuelve con ejecución presupuestaria, con marcos normativos claros y con una apuesta sostenida por la industria, con propuestas rotundas, con consensos políticos de largo recorrido, ya que esto “no va de este año”, que lleven a una Ley de Industria absolutamente necesaria.
Los datos de la IGAE correspondientes a 2025 muestran que esa apuesta sigue siendo insuficiente. Corregir este desequilibrio no es una opción ideológica, sino una necesidad económica y laboral.
Sin industria las transformaciones productiva, económica, energética, medioambiental y tecnológica serán una vez más aparcadas y las consecuencias las sufrirán las siguientes generaciones.
