Lejos de la imagen de vertido controlado, este fenómeno se manifiesta en escombreras ilegales junto a polígonos industriales, bidones de productos químicos abandonados en cunetas, purines que desbordan balsas o el dramático y recurrente «boom» de los vertidos de plásticos agrícolas. Es la economía sumergida del desecho, un negocio lucrativo que externaliza sus costes al medio ambiente y a la sociedad.
Los puntos de vertido clandestinos se hallan habitualmente en zonas de fácil acceso por carretera y con escasa vigilancia como cunetas de caminos, puntos colindantes a polígonos industriales, en el extrarradio de las ciudades, en áreas poco frecuentadas de campo, cerca de bosques, ríos… A veces son esparcidos por los caminos, pero, si la práctica es reiterada, se depositan en pequeños montículos de forma piramidal y rectangular abarcando grandes extensiones.
Los más frecuentes son los residuos de construcción y demolición (RCD), que no solo alteran el paisaje, sino que también aumentan el riesgo de incendio, el derrumbe del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas. Dada su naturaleza incontrolada, pueden provocar un grave daño para la salud humana y medioambiental en el caso de contener materiales peligrosos como el amianto.
El volumen del problema: cientos de miles de toneladas
¿Cuál es el volumen del problema? El último dato consolidado y publicado por el Miteco corresponde al año 2022 y publicado en 2024 afirma que en España se generaron 110,1 millones de toneladas de residuos al año. De esta cantidad masiva, la gran pregunta es: ¿dónde terminaron? La mayoría son contabilizadas en algún circuito de gestión oficial (reciclaje, compostaje, incineración o vertedero controlado).
Sin embargo, no existe una cifra nacional exacta y fiable sobre cuántas toneladas “desaparecen” cada año en España y acaban en vertederos ilegales; lo que sí existen son casos documentados y estimaciones parciales que permiten fijar mínimos demostrados y rangos plausibles, pero la magnitud real es una verdadera incógnita. Esta «masa desaparecida» de residuos es la que, muy probablemente, acaba en gran parte en vertidos incontrolados, quemas ilegales o gestionadas por circuitos clandestinos.
Las operaciones policiales e informes recientes han sacado a la luz redes que mueven decenas de miles de toneladas. Una investigación relacionada con Europol hablaba de al menos 35.000 toneladas de eliminación ilegal de residuos peligrosos identificados en una operación concreta. Investigaciones periodísticas y detenciones han señalado episodios de más 100.000 toneladas por año.
Con estos antecedentes, la cantidad mínima demostrada de residuos ilegales oscila entre las 50.000 toneladas y las 150.000 al año, pero el rango real más plausible se situaría entre las 300.000 toneladas y el millón. Esta cifra suena enorme, pero en comparación con la magnitud de los residuos generados sólo significaría el 1% del total.
El vertido ilegal está infravalorado: hay multitud de vertederos no declarados, “micro-vertedores” (abandonos puntuales), y fraudes con documentación que no siempre se detectan. Estudios y artículos académicos señalan que España podría tener centenares o incluso miles de vertederos ilegales: así, una referencia habla de más de 1.500 focos; otra, del hallazgo de al menos 195 vertederos persistentes señalados por la Comisión Europea. Además, ciertos flujos, como residuos de construcción y demolición, plásticos, envases, residuos peligrosos, son los más afectados por el fraude y el vertido clandestino.
¿Qué se tira ilegalmente? Perfil de los residuos
El Miteco no desglosa explícitamente en su informe general qué tipos de residuos son los más vertidos de forma irregular. Sin embargo, cruzando sus datos con los informes del Seprona y de las nueve confederaciones hidrográficas (Cantábrico, Duero, Ebro, Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Miño-Sil, Segura, y Tajo) se puede establecer una tipología clara:
- Residuos de construcción y demolición (RCD): Son, con diferencia, los reyes del vertido ilegal. Representan alrededor del 40% de los residuos especiales generados. Se estima que una parte sustancial de los ellos (hormigón, cerámicas, materiales de obra) acaba en escombreras clandestinas situadas en descampados o cunetas. Su gestión legal tiene un importante coste, y la tentación de abaratar obras mediante el vertido incontrolado es muy alta.
- Vehículos al final de su vida útil (VFU) y neumáticos fuera de uso (NFU): Miles de coches y neumáticos son abandonados cada año en entornos naturales y urbanos, a pesar de contar con sistemas de gestión específicos.
- Residuos agrícolas y ganaderos: El abandono y quema incontrolada en el campo de plásticos de Invernadero y acolchado es un problema crónico en zonas como Andalucía, Murcia y Canarias. Otro residuo muy abundante en los entornos rurales son los purines, un material orgánico compuesto por las deyecciones de los cerdos, restos de comida y agua de lavado. Los excedentes de estiércol líquido de las macrogranjas, especialmente en zonas como Cataluña, Aragón y Castilla y León, generan una presión enorme, y su aplicación descontrolada en el suelo constituye un vertido difuso masivo que contamina acuíferos.
- Residuos industriales no peligrosos: Chatarras, embalajes, lodos, etc., que las empresas gestionan de forma incorrecta para evitar costes.
- Residuos peligrosos: Aunque en menor volumen, su impacto es máximo. El Seprona detecta continuamente vertidos de aceites industriales, disolventes, pinturas o amianto. Estos residuos requieren un tratamiento caro y especializado, lo que fomenta su abandono por parte de gestores no autorizados.
Los datos de actividad son un buen termómetro del problema. Según los datos ofrecidos por la Jefatura del Seprona, al menos en 2021 se registraron 19.313 denuncias por vertidos y residuos en España. Estas cifras demuestran la intensa actividad delictiva y el esfuerzo continuo por parte de las fuerzas de seguridad para perseguirla.
El mapa de la vergüenza: los puntos negros de España
Aunque la administración no siempre facilita una cartografía unificada y pública, los informes de Seprona, de organizaciones como OCU y Ecologistas en Acción y de diversas confederaciones hidrográficas permiten trazar un mapa de los principales puntos negros.
- El Mar Menor (Región de Murcia): Sin duda, el epicentro mediático y ecológico de la crisis por vertidos irregulares. Durante décadas, la filtración de nitratos de origen agrícola (la agricultura intensiva de regadío) a través del acuífero cuaternario ha causado varios episodios de eutrofización, convirtiendo la laguna salada en una sopa verde y provocando mortandades masivas de peces y fauna. Es el vertido difuso más devastador de Europa.
- Cinturón industrial de Huelva: La Ría de Huelva es el histórico receptor de vertidos de la industria química y petroquímica. Aunque los derrames directos se han controlado más, la contaminación histórica acumulada en los sedimentos y la posibilidad de filtraciones desde balsas abandonadas la mantienen en la lista roja.
- L’Alcúdia y la Ribera Alta (Comunidad Valenciana): estas dos comarcas valencianas poseen una alta concentración de industrias, especialmente textil y cerámica. Son frecuentes los vertidos incontrolados de aguas con metales pesados, colorantes y otros productos químicos que acaban en barrancos y, eventualmente, en el río Júcar.
- Galicia y los vertidos ganaderos: La intensificación de la ganadería porcina y vacuna ha generado un grave problema con los purines. El exceso de estiércol líquido, rico en nitrógeno y fósforo, se aplica en cantidades que el suelo no puede absorber, contaminando acuíferos y contribuyendo a la eutrofización de ríos como el río Miño. La eutrofización es un proceso de contaminación del agua causado por el exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo.
- Vertidos de plásticos agrícolas (Andalucía, Región de Murcia, Canarias): El uso masivo de plásticos para invernaderos y acolchados genera miles de toneladas de residuos difíciles de gestionar. Su quema o abandono en el campo libera microplásticos y sustancias tóxicas, contaminando el suelo durante décadas.
- Vertidos en caminos rurales y descampados (por toda España): Es la forma más visible y común. Escombros de obras menores, muebles viejos, electrodomésticos (RAEE) y envases de fitosanitarios son abandonados de noche en caminos rurales y descampados, pero también en las proximidades de polígonos industriales. Es el vertedero low-cost para particulares y pequeñas empresas sin escrúpulos.
Estos comportamientos se están convirtiendo en un hábito pernicioso, «en algo que no tiene fin», admite a industry TALKS la presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid, Esther Alía.
La situación es «sangrante» en Humanes de Madrid, declara Alía, quien considera que el vertido de residuos se debe a dos razones: la primera es que este municipio madrileño no tiene punto limpio (fijo), aunque posee nada menos que 42 polígonos industriales. Eso contraviene el artículo 29 de la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid que estipula que todos los municipios de la región de más de 1.000 habitantes deberán disponer de al menos un punto limpio. El segundo motivo, y eso es extensible a todos los municipios no solo de la Comunidad de Madrid sino de toda España, radica en que la nueva legislación ha encarecido el traslado a vertedero de los desechos y en general la gestión del residuo. Antes pagaban 500-600 euros para que un camión grande retirara cada tres meses la basura amontonada (colchones, madera, aceites de coche, escombros); ahora, el mismo servicio les cuesta 1.500 euros y lo tienen que hacer cada mes.
¿Cuál es la solución? Para Alía, el remedio pasa por una mayor vigilancia de la policía municipal, «que no puede estar en todos los puntos a la vez». Poner cámaras de seguridad «sería un adelanto bastante grande», estima. Esa medida se ha implementado en Valdemoro, un municipio que hace un año tenía un problema muy parecido al de Humanes. Esas cámaras han detectado muchos vertidos por lo que han podido realizar las oportunas denuncias, erradicando casi más del 70%, según los datos que maneja la presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid. Las cámaras tienen una indudable carga coercitiva pues abren la puerta a las denuncias y a las consecuentes sanciones. «No es lo mismo pagar 100 euros por deja unos cubos de pintura o unos escombros, que pagar 2.000 euros, que es la sanción mínima por hacer un vertido ilegal», considera Alía.
Alía propone que la recaudación de las multas retorne a los ayuntamientos y a los polígonos y empresas que han contribuido, poniendo cámaras, a la vigilancia y el control de los infractores. Eso no está contemplado en la normativa actual y, por tanto, necesitaría el oportuno encaje legal. En todo caso, lo mejor es reducir el vertido para que, en buena lógica, se reduzca la tasa de basuras, estima. Elía adelanta que el colectivo de polígonos industriales madrileños que ella preside tiene previsto organizar, el 13 de noviembre, una jornada donde se podrá este asunto sobre la mesa, entre otros.
El laberinto competencial: ¿quién pone orden?
La lucha contra los vertidos irregulares actúa a través de un complejo entramado de competencias entre las distintas entidades públicas que a menudo dificulta una acción rápida y coordinada. A nivel nacional, la Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), establece la legislación básica recogida en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El Seprona, el cuerpo de la Guardia Civil encargado de la protección de la naturaleza, es la pieza clave en la vigilancia, investigación y denuncia de delitos ambientales en todo el territorio nacional.
A nivel regional, las comunidades autónomas tienen las competencias transferidas por el Estado en materia de gestión de residuos y protección del medio ambiente. Son las responsables de elaborar y ejecutar planes de residuos; conceder autorizaciones para vertidos de aguas residuales industriales; inspeccionar instalaciones; y gestionar los permisos para los productores de residuos peligrosos.
A nivel local, los ayuntamientos gestionan los residuos urbanos y son los primeros responsables de perseguir los vertidos incontrolados en solares urbanos o vías públicas.
Esta distribución a tres niveles genera, en ocasiones, un «efecto ping-pong» donde las administraciones se culpan unas a otras de inacción o escasa gestión.
Más allá de estas denuncias mutuas, las CCAA han puesto en marcha diversas estrategias, con distinto grado de éxito. Estas son algunas de ellas:
- Castellón y la cerámica: La Comunidad Valenciana ha impulsado en Castellón una red de estaciones depuradoras específicas para los lodos y aguas residuales de la industria cerámica (EDAR), que están reduciendo drásticamente los vertidos ilegales al mar.
- Andalucía y el plan de inspección: La Junta de Andalucía cuenta con el Plan de Inspección Ambiental, que prioriza sectores con alto riesgo de vertidos, como el químico, el agroalimentario o el de la gestión de residuos.
- Galicia y los purines: El Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia (Priga) busca un equilibrio entre la capacidad agronómica del suelo y la carga ganadera, promoviendo la gestión conjunta de purines y su valorización como fertilizante en zonas deficitarias.
- Cataluña y la economía circular: El programa de actuación para la prevención y el control de los vertidos (Precat20) se enmarca en la Hoja de Ruta de la Economía Circular en Cataluña, que incentiva la reutilización de aguas regeneradas y la minimización de residuos en origen.
- Región de Murcia y el Mar Menor: A pesar de la gravedad, las medidas, incluida la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, de 2020, han llegado tarde y su aplicación ha sido controvertida y lenta, mostrando la dificultad de revertir un problema estructural y de gobernanza.
Guía para empresas: cómo realizar bien los vertidos
Para una empresa, la ignorancia no exime de la responsabilidad. Y las sanciones por vertidos irregulares pueden ser muy elevadas y conllevar incluso penas de cárcel (hasta cinco años de prisión en el más grave de los casos). En primer lugar, es aconsejable minimizar los desperdicios en origen, dado que la mejor opción es no generar residuos, implementando sistemas de producción más limpia para reducir el consumo de agua y materias primas.
El siguiente paso es identificar y caracterizar el residuo: ¿Es peligroso? ¿Es industrial? ¿Es asimilable a un entorno urbano? Cada categoría no solo tiene un tratamiento distinto sino también un régimen jurídico diferente. Si se trata de aguas residuales y se vierten a un cauce público o al mar, se necesita autorización de la Confederación Hidrográfica (si es competencia del Estado) o de la comunidad autónoma. Si se vierten a la red de alcantarillado municipal, se necesita autorización del ayuntamiento, que suele establecer límites de vertido, especialmente la concentración de metales y los niveles de pH (acidez-alcalinidad) y de DQO (materia orgánica). La autorización municipal necesita un informe previo preceptivo, vinculante y positivo de la comunidad autónoma. Si se tratara de residuos sólidos y/o peligrosos, el productor -la industria- debe almacenarlos correctamente y contratar los servicios de un gestor autorizado que disponga de la licencia oprtuna para trabajar con ese tipo de residuo. Es obligatorio solicitar y conservar el Documento de Identificación (DID) y el documento de aceptación del gestor.
En consecuencia, los interlocutores válidos son las comunidades autónomas; normalmente sus consejerías de Medio Ambiente tienen servicios de información al empresario y publican guías y listados de gestores autorizados. Además de las confederaciones hidrográficas, para todo lo relacionado con vertidos al dominio público hidráulico (ríos, lagos, aguas subterráneas), y de los ayuntamientos, para vertidos a la red de alcantarillado y gestión de residuos asimilables a urbano, las Cámaras de Comercio e Industria y las organizaciones empresariales suelen ofrecen servicios de asesoramiento y jornadas formativas sobre cumplimiento ambiental.
La necesidad de un cambio de paradigma
«La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular se aplica poco tanto en materia de vertidos ilegales como en Responsabilidad Ampliada del Productor debido a la escasez de recursos, la complejidad administrativa, la falta de concienciación y la insuficiente capacidad de control y sanción. La transición hacia la economía circular requiere cambios estructurales que las administraciones, empresas y ciudadanos encuentran difíciles de asumir y financiar, lo que se traduce en un incumplimiento generalizado de los objetivos establecidos», opina César Puerta, técnico en tareas medioambientales en el Ayuntamiento de Valdemoro durante más de 25 años.
Erradicar los vertidos irregulares requiere un enfoque múltiple. En primer lugar, es preciso hacer más y mejores inspecciones, reforzando el número de efectivos autonómicos y del Seprona. La tecnología, por otro lado, se convierte en un gran aliado para frenar estos abusos. Drones, sensores remotos y análisis de macrodatos sirven para detectar puntos negros; sistemas electrónicos de seguimiento ofrecen trazabilidad de los desechos, impidiendo su «desaparición».
En este sentido es fundamental aplicar la Responsabilidad Ampliada del Productor que obliga a las empresas que ponen productos en el mercado (plásticos, pilas, aceites) a financiar y organizar su recogida y reciclaje. Finalmente, las campañas de sensibilización que conciencien a ciudadanos y empresas, y que faciliten la denuncia anónima son instrumentos eficaces para combatir estas prácticas clandestinas.
Los vertidos irregulares no son un mal menor; son un delito ambiental que hipoteca el futuro. Combatirlos no es solo una cuestión de normativa, sino de voluntad política, medios y un cambio cultural que priorice la salud del planeta sobre el beneficio rápido y sucio.
