En este contexto, el papel del Gobierno de España y de la Unión Europea ha sido determinante para empujar a la industria hacia una nueva etapa marcada por la digitalización, la transición ecológica y la colaboración público-privada.
Desde el año 2021, los PERTE —Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica— se han consolidado como una de las principales herramientas del Ejecutivo para canalizar inversiones públicas y privadas hacia sectores clave de la economía. Estos proyectos, que nacieron como parte del plan nacional para gestionar los fondos europeos de recuperación, están concebidos para fomentar la innovación mediante la cooperación entre administraciones, grandes empresas, pymes, centros tecnológicos y universidades. Se trata de una apuesta estructural por transformar el modelo productivo y orientarlo hacia un futuro más competitivo y sostenible.
Uno de los primeros y más sonados fue el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que ha supuesto una inversión pública superior a los 4.000 millones de euros. Este proyecto no solo busca convertir a España en un hub de referencia en la movilidad eléctrica, sino también generar empleos cualificados y fomentar la relocalización industrial. A él se suman otras iniciativas de gran calado, como el PERTE de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, que pretende hacer de nuestro país un actor clave en la transición energética europea. No menos ambicioso es el PERTE de descarbonización industrial, dotado con más de 3.100 millones de euros y centrado en reducir la huella de carbono del tejido productivo. Por su parte, el PERTE Chip, con una inversión prevista de 12.000 millones, sitúa a España en la carrera internacional por la fabricación de semiconductores, un sector estratégico en la era digital.
La fuerza tractora de estas políticas se apoya, a su vez, en una inyección de financiación sin precedentes: los fondos Next Generation EU. España es uno de los principales receptores de estas ayudas, que se articulan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los más de 77.000 millones de euros asignados en transferencias directas, una parte muy significativa se ha orientado a la modernización industrial. La prioridad es clara: avanzar hacia un modelo económico digital, ecológico e inclusivo.
Gracias a estos fondos, muchas empresas han podido modernizar sus procesos, digitalizar fábricas, adoptar tecnologías limpias o lanzar proyectos colaborativos de innovación. Además, el plan incluye programas específicos para la formación de trabajadores, con el objetivo de que la transformación industrial no deje atrás a las personas. Esta perspectiva humana y social de la innovación es, según el Gobierno, uno de los pilares del nuevo modelo productivo.
Josep Aracil, presidente de la Comisión de I+D+i de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha señalado que “el mecanismo MRR ha permitido acelerar la innovación en España, aunque de una forma no homogénea. El kit digital, por ejemplo, ha impactado en un tercio de las microempresas españolas, mientras que los PERTE han marcado un avance importante en la aceleración de ámbitos estratégicos, aunque su desarrollo ha sido desigual. En este sentido, cabe destacar que donde menos impacto ha habido es en las medianas y pequeñas empresas. A nivel de ejecución se ha visto que las agencias públicas han podido ejecutar sus presupuestos asignados”.
No obstante, no todo ha sido fácil. A pesar del entusiasmo inicial, diversos sectores han expresado su preocupación por los retrasos en la ejecución de los fondos y por la complejidad burocrática que, en ocasiones, dificulta el acceso de pequeñas y medianas empresas. La lentitud en la llegada de las ayudas y la falta de una ventanilla única eficaz han sido señaladas como barreras que es necesario resolver para no desperdiciar una oportunidad histórica.
La transformación industrial impulsada por el Gobierno y la UE va mucho más allá de una modernización técnica: es también una declaración de intenciones sobre el papel que España quiere jugar en el futuro económico europeo. En un mundo cada vez más competitivo, donde los países que lideran la innovación marcan el ritmo del crecimiento global, la apuesta por una industria moderna, digital y verde es más urgente que nunca.
En el Día Mundial de la Innovación resulta evidente que la industria española no camina sola en su proceso de reinvención. Está acompañada por una política pública que, con sus aciertos y desafíos, ha colocado a la innovación en el centro de la agenda nacional. La oportunidad es enorme y, si se gestiona con eficacia, puede convertir a España en un referente europeo en la industria del siglo XXI.
