¿Qué le parece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno? ¿Qué aspectos le parecen más positivos y más negativos? El Plan aprobado por la Unión Europea contempla la obligación de aplicar una serie de reformas económicas como condición para que a España se le concedan las subvenciones y los créditos asignados. ¿Dónde hay que poner el acento? ¿Dónde son necesarias esas reformas? ¿Dónde no?
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseña una estrategia para movilizar 140.000 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos ya no solo de recuperación económica, sino de reconstrucción hacia un necesario cambio de modelo productivo que genere más y mejores empleos y salarios y que revitalice los servicios públicos que la crisis pandémica ha demostrado, como ya eran y algunos no veían, esenciales, como la sanidad y la educación.
Además, estos fondos deben destinarse a impulsar la industria y a transformar nuestra economía hacia la nueva realidad tecnológica en la que estamos inmersos, con la implementación de la agenda digital española, el despliegue del 5G y las infraestructuras necesarias para mejorar la conectividad.
A nosotros nadie nos ha dicho, ni desde el Gobierno ni desde Europa, que estos fondos tengan una contraprestación en materia de reformas económicas, ni estén condicionados a las mismas, más allá de que el montante vaya destinado a la transición verde y digital y en línea con las recomendaciones de la Agenda 2030. Para UGT, sería inasumible que la ayuda de Europa viniera de la mano de más recortes en el empleo, en los salarios o en las pensiones, y se hiciese recaer todo el peso de la recuperación sobre los hombros de las personas trabajadoras, de nuevo. Si queremos salir de esta crisis, debemos hacerlo sin dejar a nadie atrás.
Dicho esto, el plan muestra ejes muy positivos, como la transformación económica justa en clave verde; la conversión de España en una primera potencia en la generación de energías renovables; la digitalización de nuestra economía y sociedad; la necesaria preocupación por el desequilibrio territorial y el abandono que sufren extensas poblaciones y ámbitos; la superación de la brecha de género, etc. Igualmente importante es la llamada al sector privado a su imprescindible colaboración que se cuantifica en más de 300.000 millones de euros.
El Plan es esperanzador, pone los faros a largo, intenta ir más allá de visiones cortoplacistas. Pero todos los aspectos positivos no pueden ocultarnos ciertas dudas. En cuanto a la creación de empleo, más allá de declaraciones bienintencionadas, el Plan solo menciona una cifra de entre 200.000 a 300.000 empleos de calidad derivados de la transformación económica verde, pero no hay evaluación alguna respecto a la significación en el empleo de los demás contenidos del Plan. Se echa de menos una mayor atención en este aspecto.
Igualmente, hay otras cuestiones que me preocupan, la ausencia de referencia a sectores estratégicos, su salvaguarda e impulso y la identificación de mecanismos para su protección. La no mención de los sistemas financieros públicos o privados – la banca – en el texto, cuando son protagonistas necesarios del esquema económico. Y, sobre todo, las ambiguas reflexiones acerca de las nuevas políticas para dinamizar el mercado de trabajo que no contienen una dirección clara que haga frente a la situación de fraude generalizado actual. Por último, no menos importante, no se advierte una apuesta clara y rotunda por un sistema fiscal justo y redistributivo que pueda asumir las necesidades de gasto que el Plan conlleva, más allá de ciertas referencias tecnocráticas.
¿Qué papel van a jugar las organizaciones sindicales en el mecanismo de aplicación de este Plan?
Para UGT, es condición necesaria que los proyectos que presenten las empresas en relación a los fondos de reconstrucción sean planes que cuenten con la participación de los sindicatos en las empresas y sectores.
En primer lugar, a la hora del diseño y distribución de estos fondos, ya que nosotros conocemos la realidad productiva de este país y las necesidades que se han generado a partir de la crisis del coronavirus. Y, en segundo lugar, a la hora de la gestión de estos planes. No veríamos nada lógico que las empresas recibieran subvenciones millonarias del Estado y que lo pueden hacer sin contar con ese consenso social, con la participación de los sindicatos, a la hora de gestionarlos en los sectores o centros de trabajo. Debe haber un control por parte de las organizaciones sindicales, además de las empresas.
Por ello, reclamamos que se desarrollen ya las Mesas de Diálogo Social para que podamos dar cierre a las dudas y centrarnos en el desarrollo de aquellas medidas que el país necesita imperiosamente.
Dicho esto, desde UGT llevamos tiempo reclamando que el Estado debe intentar no solo subvencionar a las empresas, sino adquirir presencia en importantes sectores productivos de nuestro país. No hay por qué regalar a las empresas estos recursos. Se debería convenir en qué sectores es más necesaria la presencia de la Administración Pública en los consejos de administración de esas empresas para así preservar nuestra economía a la hora de futuras crisis. No es algo atípico en Europa, lo hacen países como Alemania o Francia también.
La pandemia ha dejado patentes nuestras carencias en el sector público e industrial y ahora tenemos la oportunidad de hacer un nuevo país y debemos invertir en para lograrlo.
Usted ha reclamado consenso social a la hora de destinar los fondos de reconstrucción de la UE en las empresas. También ha citado otros dos principios: equilibrio territorial y que no sirvan para despedir. ¿Cree que se van a respetar estos tres puntos?
Los fondos de reconstrucción tienen que servir, como su propio nombre indica, para reconstruir un país. Todo el país lo ha pasado muy mal durante el último año. Muchos sectores se han visto afectados por la pandemia. Desde nuestra posición, hemos tejido una red de protección social para sostener la economía, las empresas y las personas trabajadoras.
Por ello, resulta imprescindible que estos fondos vayan destinados a reconstruir sectores muy golpeados durante esta crisis, como es la industria, y a generar el necesario cambio de modelo productivo que necesita nuestro país. Un modelo que se destine a más industria, energía, innovación, tecnología, digitalización, formación y una economía más verde, productiva, eficiente y socialmente justa.
Además, las empresas tienen que tener claro que estos fondos, que van a suponer un impulso económico a diez años vista para muchas de ellas, no deben servir para ajustar plantilla y provocar despidos. Desde UGT vamos a estar muy vigilantes ante estas prácticas, con el objetivo de que muchas empresas no se aprovechen de estas ayudas solo para llenar su cuenta de resultados, sino que se revierta en beneficio de la empresa y las personas trabajadoras.
UGT ha logrado muchos avances para proteger a las personas durante este último año, pero no podemos estar satisfechos porque aún hay cientos de miles de personas que viven bajo los umbrales de pobreza y exclusión social. Tenemos que pensar en esas personas que no tienen nada. Cuando se aprobó la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los sindicatos lo dijimos. Es una ley que es positiva si no hay crisis, pero no sirve para atender la pandemia. Debemos convertirla en un medio para acabar con las colas de la vergüenza que hemos día tras día. Esto nos ayudaría a avanzar más en el sendero de no dejar a nadie en el camino.
¿Qué consecuencias tienen para los trabajadores el desarrollo y la aplicación de la robotización y de la Inteligencia Artificial en la industria?
La robotización ha llegado para quedarse. La nueva realidad productiva pasa necesariamente por la introducción y el desarrollo de la automatización y la tecnología en la empresa. La industria siempre ha sido proclive a los nuevos cambios en materia productiva; siempre ha sido tractor de la realidad productiva del país.
En este sentido, la digitalización y el desarrollo tecnológico lleva tiempo implantado en nuestras fábricas, en nuestras centrales energéticas. Y resulta imprescindible que todos los beneficios que genera esta nueva realidad productiva repercutan también en los trabajadores, no solo en el bolsillo del empresario.
No es de recibo que una empresa introduzca máquinas para aumentar sus beneficios, despida a los trabajadores y luego no reparta esos beneficios. Los robots tienen que cotizar y ayudar a impulsar el tejido social, económico y productivo de nuestro país.
Por todo ello, UGT lleva años reclamando la jornada laboral de 32 horas semanales. Cuatro días a la semana de trabajo y uno de formación. La formación en competencias digitales resulta fundamental en una economía basada en la digitalización, nuestros trabajadores y trabajadoras están faltos de esa formación y nuestro país se está quedando atrás en competencias digitales en relación a los países europeos. Hay que atajar esa brecha digital para poder impulsar nuestro tejido productivo y recuperarnos con garantías ante la nueva realidad económica.
Para nosotros, es imprescindible la participación de los sindicatos en esta transición, que debe ser justa, eficiente y no dejar a nadie atrás.
