El acuerdo entorno a los fondos Next Generation EU ha cambiado radicalmente cómo la Unión Europea reacciona ante las crisis económicas. Nunca antes la UE puso tal cantidad de fondos al servicio de la recuperación económica de los estados miembros. Con esta decisión, Europa busca, no sólo encontrar una salida a la crisis si no que, en un sentido más ambicioso, pretende asegurar que seguiremos siendo uno de los actores principales en la economía mundial. Por su importancia, es evidente que uno de los sectores que mayores oportunidades tiene de aprovechar estos fondos es el sector industrial.
Un sector industrial sólido es esencial para cualquier economía. Por muchas veces que se repita, esta afirmación no pierde vigencia: la industria invierte en I+D y tecnología, genera empleos estables y cualificados, produce bienes para la exportación y mantiene altas tasas de productividad. Por todo ello, deberán ser nuestras industrias uno de los principales beneficiarios de los fondos europeos.
En total, España tiene la opción de acceder a 140.000 millones (de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido) de los fondos Next Generation EU. Con esta cuantía, es el segundo país más beneficiado de este fondo por detrás de Italia. Los países recibirán un anticipo del 13% del total asignado en 2021 y luego irán recibiendo el resto en función de los avances y resultados obtenidos.
Se ha discutido mucho sobre la condicionalidad de los fondos, pero la realidad es que nadie da dinero sin motivo. La entrega de los fondos está sometida a una serie de condiciones que debemos respetar y que es necesario que nuestras empresas industriales conozcan y tengan en cuenta.
Uno de los primeros requisitos que hay que conocer es que el 37% de los fondos que reciban los Estados han de destinarse a proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos comunitarios en la lucha contra el cambio climático. Además, al menos un 20% de los fondos, han de invertirse en proyectos relacionados con la transición digital.
Teniendo en cuenta estas exigencias, las empresas deben incorporar en sus planes de actuación, si quieren que sean financiados con los fondos europeos, aspectos como la economía circular y competencias digitales. Tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis y explotación de datos, o la producción 4.0. deben ser parte integral de los proyectos. Asimismo, mejorar la formación de los trabajadores en estas áreas contribuirá sin duda a hacer los proyectos más competitivos.
La otra cara de la moneda es que estos fondos hay que devolverlos; Europa no es un cajero automático. Hablamos mucho de la recepción de fondos, pero poco de cómo estamos endeudando a futuras generaciones. Estas transferencias se financiarán con deuda emitida por la Unión que tendrá que ser devuelta en el futuro (entre 2027 y 2038 se tendrán que devolver unos 12.000 millones al año). Y para esto Europa tiene dos opciones: elevar la contribución anual de cada país al presupuesto europeo o generar nuevos recursos propios en el seno de la Unión para que sean esos nuevos ingresos los que devuelvan esa deuda común. Hablamos del impuesto digital, el impuesto al plástico no reciclado, permisos de emisiones contaminantes o el denominado mecanismo de ajuste en frontera para evitar la fuga de carbono y la deslocalización de nuestra industria, que la Comisión empieza a diseñar ahora para que sea efectivo en 2023.
En España, los fondos se articularán a través de tres líneas: 1) Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). 2) Subvenciones y 3) licitaciones públicas de contratación. De estas opciones de participación en los fondos, la más novedosa es la de los PERTEs, que deberán cumplir ciertas exigencias: Son proyectos que han de contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y deberán tener un importante carácter innovador o aportar un alto valor añadido. Además, tienen que contar con un importante volumen de inversión y contribuir de forma clara y significativa a los objetivos marcados en los fondos Next Generation EU y el plan nacional español. Todo ello cumpliendo la normativa de ayudas de estado y en concurrencia competitiva.
Pues bien, a pesar de que el marco general está claro, están mucho menos definidos los detalles por parte de la administración española de cómo acceder a estos fondos. De hecho, los pasos que se están dando son manifiestamente mejorables. Hay dos ejemplos de esto. En primer lugar, las críticas del Consejo de Estado al decreto de ayudas nos alertan sobre la necesidad de evitar la arbitrariedad (el dedazo) en la asignación de los fondos. En segundo lugar, el anuncio del primer PERTE sin que se haya realizado que se conozca un procedimiento administrativo abierto y competitivo es algo que debería preocuparnos porque establece una forma de operar poco transparente. Y esto no es bueno aunque se trate de un proyecto de un interés estratégico indudable como el de una fábrica de pilas de combustible.
Next Generation EU abre fantásticas oportunidades que tenemos que aprovechar para modernizar y lanzar hacia el futuro a nuestras industrias. Sería muy conveniente que el Gobierno hiciera un esfuerzo de transparencia para que todas las empresas puedan competir por recibir los fondos en condiciones de igualdad y asegurar que las pymes van a formar parte de esta ecuación. Esta es la única forma para garantizar que son los mejores proyectos los que reciben financiación y que éstos serán la base para tener una industria española competitiva en los próximos veinte años.
