En cuanto a los socios comunitarios han aprobado remitir al Parlamento Europeo una batería de expedientes que incluyen la revisión de la Directiva de comercio de derechos de emisión, del Reglamento de reparto de esfuerzos entre los estados miembros, del Reglamento sobre las emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por el uso de la tierra, y del Reglamento de estándares de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros, entre otros.
Asimismo, los estados abogan por eliminar gradualmente la asignación gratuita de derechos a los operadores aéreos y a los sectores sujetos al Mecanismo de Ajuste en Frontera. Igualmente, introducen mejoras en el mecanismo de control de precios del mercado de derechos de emisión para evitar variaciones extremas. Y también abogan por extender el régimen de comercio de emisiones al transporte marítimo, evitando las fugas de carbono a puertos de terceros países.
Además, es relevante la inclusión del transporte terrestre y de la edificación en el comercio de CO2. Para que estos dos sectores no tengan un impacto social indeseado, este objetivo se consigue con el nuevo Fondo Social para el Clima, que aportará una sólida cobertura a los hogares vulnerables, las pymes y los usuarios de transporte en zonas rurales y remotas sin acceso a transporte público.
En lo relativo a las emisiones del sector del transporte representan una parte muy relevante del total de GEI en la UE y el Consejo Europeo ha propuesto una revisión de los estándares de emisiones para turismos y furgonetas, de modo que a partir de 2035 sólo puedan matricularse vehículos de este tipo que no emitan CO2 al circular.
Finalmente, se han aprobado nuevos objetivos de absorciones netas de CO2 para 2030 y se reconoce la especial situación de los países más amenazados por el cambio climático, junto con un mecanismo de flexibilidad para paliar los impactos del calentamiento sobre los sumideros de carbono.
