Una encuesta reciente realizada por ANAIP revela un dato preocupante: el 70% de las empresas del sector tienen serias dificultades para saber si sus productos están sujetos a este impuesto. Esta falta de claridad normativa no es un detalle menor. Estamos ante un problema estructural que cuestiona la efectividad del tributo, introduce inseguridad jurídica y genera una carga desproporcionada para las empresas que contribuyen, especialmente las pequeñas y medianas, que son el 98% del tejido empresarial del sector.
La falta de previsión y acompañamiento institucional ha derivado en una situación insostenible. Muchas compañías no disponen de los recursos técnicos ni humanos para afrontar las exigencias fiscales. Contratar especialistas, adaptar sistemas informáticos, gestionar declaraciones y certificados: todo ello supone costes adicionales que muchas pymes no pueden asumir. La consecuencia es clara: pérdida de tiempo, de recursos y, sobre todo, de competitividad. Solo el primer año de aplicación del impuesto (2023) el sector ha sufrido una caída de cifra de negocio superior a 2.000 millones de euros, aproximadamente un 10% de la facturación total del sector. Y detectamos que, desde la publicación de la nueva Ley de residuos con la medida del impuesto, las importaciones de transformados plásticos han aumentado en más de 1.000 millones de euros.
Desde ANAIP llevamos tiempo alertando de las consecuencias de este tributo. No solo estamos ante una carga fiscal mal diseñada y desproporcionada, sino también ante una medida que se ha implantado de forma aislada, sin armonización en el seno de la Unión Europea. ¿Cómo podemos competir en igualdad de condiciones si nuestros fabricantes deben soportar un sobrecoste debido a la aplicación del impuesto, mientras en otros países europeos no existe este gravamen?
La situación se vuelve aún más injusta cuando las exportaciones se ven penalizadas por no poder recuperar el impuesto en determinados supuestos, a pesar de acreditar la salida del producto del país. Es un sinsentido que castiga la actividad internacional de nuestras empresas y erosiona su capacidad de crecer.
A todo esto se suma una burocracia asfixiante, que resta tiempo a la verdadera labor industrial: producir, innovar y generar empleo. Algunas empresas han detectado además inconsistencias en la documentación relativa al contenido reciclado, lo que abre la puerta a un trato desigual entre fabricantes y socava la confianza en el sistema.
El impacto económico ya se deja sentir. Cuatro de cada diez empresas del sector han asumido un gasto superior a los 50.000 euros desde 2023 como consecuencia del impuesto, y el 69% prevé pagar más de 30.000 euros a Hacienda solo en 2025. Los sectores más afectados son el de envases y embalajes, construcción, agricultura y química, todos ellos estratégicos para la economía nacional.
Desde ANAIP seguimos reclamando claridad normativa, equidad fiscal y armonización europea. Nuestro sector quiere formar parte de la solución a los desafíos medioambientales, pero necesita reglas claras, justas y viables. No podemos permitir que una medida concebida para proteger el medioambiente termine destruyendo una parte fundamental del tejido industrial como es el sector de la transformación de plásticos. España debe de construir una política fiscal que impulse la sostenibilidad sin poner en riesgo el futuro de su industria.
