No podía ser de otra manera. Sindicatos y organizaciones patronales dieron la bienvenida a una oferta que se hizo pública, no casualmente, en el marco del Congreso de los Diputados y más concretamente durante la comparecencia del ministro ante la Comisión de Industria y Turismo.
Así, desde el sindicato UGT-FICA celebraron las palabras de Hereu, “porque es lo que venimos reivindicando no solo en los últimos meses y años sino históricamente” y pusieron en valor las herramientas existentes y “propicias” para conseguir esa meta, como los PERTEs.
Tras insistir en que otro mecanismo debe ser la nueva Ley de Industria, las fuentes sindicales consultadas por industry TALKS destacaron la disposición del Gobierno de favorecer el diálogo con el resto de las fuerzas políticas y fundamentalmente con el principal partido de la oposición para alcanzar una Pacto de Estado por la Industria. En este sentido, consideraron que “el actual contexto de transformación y geopolítico nos ofrece una oportunidad histórica de alcanzar estos objetivos. Hay dinero. Hay conciencia política y ciudadana”.
“Nosotros -añadieron desde UGT-FICA-, junto a la Federación de Industria de Comisiones Obreras, mantendremos una estrategia para favorecer eso y hacerlo llegar a las fuerzas políticas, a los trabajadores y a la ciudadanía en general”.
El sindicato subrayó que el Partido Popular “debería ser generoso con los intereses del Estado español” y aceptar la propuesta de consenso, “sacando a la industria, por interés común, del contexto de confrontación política”.
El propio Ministerio reiteró a este medio de comunicación que el pacto “es el mejor camino para lograr este objetivo prioritario para el futuro de España”.
Por otro lado, Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, comentó a este diario digital que “la política industrial puede y debe generar un amplio consenso político”.
Desde la Alianza por la Competitividad de la Industria, entidad que agrupa a nueve patronales sectoriales -automóvil (ANFAC y SERNAUTO), productos petrolíferos (AOP), papel (ASPAPEL), química (FEIQUE), alimentación (FIAB), cemento (Oficemen), minera (Primigea) y siderurgia (UNESID)-, creen necesario que el Gobierno proponga, y los grupos políticos respalden la inmediata aprobación de un paquete de medidas potenciadoras de la inversión industrial. “Como dice el proverbio chino: Un viaje de mil millas comienza con un solo paso”, concluyó Reinoso.
Nadie discute que el Pacto de Estado por la Industria debe implicar el consenso de todas las fuerzas políticas presentes en la Cortes Generales. Nadie pone en duda que el Partido Popular debe recoger el guante que ha lanzado Hereu. ¿Pero será eso suficiente? ¿Está la pelota en el tejado del PP? No del todo.
El Pacto de Estado por la Industria tiene que ser ambicioso y atender a un compromiso no solo entre los partidos políticos del arco parlamentario sino también entre las distintas administraciones que tienen competencias en la materia.
La industria es una competencia que está compartida entre el Estado, que mantiene importantes responsabilidades, especialmente algunas que afectan a la regulación y otros sectores fundamentales para el desarrollo de la industria; y las comunidades autónomas que tienen competencias recogidas en sus respectivos Estatutos y muy importantes, como la seguridad industrial, las políticas de suelo, los temas relativos a la formación y a la investigación, la promoción exterior y la conexión con aspectos clave como la energía y las relaciones laborales, entre otras.
Por lo tanto, lo ideal es que se elabore y firme un Pacto de Estado con el mayor número posible de participantes, que vaya más allá del Congreso de los Diputados y se extienda hasta las administraciones regionales, desde las que tienen una actividad industrial importante como son los casos de País Vasco o Cataluña, hasta las que están menos industrializadas como Extremadura, sin dejar atrás a las corporaciones municipales. Esa circunstancia integradora favorecerá la tan necesaria cohesión territorial.
Y a esa dinámica de diálogo también tienen que sumarse, por supuesto, las asociaciones sectoriales como genuinos representantes del tejido industrial español, aportando sus contribuciones para solucionar los retos que afrontamos.
Con esas premisas se puede forjar un pacto estratégico, estable y duradero que favorezca el crecimiento económico y el desarrollo social.
