Los cambios previstos pueden tener repercusiones tanto prácticas como legales para el sector de la construcción, incluyendo la probable implantación de pasaportes digitales de los productos, así como la provisión de datos ambientales basados en análisis de ciclo de vida.
“La revisión del RPC busca que el sector de la construcción contribuya a la transición digital y ecológica y que se mejore la eficiencia en la cadena de valor”, afirma Aitor Aragón, responsable de Construcción sostenible y BIM de UNE, uno de los participantes en el consorcio.
En una primera etapa, será necesario decidir la futura infraestructura de datos que permita alcanzar los objetivos, para lo cual crear una base de datos de para los productos de construcción es fundamental para el mercado único y para Estados miembros. Se busca conseguir que todas las partes interesadas del sector en las distintas zonas geográficas empleen mecanismos comunes y normalizados para los datos de los productos de construcción.
“Debemos comprender y definir cómo deben estructurarse, compartirse y gestionarse los datos de los productos a entre distintas industrias. El motivo por el que no se ha logrado todavía es la naturaleza fragmentada del sector de la construcción y su complejidad. El impulso dado por el Pacto Verde Europeo y la necesidad de digitalización nos permitirán alcanzar el siguiente nivel”, afirma Lars Chr. Fredenlund, Director General de la empresa tecnológica noruega Cobuilder.
El objetivo principal del proyecto es realizar un estudio de viabilidad sobre cinco opciones, definidas por la Comisión Europea, para crear un sistema europeo que almacene los datos de los productos de construcción. El proyecto se inició el pasado 5 de octubre, mediante una reunión con la Comisión Europea. Tecnalia, centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, es el coordinador del consorcio. “El estudio evaluará las combinaciones de soluciones centralizadas y descentralizadas, analizando los pros y los contras desde el punto de vista tecnológico y desde la
perspectiva de las distintas partes interesadas, como la Comisión de la UE, los fabricantes, las autoridades de vigilancia del mercado y los usuarios de la información”, explica Amaia Castelruiz Aguirre, investigadora principal de Tecnalia.
