El alcance de las ayudas para las pymes está dependiendo de varios factores. De hecho, los problemas de acceso, distribución, sostenibilidad a largo plazo, desigualdades territoriales y falta de coordinación están limitando su efectividad.
Muchas pymes españolas, especialmente las más pequeñas o aquellas ubicadas en zonas rurales o menos desarrolladas, enfrentan dificultades para acceder a los fondos Next Generation EU. Los trámites burocráticos y la complejidad de las convocatorias pueden ser un obstáculo para empresas con menos recursos o experiencia en gestión de subvenciones. Además, la falta de información clara y accesible sobre cómo solicitar estos fondos ha dejado a algunas pymes fuera del proceso.
En ocasiones, la falta de coordinación entre las administraciones públicas (gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos) ha ralentizado la implementación de los fondos, lo que afecta a las pymes que dependen de estos recursos financieros.
Costes energéticos e inflación
Por otro lado, las pymes españolas están enfrentando desafíos como el aumento de los costes energéticos, la inflación y la necesidad de adaptarse rápidamente a la digitalización. Aunque los fondos están ayudando, muchas empresas consideran que las ayudas no cubren todas sus necesidades, especialmente en un entorno económico tan volátil como el actual.
También es reseñable que los fondos europeos diseñados para combatir los efectos de la pandemia tienen fecha de caducidad. El plazo para ejecutar tanto las transferencias como los préstamos finaliza el 31 de diciembre de 2026. Es decir, están pensados para proyectos a corto y medio plazo, pero las pymes necesitan un apoyo continuo para mantener su competitividad. Existe, por consiguiente, una lógica preocupación sobre qué pasará una vez que se rebase ese plazo, ya que muchas empresas necesitarán inversiones adicionales para consolidar los cambios iniciados, muchos de ellos sistémicos.
En España, además, las diferencias entre comunidades autónomas son significativas y en este sentido algunas regiones con menor capacidad administrativa o infraestructura tecnológica están teniendo más dificultades para aprovechar los fondos. Esto ha generado un desequilibrio en la distribución de los recursos, dejando a algunas zonas y pymes en franca desventaja.
Con estas premisas como telón de fondo, un grupo de expertos intervino recientemente en una mesa redonda titulada «El futuro de las pymes: desafíos globales, decisiones locales” celebrada en la sede del periódico digital ElDiario.es, donde abordaron no solo los fondos Next Generation sino también los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), que sirven para transformar a las pymes españolas impulsando su competitividad y su crecimiento. La sesión fue moderada por la periodista de la sección de Economía de eldiario.es, Cristina Bolinches
El primero en intervenir entre los invitados fue Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), quien recordó que el comienzo de las ayudas de los fondos europeos allá por 2020 que se generaron después de la grave crisis económica consecuencia de la pandemia supuso una captación tremenda de dinero, nada menos que 750.000 millones de euros que pretendían y pretenden ayudar a los países miembros de la Unión Europea (UE) dieran un paso adelante desde distintos puntos de vista.
Hablamos de la digitalización, Pacto Verde, instrumentos de transformación del tejido productivo europeo que en el caso español -y en particular en el segmento industrial- está constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.
Según los datos que maneja Abad, más del 91% de todas las empresas españolas están formadas por trabajadores autónomos y por pymes con menos de cinco trabajadores, es decir, por microempresas. En este sentido “el tamaño y la cantidad son importantes”.
El objeto fundamental de estos fondos ha sido transformar los negocios. Los de las ayudas FEDER han apuntado más a la cohesión económica y territorial y han conseguido cambiar la forma de trabajar de miles de pequeños negocios para mejorar la eficacia especialmente de la gestión productiva. “En España tenemos unos muy buenos datos desde el punto de vista de la ejecución de los fondos con un 65%”, mientras que en el resto de Europa, ronda el 35%-45%, dijo Abad, quien hizo especial hincapie en la aplicación del Kit Digital, «un elemento troncal de cambio”. Esta iniciativa aún sigue funcionando y está vigente, consiguiendo que miles de empresas hayan podido generar distintas sinergias, digitalizando sus actividades económicas, el cómo del trabajo.
Los fondos europeos han servido evidentemente para hacer una cierta transformación, si bien es cierto que han sido las grandes empresas, las grandes canalizadoras y sobre todo las que más se han beneficiado de estos fondos europeos.
¿Están siendo efectivos los fondos?
María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), otra de las participantes de la mesa redonda, opinó que los fondos europeos son una historia de éxito con una evolución in crescendo que «no siempre han sido tan efectivos como ahora».
Landaburu apuntó a dos razones para explicar esa falta de eficacia: por un lado, la definición que hacía de ellos la propia Unión Europea, los objetivos que se marcaba, y las entidades económicas que podían acceder a las ayudas; y por otro, la propia gestión de los fondos, el conocimiento que se ha tenido de ellos en España. «Y de hecho, los datos ahí están, desde 1975, cuando empezaron a funcionar este tipo de ayudas de la Unión Europea, hasta cuando nos incorporamos y más adelante, el grado de ejecución dejaba mucho que desear», argumentó.
“Las dinámicas de entendimiento, de aplicación para obtenerlos, de ejecución han obligado en muchas ocasiones a devolver los fondos con las circunstancias de todos sabemos que eso supone, pues supone un enorme coste”, añadió Landaburu.
Después de la COVID el objetivo era mucho más claro que resolver, «había que dejarse tanta burocracia, había que llegar directamente al caso, recuperarse y yo creo que eso fue como una bofetada de realidad que nos apeló a todos y que a partir de ahí pues la ejecución de los fondos ha mejorado», desde luego el Kit Digital, subrayó. “Para las microempresas ha sido una historia de éxito, lo que no quiere decir que no tengamos cosas que mejorar que son muchas», enfatizó Landaburu.
La representante de la UATAE lanzó la idea de que estos fondos tienen objetivos claros que también son sociales, feministas y dirigidos a las personas con mayores dificultades. «Y yo creo que es ahí donde tenemos que incidir todos para que lleguen a los más necesitados».
Cogiendo el guante, Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), admitió que en su sector, el agrario, evidentemente, la historia de aplicación de los fondos europeos es una historia de éxito. «No podríamos conocer, ni reconocer un sector agrario como lo tenemos hoy, moderno, pujante, que hace que sea una de las principales potencias a nivel europeo en el sector alimentario, sin la ayuda, sin la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea», dijo.
El sector agrario se beneficia especialmente de los dos pilares de la Política Agraria Común (PAC): las ayudas directas y a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Pero, ¿qué hay que mejorar en esa aplicación de los fondos europeos?, se preguntó Cano. “Se deben corregir los criterios de aplicación de esas ayudas. No puede ser que la PAC sea una fuente de desigualdad”.
Para él el sector es muy diverso y tiene diferentes realidades. muchas tipologías de explotación, “pero lo que más abunda y que sustenta el modelo agrario en España y en Europa son las explotaciones familiares. Para eso nos falta una aplicación de la ayuda con unos criterios de mucha más justicia social, para que el gran monto de la ayuda no vaya a las grandes explotaciones, a las grandes agroindustrias, a los grandes fondos de inversión que se están metiendo cada vez más en la alimentación porque al final se trata de un valor seguro, de una rentabilidad segura”.
La propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE, que abarcará el período 2028-2034, presentada el 16 de julio de 2025, introduce mejoras para que la distribución de los fondos de la PAC sea más justa, como la limitación de las ayudas por hectárea en favor de los agricultores que más las necesitan.
El propio comisario de Agricultura, Christophe Hansen, en su última publicación de la visión de la agricultura y la alimentación, precisamente ya centraba que la aplicación de las ayudas tiene que ir a quien más lo necesita, que son esas explotaciones pequeñas y medianas, a las que les cuesta llegar a cuadrar su cuenta de resultados. Cabo abogó por “medidas como los techos más altos de ayuda, el pago redistributivo, la ayuda asociada a los sectores más vulnerables”.
Los fondos FEDER, añadió el invitado, han servido, por ejemplo, para mejorar también las infraestructuras del medio rural tan necesarias. Hablamos de vías de comunicación (accesos), y de herramientas de digitalización.
Pilar Roch, directora general de AMETIC, coincidió con Cano y Landaburu en destacar que los fondos europeos son una historia de éxito, “aunque en proceso” y que necesita “muchas áreas de mejora”. Han estado y están muy bien enfocados, valoró, en digitalización, transición energética, innovación y sostenibilidad. AMETIC es la asociación representante del sector de la industria digital en España.
“Teniendo en cuenta que la pyme es un 99,8% del entramado empresarial español, pues digitalizar la pyme significa digitalizar el país. Y estos programas tan enfocados que ha habido con objetivos de digitalización específica han tenido un resultado muy positivo”, estimó Roch. Y citó particularmente el programa del Kit Digital que ha beneficiado 460.000 empresas, que han actualizado su forma de trabajar y de funcionar, mejorando su internacionalización.
“Estos fondos se están utilizando bien, se están aplicando bien y tienen una repercusión total para estas empresas porque si no se digitalizan, si no se transforman, no van a ser capaces de crecer ni de escalar ni de competir en el corto plazo y por supuesto en el medio y en el largo”, agregó Roch en su turno de intervención.
Abad, presidente de UPTA, también declaró que la digitalización tiene otra ventaja clara: permite vivir mejor, porque hace posible trabajar menos, siendo más eficaces y, por lo tanto, más eficientes.
Poniendo casos concretos de compañías beneficiadas por los fondos europeos, la directora general de AMETIC citó Citybox, una empresa que instala buzones inteligentes para dejar mercancías, lo que ha supuesto una revolución en el mundo de la logística. O Inrobics Social Robotics, una firma que se ocupa de la asistencia y la rehabilitación sanitarias empleando robots. También destacó «la fábrica de inteligencia artificial que tenemos en el Barcelona Supercompeting Center con fondos europeos». Esta AI Factory de Barcelona es una de las siete primeras fábricas europeas de inteligencia artificial impulsadas por la Comisión Europea, cuyo objetivo es impulsar la innovación, colaboración y desarrollo en el ámbito de la IA, proporcionando acceso a infraestructura y recursos para empresas, pymes y startups.
«Esta fábrica está a disposición de las pymes españolas para que hagan sus propios desarrollos en inteligencia artificial y se adopte en sectores mucho más verticales y cercanos a la pyme y a la economía real del país», explicó Roch.
Otro ejemplo importante mencionado por ella fue «la inversión que se está haciendo en empresas de cuántica», una nueva tecnología que tiene unas expectativas de futuro y de crecimiento enormes, «donde España está muy bien posicionada». Y se refirió a Multiverse Computing, una empresa vasca fundada en 2019 que ha pasado en tan sólo cinco años de ser una prometedora startup a convertirse en el unicornio español que aspira a liderar en Europa este revolucionario campo de conocimiento, Esta firma también está financiada por fondos europeos. Y no es la única: Qilimanjaro, una spin-off de la Universidad de Barcelona.
Todas esta apuestas son fundamentales, remarcó, porque abundan en la búsqueda de la competitividad de Europa y se alinean con las líneas maestras del informe de Mario Draghi publicado en enero.
Cano, de la UPA, enumeró aplicaciones tecnológicas innovadoras pero tangibles y reales que emplean el colectivo al que representa señaló Cano, como los collares que permiten geolocalizar el rebaño y gestionarlo desde el móvil o aquella aplicación que controla el riego a un invernadero. Estos avances además de generar calidad de vida contribuyen a un uso más responsable y sostenible del agua de regadío.
Para él un caso de aplicación de los fondos es abordar el problema del relevo generacional. Y consideró que es importante que se sepa no solo en el medio rural sino también en el conjunto de la sociedad que parte de ese dinero se emplea en ayudar a aquellos jóvenes que inician su actividad agrícola o ganadera, que empiezan a echar andar su plan empresarial con garantías.
«Nuestro sector agrario en los últimos meses, en los últimos años, ha sido también un banco de pruebas para determinados discursos antieuropeos. Desde nuestra organización tenemos claro que Europa no es parte del problema, ni mucho menos, sino la solución», insistió.
«Europa es nuestra referencia. Nos da mucho más de lo que evidentemente también nos exige. Esas exigencias, además, van enfocadas a seguir produciendo como lo hacemos en nuestro país, en condiciones de seguridad alimentaria, de calidad, de sostenibilidad, y todos esos parabienes que tenemos son los que nos van a abrir las puertas de nuevos mercados emergentes cuando estamos viendo que hay otros dejan de ser socios fiables como Estados Unidos. Tememos que ver cómo seguimos siendo líderes de exportación pero haciendo las cosas como las venimos haciendo de aquí para atrás», remarcó.
Landaburu fue bastante clara e incisiva en otro momento de su parlamento. «Partimos de una realidad muy complicada. En el caso del trabajo autónomo, apenas el 21% del colectivo que está en municipios de menos de 20.000 habitantes está digitalizado. en la mayoría de los casos se trata de una digitalización estrictamente personal. Es decir, tenemos el teléfono móvil, podemos hasta ver una serie de televisión, pero no podemos gestionar nuestra actividad. Tenemos una brecha importante en términos regionales porque el 60% de la digitalización está en dos comunidades autónomas: Madrid y Cataluña», estimó.
«Estamos solo en el inicio -continuó-. No tenemos que decaer. Tenemos que seguir focalizando en la diferencia territorial, en la diferencia en función del género pues casualmente las mujeres tienen una presencia grande también en los sectores que menos digitalización tienen. Creo que eso socialmente es insostenible y los fondos tienen que servir también para eso». Landaburu abogó por la cooperación, la solidaridad, el trabajo conjunto y por estructuras propias españolas si es posible.
Después de animar a las pymes a digitalizarse porque es una gran oportunidad de acceder a un mercado internacional que les puede cambiar la vida, Roch, de AMETIC, admitió que las dificultades son muchas. Las burocráticas existen. Es complejo, es algo para lo que se necesita tiempo y cierta formación y preparación. Tanto que a veces no merece la pena, porque la pyme y el autónomo están totalmente focalizados en su día a día. No tienen una estructura que les permita solicitar ayudas ni rellenar documentación.
Landaburu opinó que, aunque se ha mejorado mucho hasta en la formulación de los proyectos, estos siguen siendo difíciles. «De ahí que al final se aprovechen, de alguna manera, grandes empresas, grandes consultoras, grandes asesores, que ocupan un papel que podemos ocupar también las estructuras intermedias, las asociaciones, las organizaciones representativas, que lo que hacemos es la relación entre la administración y las personas», opinó. «Sigue siendo necesario hacer una reflexión en términos de la burocracia. La financiación tiene que llegar a tiempo, no unos años después, como nos ha pasado en otras ocasiones», reveló.
La reducción de la carga burocrática fue precisamente una de las principales reivindicaciones de la última movilización protagonizada por el sector agrario, recordó Cano. «Somos conscientes de que tiene que haber controles, un seguimiento, pero no puede ser que un agricultor tarde más tiempo en el seguimiento de un expediente que en producir alimentos. No tiene sentido», manifestó.
Y reivindicó también el papel «fundamental» de las organizaciones representativas en la tramitación de los expedientes, por la garantía que se le da al agricultor/ganadero de que está en manos de profesionales pero, además, por el ahorro de trabajo que eso significa para la Administración.
«Pongo un ejemplo tangible, en mi provincia, en Jaén, la UPA tramita al año 10.800 expedientes de la PAC. Si esas 10.800 personas fueran a la puerta de la Consejería de Agricultura no habría recursos para tramitar esa ayuda. No solo la tramitación sino el seguimiento». Para hacer esa labor se necesitan más recursos económicos y humanos. También abogó por la segmentación en función del tamaño de las empresas, dado que las grandes explotaciones tienen más recursos.
Abad, de UPTA, tenía la misma interpretación: «La intermediación, al final, lo es todo». Y en esta línea aseveró que «falta comunicación». «Europa necesita ser conocida y ser conocidas todas las ayudas que Europa nos brinda que nos pone encima de la mano para poder mejorar nuestro negocio». «Falta agilidad», añadió, porque Europa es un máquina muy gruesa y compleja.
El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos también introdujo otro desafío: el relevo generacional. Europa tiene un problema: el envejecimiento de su tejido productivo. «Solo en España tenemos prácticamente 500.000 autónomos que tienen más de 62 años, más de 150.000 autónomos ya tienen 66 años», informó. Eso es una asignatura pendiente, y su solución, adelantó, debe ser «elemento troncal de todas las políticas de los países europeos y de la Unión Europea».
