Durante la reunión, la Presidenta Chivite ha explicado que “la cohesión es uno de los grandes retos de esta doble transición”. Por ello, ha destacado la importancia del diálogo entre instituciones a través de “un enfoque de gobernanza multinivel donde el papel de las regiones sea tenido en cuenta, puesto que somos las más próximas a la ciudadanía para la que gobernamos y conocemos de primera mano los problemas que afectan a nuestro territorio”. “Las transformaciones en las que la industria está inmersa tienen impacto en la política industrial, el empleo, cuestiones sociales y medioambientales. Y por eso, y de manera especial para los entes locales y regionales, el desafío es de gran calado y necesitamos trabajar con apoyo a todas las escalas institucionales”, ha asegurado.
En su encuentro con Ferreira, la Presidenta Chivite ha incidido también en la importancia de que la cohesión no sólo sea territorial, sino también social y, para ello, ha considerado que hay que establecer medidas de igualdad para “no dejar a nadie atrás”, especialmente en el ámbito industrial, donde hay que potenciar el papel de la mujer en la industria como vía para acabar con la brecha salarial, que en Navarra es especialmente acusada por el peso de la industria que supone el 30% del PIB.
María Chivite ha acudido a Bruselas como representante de la Alianza de las Regiones Europeas con Industria de Automoción (ARA), una red de regiones que cuentan con un fuerte sector de la industria de automoción y sus suministros y que se verán afectadas por la transición hacia un transporte por carretera sin emisiones. La Presidenta ha trasladado a la comisaria Ferreira la disposición de la Alianza en colaborar para alcanzar una transformación digital y sostenible y le ha invitado a que participe en la ARA.
El sector automovilístico es prioritario en la Comunidad Foral, una región en la que su peso supone un 25% del PIB industrial. Al igual que en Europa, donde la industria automotriz representa el 6,1 % del total de empleo en la Unión Europea, un total de 14 millones de personas. Por ello, resulta imprescindible establecer medidas que aseguren un alto nivel de protección y seguridad ambiental, al mismo tiempo que permitan una alta competitividad y un elevado nivel de estabilidad.
En esta línea, ha planteado la necesidad de generar un Fondo de Transición Justa adecuado destinado a las regiones más afectadas por las transiciones digital y climática en el próximo marco financiero plurianual 2027-2034. “Este mecanismo debe centrarse en los procesos de transición industrial desde la perspectiva de la política de cohesión”, ha añadido.
