Las grandes empresas coinciden, o al menos eso dicen: ya no hay vuelta atrás en la carrera hacia la sostenibilidad: o somos sostenibles o no seremos. ¿Cuál es su impresión como despacho que trabaja codo con codo con muchas de ellas?
La idea de que la sostenibilidad es fundamental para el éxito a largo plazo de las empresas es de gran calado y las empresas han reconocido la importancia de adoptar prácticas sostenibles no solo por razones éticas y medioambientales, sino también como una estrategia de negocio inteligente. Ahora la sostenibilidad es una prioridad cada vez mayor en la agenda social y corporativa, y ya nadie cuestiona que la sostenibilidad puede favorecer positivamente a la reputación de la empresa, atraer a nuevos consumidores conscientes, mejorar la eficiencia operativa y, en algunos casos, generar ahorros significativos a través de la gestión responsable de recursos.
Los despachos que trabajamos estrechamente con las empresas estamos experimentando un aumento, quizá moderado con respecto a años anteriores, en la demanda de asesoramiento legal relacionado con cuestiones de sostenibilidad, desde la elaboración de políticas medioambientales hasta el cumplimiento de normativas específicas.
En definitiva, es esencial que las empresas integren la sostenibilidad en sus prácticas, y los despachos de abogados desempeñamos un papel crucial al proporcionar asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento normativo y la implementación efectiva de estrategias sostenibles.
¿Porqué ESG es importante para la estrategia fiscal de las empresas?
Los impuestos no son solo un factor de coste a corto plazo, sino también un factor de cohesión socioeconómica y creación de valor sostenible.
La consideración de los factores ESG es cada vez más importante para la estrategia fiscal de las empresas por varias razones:
En primer lugar, el legislador a nivel nacional y europeo está adoptando políticas fiscales basadas en criterios ESG: nuevas figuras impositivas en el ámbito medioambiental. Además de crear e incorporar incentivos fiscales para promover los ODS. La gestión inadecuada de los riesgos ambientales y sociales puede llevar a problemas legales y multas, lo que afecta directamente la posición fiscal de una empresa. El incumplimiento de normativas ESG puede terminar en sanciones y litigios, lo que afecta la estabilidad financiera y la percepción pública.
En segundo lugar, invertir en proyectos y prácticas sostenibles puede aumentar la accesibilidad a fuentes de financiamiento, ya que los inversores y prestamistas están cada vez más interesados en apoyar empresas con enfoques ESG sólidos. En mi opinión, las compañías deben considerar criterios ESG en la definición de la estrategia fiscal de la compañía y su perfil de riesgo fiscal, ya que algunos inversores y fondos pueden excluir empresas que no cumplen con ciertos estándares ESG de sus carteras, limitando así el acceso a capital.
Y en tercer lugar, el incremento de la exigencia de transparencia fiscal (voluntaria y obligatoria), por parte de los grupos de interés, y aparición de estándares de reporting que consideran la fiscalidad un indicador ESG a monitorizar.
Es probable que las regulaciones futuras estén más enfocadas en cuestiones ESG. Adoptar prácticas sostenibles ahora puede ayudar a las empresas a prepararse y mitigar riesgos fiscales asociados con cambios normativos.
En resumen, la integración de criterios ESG en la estrategia fiscal no solo es una cuestión de responsabilidad social corporativa, sino que también se ha vuelto fundamental para la sostenibilidad y el éxito financiero a largo plazo de las empresas en un entorno empresarial en constante evolución.
Bancos e inversores miran con lupa los informes no financieros de las compañías. ¿Hay incentivos fiscales de relevancia que acompañen en España este esfuerzo y los costes que conlleva?
Hasta enero del 2022, la normativa actual no contemplaba específicamente incentivos fiscales directos relacionados con la presentación de informes no financieros o con el cumplimiento de criterios ESG. De momento, queda mucho camino por recorrer y las empresas deben ser capaces de ir adaptando sus políticas fiscales a los principios ESG que demanda la sociedad. Hay muchas iniciativas a nivel comunitario que están avanzando a pasos agigantados y que en poco tiempo verán la luz. Esta puede ser una tarea desafiante para las empresas considerando el ritmo de los cambios regulatorios y la evolución de las expectativas de la sociedad, por lo que no hay tiempo que perder.
A pesar de la falta de incentivos fiscales específicos, las empresas pueden beneficiarse de otras formas al adoptar prácticas sostenibles y proporcionar informes no financieros. Por citar un caso: el acceso a financiación. Aunque no haya incentivos fiscales directos, las empresas con sólidos enfoques ESG pueden encontrar más fácilmente fuentes de financiación ya que algunos inversores y bancos priorizan la sostenibilidad en sus decisiones de inversión y préstamo. Ejemplo de ello, son los “bonos verdes”: obligaciones que se emiten con el principal objetivo de financiar proyectos que prevén la utilización responsable de los recursos naturales centrándose en la eficiencia energética. Adicionalmente, entre otras, las financiaciones ESG (“bonos verdes”) permiten ventajas fiscales significativas no solamente para los emisores de las obligaciones, sino también para los suscriptores, generando un win-win determinante para llevar a cabo ciertas operaciones.
Nuestro marco político-administrativo hace que en cada comunidad autónoma o ciudad se apliquen o potencien unas medidas u otras, desde estatales, a autonómicas o municipales. ¿Quiénes ofrecen más ventajas para las empresas que apuesten por el compromiso con la Agenda 2030 y en qué (social, medioambiental…)?
La promoción y el apoyo a empresas comprometidas con la Agenda 2030 pueden variar significativamente entre las diferentes comunidades autónomas y ciudades en España. La descentralización administrativa en España permite que cada región adopte medidas específicas para fomentar la sostenibilidad y el compromiso con los objetivos de la Agenda 2030. En todo caso yo creo que en esta materia debe de diseñarse una estrategia nacional común para todo el territorio, sin perjuicio de que las CCAA puedan después, dentro de este marco nacional, incentivar de manera adicional aquellas cuestiones que puedan entender como prioritarias.
¿Estos incentivos fiscales a las empresas por su impacto en los ESG están armonizados con los que disfrutan las empresas del resto de los países de nuestro entorno?
Sin duda, en el ámbito de la UE, existe cada vez de manera mas clara una estrategia de ESG común para todos los países, que debe de llevar a un diseño de los incentivos fiscales acordes con estos objetivos.
España es un país de pymes, en más del 99 por ciento de su tejido empresarial. ¿Existe un equilibrio fiscal ante esta realidad, de manera que los beneficios fiscales alcancen a todas las empresas o también habría que hacer algún esfuerzo en este sentido?
Como bien dice, España es un país de pymes y micropymes y ello exige siempre diseñar las políticas activas de manera que las misma contemplen las capacidades jurídicas, económicas y fiscales de las mismas, que distan mucho de ser las de las grandes empresas.- Necesitamos cada vez más un rediseño de la tributación y fiscalidad de la las pymes , micropymes y empresas de tipo familiar para incentivar que de manera paulatina, sin mermar ni condicionar su competitividad puedan ir adoptando estos criterios y objetivos, adaptados con realismo a su verdadera dimensión social y económica, que obviamente nada tiene que ver con la gran empresa nacional o multinacional, a la que se debe exigir un mayor esfuerzo en plazos mas exigentes.
La Ley General de Discapacidad incluye bonificaciones salariales en las contrataciones, sin embargo, aún hoy son muchas las empresas incumplidoras. ¿Cuál es la razón, según su opinión?
La inserción laboral de personas con discapacidad es un reto permanente para todos los organismos públicos y para toda la sociedad y actores económicos en su conjunto. Casi un 5% de la población en edad de trabajar presenta algún tipo de discapacidad, y esto requiere de políticas activas mas agresivas para incentivar a la contratación de trabajadores de este colectivo. Es cierto que en los últimos años se ha avanzado bastante, pero hay que seguir buscando fórmulas atractivas para el empresario, no solo en el ámbito de la subvención o bonificación, sino también en el ámbito fiscal.
Sin perjuicio de esto, también debe intensificarse la verificación del cumplimiento por parte de las Administraciones públicas para evitar tentaciones de fraude en un tema tan importante y sensible como este.
Como conclusión, ¿ser socialmente responsable tiene premio en términos de rentabilidad económica vía incentivo fiscal?
Yo diría que hoy aun no en los términos que se pretende, pero este es el objetivo del desarrollo e implementación de estas políticas y estrategias.
Queda mucho camino que recorrer, tanto a nivel de la UE como español. Estamos en el buen camino y en la correcta dirección, pero hay que ser consciente que no es ni fácil ni inmediato conseguir los ambiciosos objetivos marcados, y que hay que diseñar muchas políticas activas para incentivar la consecución de los objetivos en un plazo razonable, que no será nunca un “corto plazo”. No solo es cuestión económica o jurídica, es también una cuestión de “cultura” que hay que ir creando desde la formación y la información.
