Aunque España cuenta desde el 2010 con una legislación que obliga a las grandes corporaciones a presentar el estado de información no financiera (EINF), en los últimos años e impulsada especialmente por los reglamentos europeos, la normativa se ha ampliado a un mayor número de sociedades y da cada vez más importancia a los datos sobre los ESG, especialmente desde la entrada en vigor de la Ley 11/2018, por la que se modifica el Código de Comercio; la Ley 5/2021, que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y la reciente Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética.
A nivel comunitario, a finales del pasado año el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa, que pide una mayor transparencia a la hora de ofrecer este tipo de informes, mientras que la ONU ya señaló que el aumento de estas normativas ha pasado de afectar a 11.000 empresas a casi 50.000 en toda Europa.
Pero pese a la eclosión de la legislación en materia de sostenibilidad empresarial y de la creciente demanda social por conocer el impacto de las organizaciones, según los últimos informes elaborados por Grant Thornton, un tercio de las medianas empresas de nuestro país no informa sobre ningún aspecto relacionado con la sostenibilidad y el 47% de ellas desconoce los beneficios que reporta un estado de información no financiera. Y eso teniendo en cuenta que más del 97 % de las empresas españolas son PYMES.
Por contraposición y tal y como recoge la firma de servicios de auditoría y consultoría, un 27 % de los empresarios cree que informar en términos de sostenibilidad aumentaría la reputación de cara a sus stakeholders, mientras que un 17 % incide en que les beneficiaría al demostrar que cumplen la ley. Por otro lado, un 13 % de los directivos considera que serviría de ayuda para acceder a otros mercados y otro 13 % sostiene que contribuiría al objetivo general de alcanzar las cero emisiones, una meta muy atractiva especialmente para las empresas del sector industrial.
En este sentido, y más allá de dar cumplimiento a los requisitos legales, cada vez son más las organizaciones que apuestan por la publicación de los informes de sostenibilidad derivados de su actividad. Es el caso de Molecor, compañía española perteneciente al fondo MCH Private Equity y especializada en la fabricación de tuberías para la canalización de agua a presión. El “actual líder mundial del sector”, tal y como se define, ha presentado recientemente su EINF para “comunicar a los grupos de interés de Molecor el desempeño, los compromisos adquiridos y los planes definidos por la compañía en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG)”.
El propio Pacto Mundial de Naciones Unidas ha definido hasta diez oportunidades que benefician a las empresas que realicen un reporte de información no financiera como son la atracción de la inversión, mejorar el rendimiento y crear valor para la compañía, anticiparse a normativas nacionales e internacionales, apoyar la toma de decisiones estratégicas y responsables, analizar el desempeño en acciones sostenibles, dar respuesta a la demanda de información, crear una estrategia empresarial coherente, orientar la innovación hacia el desarrollo sostenible, aumentar la competitividad para optar a contratos públicos y promover la cultura de la sostenibilidad en la plantilla.
Y es que las acciones corporativas encauzadas en los criterios ESG (medioambiental, social y de gobernanza, por sus siglas en inglés) se han convertido en un elemento estratégico de competitividad que ayuda a las empresas a cumplir sus objetivos financieros siempre y cuando sepan cómo comunicar sus estrategias de RSC y eviten técnicas como el socialwashing o el greenwhasing, penalizadas ya por Bruselas. Inversores y financiadores los tienen en el punto de mira.
