El sistema de CAE permite monetizar los ahorros energéticos obtenidos mediante actuaciones de eficiencia. Las empresas y otras organizaciones que realizan mejoras pueden convertir esos ahorros en certificados y obtener una contraprestación económica, mientras que los sujetos obligados contribuyen así al cumplimiento de sus compromisos de ahorro.
Las cifras muestran la velocidad que ha adquirido el mecanismo. En septiembre de 2026 se habían solicitado ahorros por 12,66 TWh, asociados a 11.363 solicitudes, frente a los 4,38 TWh registrados en agosto de 2025. El avance confirma que los CAE han pasado de ser una herramienta todavía poco conocida a ocupar un lugar relevante en las estrategias de eficiencia energética.
La evolución también se aprecia en el balance anual. En 2025 se solicitaron ahorros por 5.791 GWh, frente a los 1.902 GWh de 2024. La industria fue el principal motor del sistema, con 3.304 GWh, el 57% del total de ese año. En los nueve primeros meses de 2026, el reparto sectorial reflejaba una mayor diversificación: la industria representaba el 46% de los ahorros solicitados, seguida del transporte, con el 25%; el sector residencial, con el 20%, y el terciario, con el 8%.
El Observatorio Anese también constata la implicación del sector de los servicios energéticos. El 84% de las empresas encuestadas trabajaba o estaba involucrada en el mecanismo, y el 81% participaba en el mercado primario. Entre las que todavía no lo hacían, el 97% mostraba interés en incorporarse. Además, el 71% consideraba los CAE importantes o muy importantes para su actividad, mientras que el 24% los veía indispensables para determinadas inversiones.
La expansión, por tanto, no responde únicamente al aumento de las solicitudes. También refleja el interés de las empresas por incorporar los certificados a sus modelos de negocio y por utilizarlos para mejorar la viabilidad económica de proyectos que, sin ese ingreso adicional, podrían tardar más en ejecutarse.
La industria, principal impulsora
La experiencia industrial ocupó un lugar destacado en la mesa del Congreso de Anese moderada por Alberto Sanz, de El Confidencial, con la participación de Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT; Esperanza Sánchez González, responsable de Estrategia y Política Comercial en Naturgy; Goretti Ganzo, Country Manager Industrial Boilers en Bosch; Clara González-Pedraz, responsable de la Unidad de Negocio de Energía en EQA, y Soledad Martínez, directora del Área ESG en ACERTA.
Las participantes coincidieron en que el mecanismo ha encontrado en la industria un terreno especialmente propicio. La existencia de consumos energéticos significativos y de oportunidades de mejora permite identificar actuaciones con ahorros relevantes, aunque convertir ese potencial en certificados exige preparar bien cada proyecto y documentar sus resultados.
Esperanza Sánchez González, responsable de Estrategia y Política Comercial en Naturgy, resumió el papel que ha desempeñado este ámbito: «El sector industrial realmente ha sido y está siendo todavía […] el motor del sistema».
Esa posición de liderazgo no elimina los obstáculos. La complejidad de los procedimientos, la necesidad de justificar los ahorros y la interpretación de los requisitos pueden añadir incertidumbre a proyectos que, desde el punto de vista técnico, resultan viables. Para que los CAE se integren con normalidad en las decisiones de inversión, las empresas necesitan conocer de antemano qué documentación se les exigirá, qué criterios se aplicarán y cuánto tiempo puede llevar la tramitación.
La medición es una de las piezas centrales. No basta con ejecutar una mejora y estimar que reducirá el consumo: es necesario contar con datos y evidencias que permitan demostrar el ahorro conforme a las reglas del sistema. Clara González-Pedraz, responsable de la Unidad de Negocio de Energía en EQA, incidió en la importancia de disponer de información desde el inicio: «tienes que tener sistemas de medición ya in situ para conocer realmente cómo está funcionando tu proceso y tu instalación».
La recomendación tiene consecuencias prácticas. Incorporar la medición al diseño de la actuación facilita conocer la situación de partida, seguir el comportamiento de los equipos y reunir evidencias que respalden el ahorro conseguido. Si esa preparación se deja para el final, pueden aparecer carencias difíciles de corregir y aumentar el coste de justificar el proyecto.
Soledad Martínez, directora del Área ESG en Acerta, lo planteó desde la perspectiva de la verificación: «Hay que tener la visión de que yo voy a generar un ahorro. Pero si quiero que ese ahorro sea verificable, hay que prepararlo antes».
La conclusión es que la tramitación del CAE no debería considerarse una tarea posterior a la inversión, sino un elemento que debe incorporarse a su planificación. Esa anticipación puede reducir incidencias y dar más solidez a los expedientes.
Menos trabas y criterios más homogéneos
La simplificación administrativa fue otra de las demandas centrales del debate industrial. Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT, fue directa: «Hay que simplificar». La petición no se limita a reducir documentos, sino que apunta a hacer más previsible el recorrido entre la identificación de una oportunidad de ahorro y la obtención del certificado.
En un mecanismo que reúne tecnologías, sectores y tipos de actuación muy distintos, la claridad de los criterios resulta determinante. Las empresas necesitan saber qué evidencias son válidas y cómo se interpretarán, especialmente cuando una misma actuación puede plantear dudas técnicas o documentales. Una mayor homogeneidad permitiría reducir consultas, correcciones y diferencias de interpretación.
Soledad Martínez, directora del Área ESG en Acerta, reclamó «seguir trabajando en unificar y homogeneizar el criterio». El objetivo es que la calidad de un expediente no dependa de interpretaciones dispares de requisitos que deberían aplicarse de manera consistente.
La evolución del mercado exige, además, que los procedimientos puedan acompañar el crecimiento de las solicitudes. Si aumenta el número de proyectos, una tramitación lenta o difícil de anticipar puede convertirse en un freno para promotores, empresas de servicios energéticos y clientes finales. La seguridad jurídica y la agilidad no son, por tanto, cuestiones accesorias: influyen en la disposición a invertir y en la capacidad de replicar actuaciones.
También es importante que el sistema se adapte a soluciones técnicas diversas. Goretti Ganzo, Country Manager Industrial Boilers en Bosch, recordó que «Hay soluciones híbridas». La mejora energética no siempre pasa por sustituir una tecnología por otra de forma aislada; puede combinar equipos y sistemas para responder a las necesidades de cada instalación. Reconocer esa diversidad requiere procedimientos capaces de valorar adecuadamente los ahorros sin perder rigor.
La rentabilidad depende del valor del ahorro
El atractivo económico de los CAE es otro de los factores que explican su expansión. Según el Observatorio Anese, la compensación media se situaba en torno a 134 euros por MWh de ahorro generado, equivalente al 81% del ahorro monetizado en los datos analizados. El informe también recoge referencias de precios superiores en ejercicios anteriores: alrededor de 161 euros/MWh en 2024 y un promedio similar para el mercado secundario de 2025, mientras que los precios de mercado se movían en el entorno de 115 a 140 euros/MWh.
Estas cifras deben interpretarse en función del periodo y del mercado al que corresponden. No representan un precio único garantizado para todos los proyectos: la contraprestación efectiva depende de las condiciones de cada operación y de cómo se articule la transferencia del ahorro.
En cualquier caso, el ingreso procedente de los certificados puede mejorar la rentabilidad de una actuación, acortar su periodo de retorno y facilitar decisiones de inversión. Su efecto es especialmente relevante cuando se combina con otras medidas de eficiencia o cuando ayuda a desbloquear proyectos que no se ejecutarían en las mismas condiciones económicas.
El crecimiento también obliga a cuidar el funcionamiento del mercado. La concentración de una parte importante de la actividad en los principales grupos y el aumento del número de agentes que intervienen en la cadena hacen necesario mantener reglas claras y condiciones que permitan a los distintos participantes operar con confianza. La expansión cuantitativa será más sólida si va acompañada de transparencia y previsibilidad.
El sector público, una oportunidad por desarrollar
La Administración pública puede desempeñar un papel importante tanto por el ahorro que puede conseguir en sus propios edificios e instalaciones como por su capacidad para impulsar proyectos y trasladar buenas prácticas. Sin embargo, aprovechar el mecanismo requiere conocimiento técnico, coordinación y una adecuada preparación de los contratos.
La mesa del Congreso patrocinada por Edison Next y moderada por Ramón Roca, de El Periódico de la Energía, reunió a Marta Alonso, del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en el Miterd; Joaquín Dri, especialista en CAE en Edison Next; Nora Iglesias, jefa de Producto CAE en Iberdrola, y Marc Núñez, director de Gestión de la Energía en L’Énergética.
Uno de los diagnósticos compartidos fue la necesidad de ampliar el conocimiento sobre las posibilidades del mecanismo. Marc Núñez, director de Gestión de la Energía en L’Énergética, señaló: «Falta formación, falta conocimiento dentro del sector de las muchas posibilidades que tienen los CAE».
La falta de familiaridad puede hacer que oportunidades de ahorro no lleguen a identificarse o que los proyectos no se planteen desde el principio de la manera más adecuada para aprovechar los certificados. Para las administraciones, además, la contratación pública introduce condicionantes específicos: hay que definir correctamente las actuaciones, repartir responsabilidades y establecer cómo se acreditarán y transferirán los ahorros.
Nora Iglesias, jefa de Producto CAE en Iberdrola, apuntó a la posibilidad de licitar conjuntamente las obras y la transferencia de los ahorros cuando esta última sea accesoria a la actuación. La propuesta busca integrar el mecanismo en el diseño contractual, en lugar de dejar la monetización del ahorro para una fase posterior, cuando las decisiones técnicas y administrativas ya están tomadas.
El enfoque puede ayudar a alinear los objetivos de eficiencia con las condiciones económicas de los proyectos, siempre que los pliegos definan con claridad el alcance de los trabajos, la titularidad de los ahorros y las obligaciones de cada parte. La preparación contractual es especialmente importante en actuaciones complejas o que reúnen varias medidas.
Marta Alonso, del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en el Miterd, explicó los avances vinculados a la segunda versión de la guía para las administraciones públicas. Este tipo de herramientas puede contribuir a resolver dudas recurrentes y facilitar que los organismos incorporen los CAE a sus procedimientos con mayor seguridad.
La experiencia práctica también muestra las posibilidades de combinar intervenciones. Joaquín Dri, especialista en CAE en Edison Next, expuso ejemplos en los que se integraron actuaciones sobre iluminación, climatización y gestión energética, con reducciones de consumo cercanas a la mitad en los casos referidos. Más allá de la cifra concreta, la experiencia apunta al valor de abordar los edificios de forma conjunta, en lugar de limitarse a sustituir equipos de manera aislada.
Para extender estas prácticas, las administraciones necesitan recursos técnicos, orientación sobre los procedimientos y modelos de contratación que puedan adaptarse a distintos tipos de organismo. La formación no es solo una tarea divulgativa: puede mejorar la calidad de los proyectos y evitar que las oportunidades de ahorro se pierdan por falta de preparación.
Un marco que debe seguir evolucionando
El desarrollo del sistema se produce en paralelo a la actualización de las obligaciones de ahorro y de sus instrumentos normativos. Para 2026, la obligación de ahorro energético se sitúa en 801,8 ktep, equivalentes a unos 9.325 GWh, frente a las 500 ktep de 2025. El incremento eleva la necesidad de generar ahorros acreditables y aumenta la relevancia del mecanismo para los agentes obligados.
El marco contempla, además, que los CAE puedan cubrir hasta el 92% de la obligación, frente al límite del 85% citado anteriormente. Con esa referencia, el volumen potencial asociado a los certificados podría situarse en torno a 8.579 GWh. La magnitud de estas cifras ayuda a explicar por qué el funcionamiento operativo del sistema resulta tan importante: los procedimientos deben ser capaces de responder a una demanda creciente sin comprometer la verificación de los ahorros.
El ecosistema también se ha ampliado. En julio de 2026 se contabilizaban 70 sujetos delegados, frente a los 59 anteriores, mientras que en octubre había 14 verificadores acreditados, ocho de ellos para actuaciones singulares. La actividad de los agentes especializados es clave para facilitar la identificación, preparación y validación de proyectos, aunque el crecimiento del número de participantes no elimina la necesidad de mantener criterios consistentes.
Los datos sobre la resolución de expedientes reflejan, asimismo, la importancia de la calidad documental: el 75,9% figuraba con resultado favorable, el 13,1% permanecía pendiente, el 8,3% tenía resultado desfavorable y el 2,8% correspondía a desistimientos. Estas proporciones subrayan la necesidad de preparar correctamente las solicitudes y de reducir las incidencias que pueden retrasar la obtención de los certificados.
Durante el Congreso también se abordaron las modificaciones normativas y la aplicación de los reales decretos-leyes 7/2026 y 25/2026, así como la extensión de determinados plazos hasta el 1 de marzo de 2027 para las solicitudes presentadas antes del 1 de diciembre de 2026. Estos cambios forman parte de un marco en evolución que los agentes deben seguir de cerca para planificar sus actuaciones y evitar problemas de calendario.
En ese contexto, Jacobo Llerena, subdirector general de Eficiencia y Acceso a la Energía en el Miterd, puso el foco en la necesidad de contar con datos fiables: «La medición es el primer paso». La frase resume una condición esencial para que el sistema mantenga su credibilidad: el ahorro debe poder demostrarse y no limitarse a una estimación de sus beneficios potenciales.
Del crecimiento a la consolidación
El balance del Observatorio Anese y de las mesas del Congreso apunta a una misma conclusión. Los CAE ya han adquirido una dimensión significativa y ofrecen una vía para mejorar la rentabilidad de inversiones en eficiencia, tanto en la industria como en edificios y servicios públicos. Su potencial, sin embargo, no depende únicamente de que aumente el número de solicitudes.
La siguiente etapa pasa por hacer que el mecanismo resulte más sencillo de aplicar sin rebajar las exigencias de verificación. Para ello, el sector reclama procedimientos ágiles, criterios homogéneos, mayor claridad normativa y una preparación técnica que incorpore la medición desde el diseño de los proyectos. En el ámbito público, se suma la necesidad de formación y de fórmulas de contratación que permitan integrar las obras y la transferencia de los ahorros de forma coherente.
El desafío es convertir un sistema en expansión en una herramienta previsible y accesible para más organizaciones. Si los agentes pueden anticipar los requisitos, acreditar los resultados y conocer con mayor certeza los plazos, los CAE estarán en mejores condiciones de impulsar nuevas inversiones y de contribuir a los objetivos de eficiencia energética. El crecimiento ya es visible; ahora, la prioridad es consolidar su funcionamiento.
