“Para poder competir a nivel global y que la industria alcance el objetivo de aportar el 20% del PIB es una condición necesaria y obligada tener unas infraestructuras económicas adecuadas: de transporte, de telecomunicaciones, de energía y de agua”, destaca el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo.
Es un hecho que en Europa las zonas con mejores infraestructuras son las más desarrolladas industrialmente, el caso de Centroeuropa. Y en España sucede lo mismo, el principal eje económico-industrial es el triángulo formado por Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, al que se suman Aragón y País Vasco, afirma este directivo del IEE. “No se trata de distancias geográficas, sino de coste del transporte y disponibilidad de infraestructuras”, añade este responsable del IEE.
Suspenso en red hidráulica y ferroviaria
Según el informe del IEE La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España, la red que sale mejor parada en nuestro país es la de puertos, que recibe una inversión “razonable”; que está financiada por tasas portuarias y tarifas por servicios (pago por uso) sin depender financieramente de los Presupuestos Generales del Estado; y cuya gestión está descentralizada porque el organismo público Puertos del Estado coordina a las 28 autoridades portuarias que integran los 46 puertos españoles, y que cuentan con alto grado de autonomía.
La red de aeropuertos tiene también un desarrollo y modernización óptimos. Se financia en parte por tasas aeroportuarias (pago por uso) y, sobre todo, está gestionada por una empresa cotizada como Aena. Aunque el Estado conserva el control con su 51% de acciones, la compañía opera con la lógica comercial de una empresa privada orientada a la rentabilidad: reparte dividendos (el 80% del beneficio se destina a pagos a los accionistas); compite internacionalmente gestionando aeropuertos en países como Brasil o Reino Unido; y desarrolla un plan de inversiones para el mantenimiento y modernización de la red.
Las infraestructuras que salen peor paradas en el análisis del IEE son la hidráulica, especialmente; seguida de la red ferroviaria; y en tercer lugar, por las infraestructuras viarias o carreteras. “La inversión es nuestro gran talón de Aquiles, tanto pública como privada. Es necesaria también una inversión privada importante, pero para movilizarla es preciso un marco regulatorio que lo facilite, calidad en las inversiones públicas y mejoras fiscales para que sea rentable”, señala Izquierdo.
El análisis del IEE recuerda que ya el informe Draghi estimaba que tendrían que invertirse en la Unión Europea entre 800.000 millones y 1,3 billones de euros. Y según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos, España debería invertir entre 70.000 y 110.000 millones de euros en función de su peso relativo en la UE.
Por su parte, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha enfatizado que «la realidad es que hay 150.000 millones de euros más de ingresos anuales en el Estado en comparación a 2019, pero no solo no se ha aumentado la infraestructura, sino que se ha destruido en un porcentaje importante. Se ha podido hacer muchísimo más de lo que se ha hecho, por lo que está claro que la inversión no ha sido, ni de lejos, una prioridad».
Imprescindible para la industria
El director general del IEE considera que «la industria precisa de unas infraestructuras suficientes, pero, sobre todo, que haya alternativas modales, que se pueda elegir entre el transporte por carretera, ferroviario y los puertos. Hemos comprobado que cuando hay un problema en una de estas redes, este se mitiga cuando hay otras opciones. Que haya distintos modos de transporte incrementa la eficiencia, por la competencia; y garantiza alternativas».
Además, las infraestructuras tienen un impacto positivo a la hora de garantizar las cadenas de suministros para nuestra industria: «No solo están condicionadas por los operadores de transporte, sino por la existencia de unas redes suficientes. La diversidad de infraestructuras permite también la diversificación de las cadenas de suministros, reduciendo la posibilidad de rupturas», subraya Izquierdo.
Los datos del déficit de inversión
El informe del IEE cuantifica la brecha en inversión que separa a España de sus socios europeos y que lastra la competitividad industrial:
• Inversión sobre el PIB: En 2024 se invirtió menos del 1% del PIB (13.000 millones de euros) en infraestructuras en España, frente al 2,4% (28.000 millones de euros) en el año 2007.
• Déficit en infraestructuras: Sería necesario destinar anualmente unos 11.000 millones de euros adicionales para mejorar y modernizar las infraestructuras en España.
• Próxima década: Se requiere un incremento extraordinario total de la inversión en infraestructuras de casi 114.000 millones de euros hasta 2035 para actualizar la red y recuperar los niveles de mantenimiento óptimos, según las estimaciones de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España (Seopan) recogidas por el IEE.
De ellos, 44.500 millones de euros en infraestructura de agua; 31.300 millones en ferroviaria; 19.400 en viaria; 9.400 en infraestructura de equipamiento público; 4.800 en infraestructura de medio ambiente; y 4.300 en intermodal.
• La paradoja fiscal: El déficit de inversión en infraestructuras se produce en un contexto de ingresos públicos históricos. Desde 2019, la recaudación ha crecido de manera sostenida de forma que el Estado ingresa ahora 150.000 millones de euros anuales más que en aquel año.
Los datos completos del análisis del IEE pueden consultarse en el informe La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España.
Recomendaciones del IEE
• Colaboración público-privada: Impulsar mecanismos que movilicen recursos adicionales, facilitando la ejecución de proyectos estratégicos y permitiendo una distribución eficiente de riesgos entre ambos sectores.
• Contratación y concesiones: Mejorar la ejecución presupuestaria y revisar las limitaciones del Real Decreto de Desindexación, que actualmente suponen una barrera para la promoción de concesiones, como reconoce la propia Oficina Nacional de Evaluación.
• Mantenimiento: Una parte significativa de la inversión se destina a nuevas infraestructuras. Es necesario reorientarla hacia la conservación, que prolonga la vida útil del capital público y evita costes futuros mucho mayores de reemplazo de las infraestructuras deterioradas.
• Evaluación económica: Reforzar los análisis coste-beneficio rigurosos y los mecanismos de evaluación independientes antes de ejecutar nuevas inversiones. Una planificación sistemática garantiza la selección de proyectos con mayor impacto económico y social.
• Estabilidad inversora: Reducir la volatilidad de la inversión en infraestructuras según los ciclos económicos. Evitar ajustes bruscos en periodos de crisis facilita la planificación a largo plazo y elimina ineficiencias en el desarrollo de los proyectos.
• Eficiencia administrativa: Simplificar los procedimientos y requisitos regulatorios, y reducir la carga burocrática para acelerar la ejecución de las inversiones previstas. De esta forma se facilita que los proyectos cumplan sus plazos y se incremente la eficacia del gasto público.
• Marco normativo: Modernizar la contratación pública con revisión de precios, modelos colaborativos y arbitraje. Estas reformas, junto a la actualización del sistema de clasificación de contratistas, aportarán la seguridad jurídica y rentabilidad necesarias para la inversión.
