La transición hacia una economía baja en carbono se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política de la Unión Europea, donde el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 guía la arquitectura normativa y económica de los Estados miembro. Para lograrlo, es imprescindible una transición energética ordenada y progresiva, sustentada en un marco regulatorio claro, predecible y estable que aporte seguridad jurídica para que los sectores industriales —especialmente los más expuestos a la competencia global— puedan adaptarse a los nuevos estándares ambientales sin ver comprometida su competitividad.
España, en sintonía con este enfoque, ha articulado instrumentos como el Real Decreto 309/2022, que regula las Ayudas compensatorias por coste de emisiones indirectas de CO2; unas ayudas destinadas a compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de CO2 que encarecen los precios de la electricidad de industrias clave. Este mecanismo de equilibrio nace con la voluntad de corregir el encarecimiento energético derivado del sistema europeo de comercio de emisiones (RCDE), con el fin de evitar la denominada fuga de carbono.
La fuga de carbono es un riesgo que podría frustrar los esfuerzos climáticos europeos, con consecuencias claras como la deslocalización, pérdida de empleo, menor inversión, y lo más paradójico, un aumento global de las emisiones. Este fenómeno – por el cual las empresas trasladan su producción a países con regulaciones ambientales más laxas para evitar los costes del cumplimiento climático – pone en entredicho la efectividad global de las políticas climáticas europeas si no se acompaña de una estrategia industrial sólida a escala europea.
En un escenario donde Europa se arriesga a reducir sus emisiones internas al precio de deslocalizar su producción y, con ello, su huella de carbono, sin un impacto real sobre el clima global, la Comisión Europea permite a los Estados miembro, dentro de sus presupuestos nacionales, aplicar mecanismos de compensación como el recogido en el Real Decreto 309/2022. Estas ayudas, lejos de suponer una distorsión, son una condición necesaria para asegurar que los sectores más expuestos por su consumo intensivo en energía – como el aluminio, el acero o el papel – puedan seguir operando en un entorno europeo cada vez más exigente a nivel medioambiental, mientras invierten en eficiencia, electrificación e innovación tecnológica. Las Ayudas compensatorias por coste de emisiones indirectas de CO2 tratan de equilibrar a un sistema internacional desigual, siendo la expresión nacional de una política europea más amplia, que busca alinear sostenibilidad y competitividad.
Esta visión se refuerza con el reciente Clean Industrial Deal, presentado por la Comisión Europea. Una iniciativa que busca relanzar la competitividad industrial del continente mediante una transición verde acompañada de innovación, acceso a energía limpia asequible, y un entorno regulatorio más ágil. El Clean Industrial Deal reconoce una realidad: no habrá transición climática sin industria, ni industria europea sin condiciones competitivas. El equilibrio entre ambición medioambiental y viabilidad económica es el verdadero desafío.
España, con ayudas como las reguladas por el Real Decreto 309/2022 o el PERTE Descarbonización Industrial, se alinea con este enfoque que asume que la sostenibilidad interna no puede avanzar a costa de destruir la estructura productiva. En un mundo cada vez más competitivo, proteger la industria no es frenar la transición: es hacerla posible.
