Dentro del primer capítulo, el institucional, se propone elevar el rango de la política industrial en la Administración, dado que “la industria es un motor de prosperidad y un sector estratégico para la economía de un país”, “un sector que genera empleo de calidad”, “resiliencia en tiempos de crisis”, “altamente exportador” y “que contribuye de manera destacada a la innovación”.
En lo referente a la mejora de la competitividad, la CEOE defiende la eliminación de barreras administrativas para impulsar el crecimiento empresarial, el fomento de la simbiosis industrial, el impulso a la captura, almacenamiento, transporte y uso de CO2 como materia prima, la atracción de centros de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y digitalización y la creación de campañas de formación y cualificación.
En concreto, la patronal propone que en el análisis del estado de situación del sector que propone el Anteproyecto de Ley, se incluya un análisis también de las barreras mercantiles, laborales y fiscales. También quiere que se introduzcan en la nueva norma los conceptos de circularidad y simbiosis industrial en los que diferentes actividades industriales se vinculan para que los residuos de una actividad industrial puedan utilizarse como materia prima para otra (por ejemplo, los orujos desechados en la fabricación del vino se pueden emplear para la fabricación de geles hidroalcohólicos).
El tercer eje apunta a las ayudas a la industria y particularmente cita la creación de un Estatuto de Consumidor Gasintensivo, durante un tiempo limitado, hasta que sea factible técnica, económica o financieramente abordar, bien procesos de electrificación, o bien de sustitución de este combustible por otros de origen renovable para su descarbonización. También propone que se flexibilicen las obligaciones de los beneficiarios que se otorguen en el ámbito de aplicación de la nueva Ley.
A propósito de la elaboración y evaluación de las políticas industriales, la CEOE apoya que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña a este Anteproyecto de Ley incorpore la evaluación específica de impacto sobre la industria manufacturera, tanto en términos de competitividad y costes, como respecto a las cargas administrativas.
En este capítulo la gran patronal suscribe la creación de un Observatorio de Vigilancia para la Competitividad Industrial, orientado a observar las iniciativas normativas de países avanzados.
Y finalmente la CEOE hace hincapié en la colaboración público-privada como elemento clave. Por ese motivo, propone que, para la elaboración de las iniciativas derivadas de la nueva Ley de Industria, como la Estrategia de Política Industrial o el Plan de Impulso Estatal a la Industria, se colabore con las organizaciones representativas de los diferentes sectores industriales, y se tomen en cuenta las agendas sectoriales ya elaboradas y acordadas con cada uno de los sectores. Además, propone plazos más cortos para la revisión de estas iniciativas. “Teniendo en cuenta la transformación energética e industrial en la que estamos inmersos, un periodo de diez años para revisar la Estrategia parece demasiado largo. Al menos sería necesario revisar la Estrategia cada ocho años. De igual modo, el Plan Estatal de Impulso a la Industria debería ser lo suficientemente ágil para mantenerse actualizado, por lo que proponemos que la revisión se realice con una periodicidad de cuatro años, en lugar de cinco”, señala el documento de seis páginas de extensión y redactado por la Comisión de Industria.
El Anteproyecto de Ley de Industria está siendo objeto de análisis por otros agentes sociales. La semana pasada, representantes de los sindicatos UGT-FICA y CCOO de Industria entregaron al Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR), concretamente a Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la PYME, las líneas maestras que, en su opinión, debe contener la nueva normativa, líneas que se basan en los seis ejes fundamentales ya adelantados por el este diario digital.
