Así se expresó María del Mar Santana, directora comercial de Empresas en la dirección territorial de Madrid de CaixaBank, en un seminario online convocado por la Cámara de Comercio de Madrid para explicar, en colaboración con la consultora Deloitte, las novedades y los puntos clave que poseen los fondos europeos Next Generation EU.
Santana explicó que los bancos son capaces de adelantar los fondos antes de que se reciban de la Unión Europea e incluso complementar, para apalancar inversiones adicionales que puedan necesitar las empresas para poder desarrollar sus proyectos. “No podemos olvidar un factor muy importante y es que España es un país de pymes y a ellas deben llegar los fondos”, dijo.
En este sentido la capilaridad que ofrecen las sucursales bancarias es fundamental como una herramienta para poder difundir y canalizar estos fondos de forma correcta. CaixaBank, por ejemplo, tiene casi 4.600 oficinas repartidas por todo el territorio nacional, y cuenta con el servicio especializado de 146 centros de empresa con un equipo de más de 1.300 empleados especialistas en asesoramiento financiero.
“Conscientes de la importancia que tienen estos fondos para que la economía madrileña pueda avanzar en la digitalización y en los aspectos claves en los que se va a concretar el futuro económico de Madrid, queremos poner todas nuestras capacidades al servicio de las empresas”, explicó la directiva.
Para ello CaixaBank ha diseñado un plan integral con un equipo transversal que pueda atender tanto a particulares autónomos como a pymes y empresas y en todos los sectores verticales que trabajan: energía, movilidad, nuevas tecnologías, real estate, turismo, agrario, industrial. También han creado una plataforma específica para divulgar los fondos Next Generation. Se trata de un buscador de ayudas públicas y un portal con información relevante sobre los fondos europeos, webinars y enlaces de interés. Ambas herramientas son gratuitas y están a disposición de clientes y no clientes.
El webinar formaba parte de un circuito de seminarios online que organiza CaixaBank con distintas Cámaras de Comercio y que arranca desde abril de 2021.
Sergio Peña, manager de la consultora Deloitte, se encargó de explicar el contenido de la sesión, que constaba de cuatro partes: introducción a los fondos y las ayudas; convocatorias abiertas y claves para realizar la solicitud; presentación del buscador de ayudas y tramitación a través de CaixaBank; preguntas y respuestas.
Al hacer repaso de la situación, Peña dijo que los fondos ya están entre nosotros desde verano y reconoció que les hubiera gustado que algunas cosas fueran más rápido. En otras palabras, se quejó de la lentitud gestora.
Ya se ha transferido desde la Comisión Europea la cantidad de 19.000 millones de euros gracias a que España ha cumplido 52 hitos comprometidos con Bruselas, muchos de ellos relacionados con reformas y con temas burocráticos y administrativos. “Tenemos la sensación de que no terminan de ser reales los fondos europeos”, admitió con franqueza. La razón de esa sensación radica en que la capacidad para convertir esas colosales sumas de dinero en convocatorias ha sido menor “de lo que nos hubiese gustado”.
Según Deloitte, al cierre de 2021, de esos 19.000 millones, solo 9.000 millones se habían canalizado a través de convocatorias e incluso algunas de ellas se habían anunciado, pero no se habían formalizado oficialmente para que pudieran participar las empresas.
“Esta foto debería cambiar sustancialmente en el año en que estamos -estimó Peña-. En palabras de varios ministros, incluso del presidente, este año debería ser el de velocidad de crucero. Y eso significa tenemos muchos retos y objetivos de desplegar ayudas a las empresas solo en 2022, pero además arrastramos aquello que no hemos podido movilizar en 2021. Por tanto, yo diría que este año será muy relevante, debería ser el punto de inflexión donde se vean oportunidades reales”.
Hasta la fecha se han aprobado cuatro PERTE por el Consejo de Ministros: el del vehículo eléctrico es el más avanzado, pero aún no se ha creado el registro de empresas que exige la ley ni se ha abierto todavía ninguna convocatoria. Deloitte espera y confía que se resuelva en este primer semestre para uno de los PERTE.
Esos 9.000 millones se han canalizado en más de 400 convocatorias de ayudas, que han sido principalmente de dos tipos: nacionales y autonómicas. En algunos casos, ha habido 17 versiones de convocatorias como las del Programa Moves III, de movilidad y vehículos eléctricos. Los programas estatales suelen estar más centrados en la digitalización y la sostenibilidad de las empresas.
A los 10.000 millones que quedan por movilizar de 2021 de la mano del Gobierno y las comunidades autónomas se suman los 22.000 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 solo con cargo a los fondos europeos. Es verdaderamente una lluvia de dinero. De esos 27.000 millones, el protagonismo debería estar vinculado al área de digitalización e I+D para las empresas. En particular se contemplan 3.184 millones para I+D industrial y 1.662 millones para ciencia e innovación, por citar dos buenos ejemplos.
Las inversiones del Plan de Recuperación se materializarán principalmente a través de dos mecanismos: las convocatorias y licitaciones, y los proyectos estratégicos o PERTE. De los ya aprobados, el del vehículo eléctrico movilizará 4.295 millones; el de salud, 982 millones; el del hidrógeno renovable, 6.920 millones, el más dotado de todos; y el de la cadena agroalimentaria, 1.000 millones.
En los PERTE están trabajando la citada Red.es, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), la Escuela de Organización Industrial (EOI) así como los ministerios mayormente implicados (MINTERD, MINECO y MINCOTUR).
Dentro del PERTE VEC, la medida con más presupuesto es la línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del vehículo eléctrico y conectado (2.975 millones). Esto es, en realidad, las convocatorias son, en su gran parte, subvenciones a fondo perdido que rara vez superan el 40% de la inversión total. Es decir, que el 60% restante es dinero del sector privado que aporta el empresario con fondos propios o a través de una financiación.
Dada la situación de los PERTE, lo más tangible a corto plazo son las convocatorias, que pueden ser:
- Nacionales
- Autonómicas
- Locales
con varias modalidades:
- Competitivas (los proyectos son valorados por la autoridad competente con criterios estipulados, sin importar el orden de solicitud)
- Simples (la acreditación de unos requisitos mínimos permite el acceso a la subvención por orden de solicitud)
- Otras fórmulas (se están empleando fondos d e inversión o convenios como otras vías de canalización. Eso es, por ejemplo, el Next Tech)
En el ámbito de la financiación pueden ser:
- Subvenciones (la Administración otorga una ayuda económica sin necesidad de devolución para las actividades estipuladas en la convocatoria)
- Posibilidad de anticipos (según la convocatoria, una parte o el total de la ayuda se puede adelantar al beneficiario)
- Préstamos (la Administración abre una línea de financiación, normalmente un préstamo blando con condiciones favorables y coberturas que van del 70% hasta el 100%)
Otra variable es la participación del sector público en los proyectos a través de centros de investigación, entidades como ayuntamientos, agencias o empresas públicas. Esa participación pública puede ser:
- Posible
- Imprescindible ó
- Imposible, si es exclusiva del sector privado.
El cuarto elemento para tener muy en cuenta habla de la agrupación, es decir, del número de empresas que solicitan la convocatoria. Puede ser individual -una única entidad- o participación en agrupación, lo que lleva a un acuerdo de participación que recoja las condiciones mínimas definidas en la convocatoria o las bases. El concepto de agrupación cada vez es más empleado en las convocatorias porque el fin último de las ayudas es transformar sectores industriales y económicos y para hacerlo, el Gobierno entiende que tiene que involucrar a varias pymes, no solo a grandes empresas.
El Kit Digital fue una de las convocatoria que se desmenuzó en el webinar apadrinado por el Club Cámara de Comercio de Madrid, un club de empresas que trata de ayudar a otras empresas ofreciendo soluciones novedosas.
Iniciativa del Gobierno de España y organizada por Red.es, tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital. Está destinada a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos. La convocatoria alcanza los 3.000 millones de euros para 2022 y 2023 y comprende ayudas a fondo perdido, concretamente mediante el llamado “bono digital” de 2.000 euros a empresas de 1-2 personas; 6.000 euros para las de 3-9 personas; y 12.000 euros para las de 10 a 49 empleados. Es una convocatoria de concurrencia simple.
Habrá varias ediciones del Kit Digital. La primera será en marzo sólo para las pymes de 10 a 49 trabajadores, tendrá una dotación de 500 millones de euros y probablemente tres meses de plazo para presentar las solicitudes. Las ayudas irán destinadas a diferentes soluciones que se muestran en un Market Place diseñado por el Gobierno y que son las siguientes: la creación y desarrollo de un sitio web, soluciones para comercio electrónico, ciberseguridad, factura electrónica, servicios de oficina virtual, gestión de redes sociales, gestión de clientes y proveedores, gestión de procesos, BI y analíticas, comunicaciones seguras. Cada solución tiene un límite determinado de gastos.
Dentro del programa Kit Digital adquiere mucho protagonismo el “agente digitalizador”, referido a toda aquella pyme que ofrece servicios de digitalización y que puede ofrecer sus soluciones a las empresas interesadas a través del citado Market Place. Para ser agente digitalizador hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber alcanzado una facturación de 100.000 euros en alguno de los dos últimos años. Estos agentes se comprometerán a prestar durante un año la solución de digitalización solicitada por el beneficiario. Una vez realizada, el agente tendrá que presentar las justificaciones necesarias en nombre del beneficiario en un plazo de tres meses. Tras la comprobación de las justificaciones, se efectuará el abono de la subvención al agente digitalizador.
Además del Kit Digital, existen otras convocatorias, muy heterogéneas, agrupadas en cinco temáticas principales:
- Movilidad
- Energía
- Digitalización e I+D
- Social y Formación
- Turismo
Así, Orestis Vílchez, técnico también de la consultora Deloitte, citó en el área de Movilidad el caso de la convocatoria MOVES Flota, de largo recorrido, de 50 millones de euros, lanzada el 20 de enero de este año y solicitable hasta el 21 de marzo dentro de una concurrencia competitiva. Está gestionada por el citado IDAE. También se refirió a la convocatoria a nivel autonómico de descarbonización del transporte profesional (pesado), convocatoria que alcanza los 174 millones y es de concurrencia simple.
En el área de Energía se detuvo en la convocatoria de energías renovables en autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos (autonómica, concurrencia simple, 660 millones de euros). También explicó la de rehabilitación energética de edificios, programa PREE 5000, es decir, para solucionar el reto demográfico (estatal, concurrencia simple, 50 millones) para empresas de servicios energéticos; la de cadena de valor innovadora del hidrógeno renovable (estatal, concurrencia competitiva, 250 millones); y la de proyectos singulares de hidrógeno renovable (estatal, concurrencia competitiva, 150 millones).
En el área de Digitalización e I+D destaca el Programa Activa Startup, donde participa la EOI para beneficiar a empresas startups y que alcanza una dotación de 44 millones de euros.
Después de enumerar las cuatro fases de participación (comprobación de requisitos, preparación de documentos, gestión y tramitación de ayudas, y justificación), los dos especialistas de Deloitte recomendaron a las empresas interesadas que se anticipen a las convocatorias, creen su propia agenda de convocatorias, se apoyen en expertos y entiendan que las ayudas implican trabajo.
