Este impuesto representa una carga anual de alrededor de 1.100 millones de euros para los contribuyentes del sistema eléctrico, aunque en algunos años ha alcanzado picos de hasta 1.600 millones. La petición se produce en un contexto en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informó ayer de un superávit de 3.902,9 millones de euros en el sector eléctrico durante 2023, superando en 3.600,4 millones la previsión inicial (+302,5 millones).
“Mantener este impuesto equivale a restar competitividad a la industria española frente al resto de Estados miembro de la UE, puesto que ninguno de ellos tiene implantado un gravamen similar. La supresión del IVPEE contribuiría a preservar la competitividad de la industria manufacturera española intensiva en electricidad”, ha afirmado Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, para quien “es necesario eliminarlo definitivamente del sistema y ofrecer una señal precisa y a largo plazo a los inversores industriales”.
El objetivo inicial de este impuesto, establecido en 2012, se dirigía a armonizar el sistema fiscal con un mayor compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, según Carlos Reinoso, a fecha de hoy, con un mix eléctrico que difiere profundamente del que operaba en España en aquel momento, “la existencia del IVPEE puede incluso dificultar el cumplimiento de dichos objetivos, al plantear barreras a la electrificación. Suprimirlo facilitaría la descarbonización de una parte de la demanda manufacturera sirviendo de palanca adicional para la electrificación asociada a la transición energética de los sectores productivos”, explica.
Por otra parte, es necesario señalar que los sectores empresariales e industriales siempre han planteado que los objetivos sociales o medioambientales, los sobrecostes en la tarifa eléctrica derivados de decisiones políticas, así como las medidas impositivas asociadas, deben alcanzarse o satisfacerse a través de otros canales distintos de la factura energética, como por ejemplo se hace ya, en cierta medida, con la mitad de los costes de los territorios no peninsulares.
