La principal modificación corresponde al plazo de presentación de los proyectos, que se amplía hasta el 17 de mayo de 2022. Además, se amplía el universo de posibles beneficiarios extendiéndolo a empresas de nueva constitución, que anteriormente estaban excluidas para ciertas líneas de inversión. De esta forma, se abre la posibilidad a que las ayudas lleguen a un mayor número de empresas, sobre todo pymes.
Dicha orden modifica el apartado de formación que tiene que realizarse con carácter obligatorio como parte de los proyectos, precisándose que se podrán impartir a través de plataformas digitales. Asimismo, se aclara la redacción de los costes subvencionables relativos a materiales, suministros e instrumentos amortizables en los proyectos de formación.
Del mismo modo, se introduce una corrección del régimen de garantías y se incorpora una declaración responsable a presentar por las entidades que forman parte de la agrupación, relativa a que éstas no se encuentran en situación de crisis.
