En total, se aprobaron 210 solicitudes correspondientes a 170 empresas, algunas con varias instalaciones y se ha atendido el 93% de las ayudas solicitadas. El plazo previsto para el pago de las ayudas es el mes de diciembre.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales y son un instrumento eficaz para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario aumentar el peso de la industria para acelerar la recuperación económica y social tras la pandemia”.
La ministra señaló que la competitividad de la gran industria es una de las prioridades de la agenda del Gobierno, además de garantizar un precio de la energía competitivo. Por ello, para minimizar el impacto que la subida del precio energético está teniendo en la gran industria, el Gobierno ha intervenido en los tres componentes de la factura eléctrica.
La parte fiscal, con la bajada del IVA y la suspensión temporal del impuesto especial a la electricidad, lo que supone una reducción del 60% de la factura. Se ha actuado en los costes fijos del sistema, compensando los cargos asociados a las renovables y las ayudas extrapeninsulares, con carácter permanente ya que es uno de los instrumentos recogidos en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Y se ha actuado en el componente energético relativo a la tarifa eléctrica a través de distintos mecanismos.
Maroto destacó el esfuerzo presupuestario que está haciendo el Gobierno para ayudar a la gran industria que se pone de manifiesto con los 179 millones de euros que se acaban de adjudicar en compensación de CO2 y en los 200 millones de euros del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) para avalar la firma de contratos de energía a largo plazo y que está operativo desde el pasado 4 de noviembre.
La siderurgia es el sector más beneficiado, con más de 74 millones de euros en ayudas, seguida del Químico (34,7 millones) y el Papel (31,7 millones). Asturias y Cataluña son las dos comunidades autónomas más beneficiadas con 34,3 millones y 33,6 millones de euros cada una, seguidas del País Vasco con 24,8 millones, Andalucía con 23,4 millones, Aragón 17,3 millones y Galicia 12,5 millones.
La Unión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.
