Este modelo de desarrollo industrial “se ha consolidado como un instrumento de gran utilidad para impulsar la innovación y la competitividad desde la administración pública, generando soluciones a problemas y necesidades detectadas previamente, y que no existen en la actualidad en el mercado. Así, emplea la demanda pública de productos, servicios y suministros como un instrumento mediante el que canalizar políticas públicas y facilitárselas a las entidades compradoras”.
Esta nueva CPI está dotada con un presupuesto total de 48 millones de euros, derivado del presupuesto no adjudicado en las tres convocatorias anteriores. Con esta dotación, INCIBE pretende “poner en marcha proyectos innovadores de I+D de ciberseguridad sobre tecnologías emergentes y disruptivas de inteligencia artificial y/o computación cloud, edge o distribuida y, con una aportación económica de entre 3 y hasta 12 millones de euros por proyecto”.
“En la actualidad, la superficie de ataque y de exposición del riesgo en el ciberespacio se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del sector público”. Esto unido al crecimiento exponencial de la capacidad de computación, al desarrollo de la inteligencia artificial, y el impulso del big data, entre otros, requieren “una transformación de la industria nacional de ciberseguridad para enfrentarse a nuevos desafíos”.
Por todo ello, INCIBE, como gestor de la iniciativa de impulso de la industria de la ciberseguridad a través de la Compra Pública de Innovación, plantea en esta última convocatoria “impulsar la creación de soluciones de alto impacto estratégico que permitan hacer frente a las amenazas más avanzadas en sistemas expuestos, en espacios de datos, en los entornos distribuidos, en las comunicaciones y en los sistemas de información de empresas y entidades del sector público nacional con el objetivo global de proteger la información que reside y se transmite por ellos”.
