La importante subida de los tipos de interés en la zona euro, del 0,50%, para frenar la escalada de la inflación tendrá fuertes efectos en el sector industrial, pues supondrá el encarecimiento de la financiación empresarial, ya que las entidades bancarias endurecerán las condiciones crediticias y limitarán aún más su oferta. El año podría acabar con los tipos al 1,25%-1,50%, dependiendo de la evolución de los precios, del cambio del euro frente al dólar o de la volátil situación bélica en Ucrania.
Además, el índice PMI manufacturero, referente del estado de la economía, lleva en España una clara línea descendente desde abril, y en julio se situaba en 52,6. En el conjunto de la eurozona era del 49,6 en ese mismo mes estival. Cuando es menor de 50, el índice PMI indica que la industria manufacturera se contrae, mientras que un valor por encima de 50 señala la expansión del sector.
“En términos de crecimiento del PIB, estamos previendo que la industria entre en recesión, es decir, que haya dos trimestres consecutivos en negativo. Eso ya ha sucedido en varias ocasiones desde la pandemia”, admitió a industry TALKS Javier Santacruz, economista y analista del Foro Industria y Energía (FIE).
“Sin embargo, en esta ocasión, especialmente, lo que se ve como preocupante es la industria manufacturera. Vimos el primer momento de recesión a finales del año pasado cuando se produjo el momento de mayor escasez de componentes, sobre todo, componentes electrónicos y hubo un estrangulamiento importante de las cadenas globales de valor. Esto lo volveremos a ver en esta última parte del año no tanto por la cuestión del estrangulamiento de la oferta y de las cadenas de valor, sino sobre todo por un enfriamiento considerable de la demanda”, agregó el experto.
“Es probable” que haya un efecto tijera, dijo Santacruz, “porque incluso lo vamos a ver en otros sectores, sobre todo en el sector de los servicios; vamos a ver un momento cuando, por un lado, se estrecha, se enfría considerablemente la demanda y al mismo tiempo tienes un problema de crecimiento de los costes de financiación por la subida de los tipos de interés”.
“Nos vamos a ver en una cierta tenaza, con dos grandes problemas para una industria nacional que depende del automóvil y, por tanto, del gran consumo y, al mismo tiempo, del sector exportador y teniendo en cuenta que nuestro principal cliente es la industria alemana y que Alemania ha entrado en déficit comercial por primera vez en más de 30 años, sobre todo su sector industrial. Es un elemento preocupante”
Después de afirmar que hacen estimaciones económicas internas, pero nunca las publican, “para que nadie piense que intervenimos en el mercado”, Andrés Barceló, director general de la patronal siderúrgica (UNESID) reconoció: “Honestamente no sabemos qué va a pasar”.
Barceló dijo a este diario digital que se aprecia la sensación en el mercado de una cierta ralentización de la demanda de productos siderúrgicos. “Si la demanda se paralizase, que no se ha paralizado, eso podría provocar una reducción de los precios y podríamos entrar en la dinámica del terrible efecto tijera, donde se cruza la subida de los costes, especialmente el energético que está disparado, con la caída de los ingresos”, estimó.
Lo positivo de la actual situación, en opinión del representante de UNESID, es que “ya hemos descubierto todos, incluidos los políticos europeos, que el rey está desnudo, que el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico no funciona, esto es, no da la respuesta adecuada, porque está pensado para un mix energético diferente y una situación diferente. Mientras no se cambie el tema regulatorio, las empresas intentan maximizar beneficios que ahora se dice, en fino, aprovechar el coste de oportunidad”.
El Gobierno español ya reconoció, “aunque con poco éxito”, que hay que cambiar el marco regulatorio, añadió Barceló, algo que hasta el año pasado parecía un “dogma religioso”. El Ejecutivo lo intentó cambiar, no lo consiguió, pero los burócratas comunitarios admiten recientemente que el sistema no funciona, “que tenemos cada vez más renovables y la energía es más cara y eso no es culpa de Putin”, sentenció.
“No puede ser que tengamos en España casi un 40% de energía de origen renovable y los precios sean los que son. Y es un disparate europeo que el precio del mayorista del mercado eléctrico sea más caro por la noche que por la tarde. Eso no tiene sentido. Las siderúrgicas están obligadas a trabajar más del 50% del tiempo por la noche para poder ser consideradas electrointensivas y ahora mismo por la tarde es más barato debido a los temas regulatorios, a las exportaciones a Francia y a la disponibilidad de energía de origen fotovoltaico”, denunció.
“Observamos con preocupación la evolución del próximo semestre, en un contexto económico de subida de tipos de interés y alta inflación, apuntando a una posible recesión”, declaró, por su parte, Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, la agrupación de fabricantes de cemento.
De hecho, por lo que respecta al mercado doméstico, según recogen los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento, que abarcan el primer semestre del año, el consumo de cemento se ha estancado en junio registrando una tasa de variación del -0,1% frente al mismo mes del año pasado. En otras palabras, el mercado cementero, tradicional indicador del estado de salud de la economía, está estancado.
El representante de Oficemen, que forma parte, como UNESID, de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, aboga por la urgente puesta en marcha de nuevas medidas para frenar la pérdida de competitividad que está sufriendo la industria española.
“Desde que el Mecanismo Ibérico ha empezado a aplicarse se ha producido una bajada en el precio medio de la electricidad para la industria, aunque mucho menos significativa de lo esperado. El Mecanismo es capaz de moderar el precio del mercado mayorista, pero la falta de generación eólica provocada por la ola de calor y el consecuente aumento del uso de los ciclos combinados, unido al incremento del precio del gas, hace que sea necesario una reforma global del mercado eléctrico europeo, tal y como ha puesto recientemente de manifiesto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen”, señaló Zaragoza.
“Creemos que la industria, por su mayor exposición al encarecimiento de los costes de producción, especialmente los energéticos, va a ser uno de los sectores más afectados por la coyuntura actual que consideramos se agravará en el último trimestre del año”, estimó Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)
“Además, debe tenerse en cuenta que en términos de empleo la industria suele descender su actividad en la estación estival, empleo que se compensa por el comportamiento favorable del sector turístico y hostelero durante dicho periodo, pero que, una vez finalizada la temporada, revelan el comportamiento de una industria que tendrá serios problemas para reactivarse dada la situación de incremento de costes y no podrá tirar del empleo en otoño en los mismos términos que en años anteriores no COVID”, consideró Ferrero.
Las organizaciones sindicales también están alarmadas. Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de UGT, enfatizó “la incertidumbre enorme en todos los ámbitos” y declaró que su sindicato no vislumbra para otoño-invierno datos positivos. Prevén la subida de los precios de la energía, la falta de suministros y su encarecimiento que están retrasando la capacidad de producción. “Continuaremos con la desindustrialización de nuestro país”, pronosticó.
Por su parte, Gerardo Cortijo, secretario de Política Industrial de la Federación Estatal de Industria de CCOO, estimó que el panorama mundial ya no se puede ser analizado con seis semanas de antelación, porque “la situación en Ucrania hace que los indicadores cambien en cuestión de semanas”.
En el momento actual, aseveró, “estamos en un escenario inflacionista que no parece que vaya a decrecer, sino que, como mínimo, se mantendrá en la tasa que hay, un escenario con una serie de medidas adoptadas por los gobiernos que pueden mitigar algunos de los impactos”. Además, la crisis de suministros sigue siendo importante e incluso se habla de otras hipotéticas crisis de suministros, la alimentaria, no en España, pero sí en otros países. Y el precio de la energía, desatado.
La opinión de CCOO de Industria es de “expectación, de pedirle mucha coordinación y diálogo social a las instituciones, a los Ministerios, tanto de Industria como de Transición, para poder anticipar las situaciones lo más posible”. El resumen, en una palabra: incertidumbre total.
Y en este contexto tan adverso, ¿qué medidas son precisas? ¿qué decisiones deberían tomar empresas y administraciones?
Para Santacruz, “es el momento de ajustar costes, pero eso debe ser vía innovación. Es el momento de integrar, de una vez, los modelos de innovación a través de los centros de investigación, de la Formación Profesional, de la formación dual, y de toda la traslación que ha habido en los últimos años de la tecnología”.
“Hay que hacerlo ya, para estar perfectamente engrasados, tener una unidad de mercado, una unidad de cadena de valor. Reconstruir las cadenas de valor destruidas en lo últimos dos años. Eso es imprescindible. Eso es un salvavidas para la industria en estos momentos. Y luego, a nivel público, es evidente que la principal asignatura pendiente es la financiación, que tengamos más claridad, más concursos… No es un problema de ejecución, es un problema de licitación. No está habiendo licitación”, advirtió el analista económico del FIE.
“El que puede, en función de su cartera de pedidos y los requisitos legales, debe ajustar la producción, por ejemplo, reduciendo turnos. También puede involucrar a los representantes de los trabajadores”, sostuvo Barceló, de UNESID. “Hay que avanzar en el reto de la descarbonización, porque la mayoría de las tecnologías que hay que aplicar no están disponibles a nivel comercial; hay que hacer inversiones, desarrollos tecnológicos, porque es una demanda social. Sin dudas”. Habrá que cambiar el combustible de los hornos, señaló, y la alternativa más factible es el hidrógeno verde, que tiene dos problemas: su disponibilidad y su precio.
Como medidas que considera necesarias para la industria, el representante de UGT dijo que ha quedado patente que la deslocalización y que la rentabilidad y la competitividad no tengan límites es un fracaso que está llegando a poner en tela de juicio la viabilidad de determinadas empresas. “Creo que hay que volver a concentrar la producción a nivel local, nacional y europeo para evitar los riesgos a los que nos enfrentamos. Debemos tener independencia energética y soberanía industrial”, estimó.
La industria debe impulsar mucho más la inversión, opinó el sindicalista, pero fundamentalmente en conocimiento, innovación, investigación, desarrollos tecnológicos para mejorar su posición en la cadena de valor del suministro. Esa es nuestra apuesta”.
La internacionalización de las compañías -recordó Vázquez- es una de las 10 bases suscritas en el recientemente suscrito Pacto de Estado por la Industria. Es vital, agregó, para poder competir, aumentar la cartera de pedidos y su facturación, pero desde la base de una mayor inversión en innovación e investigación, reagrupando la producción en España, en Europa.
“Esperamos que el Gobierno ponga un paquete económico urgente que frene esta situación económica, porque todos creíamos que iba a ser coyuntural y se está alargando en el tiempo, por lo que habrá que prolongar en el tiempo o mejorar estas ayudas para frenar el declive industrial”, declaró. Su mensaje es que resulta indispensable reindustrializar el Viejo Continente.
Para Comisiones Obreras, la exportación es una opción, pero siempre que los mercados estén fuertes. En su opinión, hay que abordar medidas para que el impacto del posible recorte de suministros energéticos, de la crisis de aprovisionamiento y de semiconductores sea el menor posible en la fabricación, porque todo lo que impacta en la fabricación acaba teniendo consecuencias en el empleo, “y eso es lo que más nos preocupa como organización sindical”. Ante este panorama adverso, Cortijo pidió “mucho diálogo social tripartito”, patronales, sindicatos e instituciones como el Gobierno central, las comunidades autónomas o los ministerios. “El diálogo tiene que ser muy fluido, muy rápido, muy eficaz, con una necesaria capacidad de reacción ante los problemas en la toma de decisiones”, declaró. “Las decisiones tienen que ser de largo recorrido, pero han de ser tomadas con la agilidad suficiente”.
Las contingencias no están afectando por igual a todos, explicó Cortijo. Mucho depende de la actividad de cada empresa. “No es lo mismo que esta sea electrointensiva o gasintensiva a que sus mayores costes no sean energéticos sino de mano de obra. Pero, empíricamente, está comprobado que todo está interrelacionado”, remarcó. En cualquier caso, los impactos que van a provocar “no son halagüeños”.
La coyuntura “va a afectar a toda la cadena de valor”, adelantó Ferrero, de ATA, porque en el tejido empresarial español “nadie es una isla, es un conjunto sistémico que responde a una cadena en la que los costes se incrementan en cada eslabón de la misma. De nada sirve que se produzca, si no se puede logísticamente distribuir el producto por los incrementos de los costes de carburante”.
Con respecto a los autónomos, “el eslabón más débil de esa cadena y con menor capacidad de ajuste de costes y de repercutir los mismos en precio”, añadió la vicepresidenta del colectivo. De hecho del 70% de la empresas fuertemente afectadas por el incremento de costes sólo el 38% han podido repercutirlo en precio. Además, en el caso de los autónomos, se da la circunstancia que hay un fuerte endeudamiento por la pandemia y la subida de tipos, lo que les llevará a una situación aún más difícil de asumir”. “De hecho, ya estamos observando un comportamiento negativo en la evolución de los autónomos de la industria en el primer semestre del año con un descenso del 0,5% en su número (1.183 autónomos menos de los 215.630 autónomos en industria a 31 de dic de 2021)”
Y a propósito de las medidas a adoptar, Ferrero apostó, como Santacruz, por la inversión en innovación. “Invertir en la automatización y digitalización de procesos con el fin de reducir los costes a través de procedimientos menos costosos y más efectivos, y la búsqueda de energías alternativas renovables que puedan reducirlos también”, concretó Ferrero.
En otro orden de cosas, la Comisión Europea hizo pública esta misma semana su propuesta de gestión del suministro energético de cara al invierno, dado el grave conflicto político que mantiene con Moscú tras la invasión rusa de Ucrania. Bruselas ha presentado un plan de choque que prevé una reducción del consumo del 15% mediante racionamientos voluntarios de gas en todos los países de la Unión Europea durante los próximos ocho meses –del 1 de agosto al 31 de marzo de 2023–, racionamientos que serán obligatorios en caso de emergencia energética, es decir, si el Kremlin decide cerrar el grifo del gasoducto Nord Stream, como todo hace prever.
UNESID considera un “chiste” esa propuesta de la Comisión. Barceló dijo que en España las infraestructuras gasísticas son “de primer orden” y que han sido pagadas por los propios consumidores, no a través de los Presupuestos Generales del Estado. “El problema lo tienen otros países; un problema muy serio”, enfatizó.
Barceló hizo referencia, en la entrevista a industry TALKS, a la carta que UNESID, como parte de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, envió a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, donde solicita que España se oponga “frontalmente” a la medida anunciada por la Comisión.
“No queremos entrar en sistemas de confiscación, de obligar a parar a las empresas. Sería sangrante que se obligase a parar a una instalación española para que pudiera trabajar una francesa o alemana similar”. “Creemos que el Gobierno nos apoya” en este sentido, añadió el director general. “La eficiencia energética está en el código genético de cualquier empresa electrointensiva”, resumió, porque a menor gasto, más beneficio. Ribera confirmó las palabras de Barceló, al anunciar el rechazo a la propuesta de la Comisión, que considera ineficaz, injusta y un “sacrificio desproporcionado”.
Ante ese plan de contingencia energética, CCOO, por boca de Cortijo, planteó que se convoque urgentemente una mesa de diálogo con el Ministerio de Industria y el de Transición, con los agentes sociales, para analizar la situación y las consecuencias derivadas de ella.
El representante de la patronal siderúrgica también hizo hincapié en los impuestos a las empresas energéticas. “Queremos precios competitivos, que se ataque el problema de raíz que es que los precios son muy altos”. Aparte de los motivos técnicos, Barceló se mostró partidario de que el precio de la energía permita que el productor tenga una rentabilidad “razonable” de sus inversiones sin hundir a los consumidores domésticos e industriales.
Para Santacruz, del Foro Industria y Energía, tomar como vía de solución la creación de impuestos “en general, es un error, sobre todo cuando estamos ante un momento de alta polarización, de conflicto, de que no haya habido detrás un acuerdo para establecer medidas de ahorro de reducción de costes y que eso se traslade a los consumidores, especialmente a los industriales”.
En este sentido, subrayó el analista de FIE, en el caso de la industria, lo más importante es la tarifa industrial, “y no es una cuestión ni de subvenciones, ni de excepciones regulatorias, sino el hecho de que España es el único país de Europa que tiene a más del 70% de su industria con una tarifa ligada al precio horario de la electricidad y eso es absolutamente insostenible”.
Santacruz es partidario de reformar la fijación de los precios minoristas, es decir, la traslación al consumidor final, incluido el industrial. La tarifa debe ser fija y no debe depender del día o la hora, como se hizo en Francia o Alemania, “donde la industria está prácticamente blindada”. “En España no se ha hecho porque no se ha querido, porque se ha pensado que más fácil era intervenir el mercado mayorista, subir impuestos y establecer el tope del precio del gas”. Es cierto que la reforma de la tarifa minorista es más complicada de hacer.
Y con respecto a los racionamientos energéticos, este especialista recordó que España está más protegida que otros países europeos, o con menos impacto a ese tipo de medidas, porque “tenemos unas fuentes de gas diferentes y cierto margen de maniobra mayor”. En los planes de la Comisión Europea, subrayó Santacruz, falta la parte de diversificación del suministro.
Preguntado sobre las previsiones para el próximo trimestre, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) insistió en que ya se ha autorizado el 56% del presupuesto asignado del mecanismo de recuperación para 2021 y 2022. Esto supone 2.623 millones de euros de los 4.663 millones de euros asignados.
Y una buena parte de ese dinero corresponden a los PERTEs, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. “Los PERTEs son una oportunidad para avanzar hacia una industria más verde y digital que contribuya a la cohesión social y territorial”, afirman desde MINCOTUR.
Cabe destacar, señalan desde el Ministerio, el PERTE de vehículo eléctrico y conectado con el objetivo de transformar la cadena de valor de la automoción para que España lidere la electromovilidad en Europa. Además de los anuncios de gigafactorías de baterías de Volkswagen y Envision, todos los fabricantes de coches en España han presentado proyectos a esta convocatoria.
“España también cuenta con un ecosistema potente de empresas del sector TIC y microelectrónica que pueden participar activamente en el desarrollo del PERTE de microelectrónica y semiconductores que, alineado con la Ley Europea de Chips, persigue reforzar la capacidad científica nacional, especialmente en el diseño de los chips, así como dotarnos de capacidad de fabricación de estos componentes en el territorio. Está previsto que este PERTE movilice una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027”, sostienen las fuentes ministeriales.
Por otro lado, afirman desde el Ministerio, “nuestro país tiene las capacidades industriales y el talento para desplegar el PERTE agroalimentario dotado con 1.800 millones de euros y que tiene como finalidad la mejora de la competitividad, de la sostenibilidad, de la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario en España”.
Otro sector industrial muy relevante es el naval que se va a beneficiar del PERTE naval, que va a movilizar una inversión total de 1.460 millones de euros y cuyos objetivos son mantener la autonomía industrial, diversificar la actividad hacia las energías renovables marinas y buques de bajas emisiones, digitalizar la cadena de valor, incrementar la sostenibilidad medioambiental y mejorar la formación y capacitación de los trabajadores.
Otro de los sectores tractores que el Gobierno va a impulsar es el sector de la salud a través del PERTE de Salud de Vanguardia con una inversión total hasta 2023 de 1.469 millones. Entre sus líneas de actuación está invertir en el desarrollo, digitalización y modernización de la capacidad industrial y facilitar la orientación de las cadenas de producción hacia innovación diagnóstica, terapéutica y rehabilitadora ampliando nuestra autonomía industrial.
