La Dirección General de Política Industrial, dependiente de la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, fruto de la Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears, elaboró y aprobó el Plan Estratégico Industrial 2018-2025 como documento vertebrador de las políticas industriales.
Asimismo, con el objetivo de garantizar la efectividad en la ejecución del plan, se definió el Plan de Gobernanza, en que se propone la creación de una Comisión de Seguimiento formada por el presidente, que será el director general de Política Industrial, junto con un representante de la Confederación de Empresarios de las Balears (CABE), un representante de la Confederacióń Pyme Balears (PIMEB), un representante de los dos sindicatos con representatividad social en las Balears, un representante de la Universidad de las Illes Balears, un asesor externo y un representante de la Unidad de Gestión.
Además, este órgano ejecutivo tiene la responsabilidad final sobre el Plan de Industria, la dirección de su seguimiento y la evaluacióń de la implementación de las líneas de acción y de sus mecanismos. Supervisará su gestión, se preocupará por la buena marcha del Plan y recibirá información puntual sobre él.
Así, la Comisión se reunirá al menos una vez al año, y siempre que lo estimen oportuno su presidente o dos de sus miembros. Las propuestas originadas en el seno de esta comisión, previa motivación y con la justificación adecuada, serán elevadas al Consejo de la Industria para su deliberación.
En cuanto al Consejo de la Industria ha acordado la creación de una comisión especifica para abordar de forma consensuada la elaboración del primer borrador de la Ley de polígonos industriales.
Finalmente, la Comisión se reunirá dos veces al año, y siempre que lo estimen oportuno su presidente o dos de sus miembros. Corresponderá a este órgano abordar de forma activa las bases que regirán el borrador de proyecto de ley de polígonos industriales para mejorar el acceso de las empresas al suelo industrial de acuerdo con criterios de sostenibilidad en cumplimiento del acuerdo de Bellver núm. 105.
