Moderada por Rafael Gil, socio fundador de SAWATCO, la mesa ha contado con Alfredo Cadórniga (EREN Castilla y León), José Luis González (Ayuntamiento de Tordoia/ESIPE) y Juan Cuevas (ELECNOR), quienes han coincidido en la necesidad de consolidar mecanismos más estables, transparentes y accesibles para que el sector público aproveche plenamente el sistema CAE.
El papel autonómico: gestión, transparencia y potencial
Alfredo Cadórniga, jefe de área en el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), ha valorado el papel del gestor autonómico como catalizador del sistema. “Estoy con el sistema CAE a muerte. Es un sistema fundamental, pero necesitamos más transparencia y una plataforma pública que permita conocer los precios reales del mercado”, ha subrayado.
Cadórniga ha defendido que “las Administraciones Públicas tienen un gasto energético anual de unos 7.000 millones de euros y consumen cerca de 50.000 GWh al año”, lo que supone un potencial de ahorro de casi 1.000 GWh anuales, según la directiva europea de eficiencia energética. “Eso equivale a 140 millones de euros de ahorro. ¿Es interesante o no lo es?”, ha lanzado al auditorio. También ha alertado de las dificultades administrativas y técnicas: “La enajenación de CAEs en el sector público es más compleja. Necesitamos simplificar procedimientos y reforzar el asesoramiento técnico en ayuntamientos medianos y pequeños”.
El caso Tordoia: pioneros en monetizar los ahorros energéticos
Uno de los momentos más destacados de la mesa ha sido la intervención de José Luis González, director general de ESIPE, quien ha relatado el primer caso de éxito en España de subasta de derechos de ahorro energético por parte de una administración local: el Ayuntamiento de Tordoia (A Coruña).
“Cuando redactamos el pliego, no sabíamos que íbamos a ser los primeros. Pero ahora que lo hemos hecho, ya sabemos cómo funciona y lo podemos compartir”, ha explicado. El procedimiento —basado en la Ley de Patrimonio— ha demostrado que es posible monetizar un bien mueble como el ahorro energético: “Diseñamos una subasta pública con criterio único de precio. Esperábamos obtener 105€/MWh y conseguimos 135€, lo cual nos sorprendió muy positivamente”. El proyecto generó un ingreso de 19.000 euros sobre una inversión de 47.000.
González ha advertido que muchos ayuntamientos “desconocen que tienen derecho a monetizar esos ahorros ya generados” y ha alertado de que podrían perderse CAEs por no iniciar los procesos a tiempo. “Hay derechos adquiridos que no se están gestionando. Si no se aprovechan en el plazo de tres años, se pierden”, ha insistido.
La visión del sector privado: colaboración público-privada y certidumbre
Por su parte, Juan Cuevas, responsable de Eficiencia Energética de ELECNOR, ha puesto en valor el papel de los sujetos delegados como socios estratégicos de las Administraciones Públicas. “Existe mucho recorrido en este sector. Nos puede aportar resultados muy buenos”, ha afirmado.
Cuevas ha reclamado más claridad en los procesos de licitación: “Los pliegos deben ser claros y ofrecer seguridad jurídica. Si hay ambigüedad, los licitadores no asumimos riesgos”. También ha señalado la importancia de mejorar la medición energética: “No se puede gestionar lo que no se mide. Muchas administraciones carecen de datos comparables y fiables sobre el rendimiento energético de sus servicios”.
Esta mesa redonda ha dejado claro que el sistema CAE, aunque aún joven, ya ha demostrado su viabilidad para las Administraciones Públicas, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico y financiero. Sin embargo, los ponentes han coincidido en que aún queda trabajo por hacer para homogeneizar criterios entre comunidades autónomas, reforzar capacidades técnicas y facilitar herramientas jurídicas que agilicen los procesos.
Como ha resumido Alfredo Cadórniga: “Si conseguimos movilizar solo el 2% del gasto energético del sector público, el impacto sobre el sistema CAE nacional sería de un 17% del objetivo anual. El potencial está ahí. Solo tenemos que desbloquearlo”.
