Así lo revela el V Informe sobre Movilidad Eléctrica en España, elaborado por OBS Business School, que advierte de un “notable desfase” entre las proyecciones de crecimiento y las metas marcadas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El documento constata que, mientras la Comunidad de Madrid o Cataluña superan de sobra los objetivos intermedios —con un 297,8% y un 122% de cumplimiento respectivamente— otras regiones como Navarra, Aragón o Galicia apenas rondan el 6%–8% del camino hacia la meta de 2030. En términos globales, España ha alcanzado ya un 106,8% del hito de 2025, pero solo un 10,5% del de 2030, lo que evidencia la magnitud del reto.
El informe advierte que, incluso en escenarios optimistas —como replicar el modelo noruego, pionero en penetración de eléctricos—, España no superaría los 2,7 millones de vehículos eléctricos en 2030. En el mejor de los casos, siguiendo un mandato de ventas como el británico (ZEV Mandate), se llegaría a 5,2 millones, todavía por debajo de lo exigido por el PNIEC.
La movilidad eléctrica es uno de los ejes centrales del Pacto Verde Europeo, que fija la neutralidad climática para 2050 y una reducción del 90% en las emisiones de transporte para 2030. Bruselas ha puesto en marcha una batería de normativas: desde la obligatoriedad de instalar puntos de recarga cada 60 kilómetros en la red transeuropea hasta la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035.
El reglamento sobre baterías, el Euro 7 o la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios refuerzan este ecosistema normativo. A ello se suman medidas proteccionistas, como los aranceles a vehículos eléctricos chinos, y la Ley de Materias Primas Críticas, que busca asegurar el suministro de litio, níquel o cobalto.
España: avances normativos, pero retrasos estructurales
A nivel nacional, el informe destaca la aprobación del PNIEC 2023–2030, que eleva de 5 a 5,45 millones la flota eléctrica prevista para final de década. También subraya leyes clave como la de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a implantar Zonas de Bajas Emisiones en 149 municipios, o el Real Decreto que regula la instalación de puntos de recarga en edificios y gasolineras.
Sin embargo, muchas de estas normativas “no se están cumpliendo de forma efectiva” y persiste la falta de seguridad jurídica, según advierte OBS. La esperada Ley de Movilidad Sostenible sigue pendiente, pese al respaldo del 60% de la ciudadanía y del 73% de los jóvenes, que reclaman un marco claro.
Aunque España redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero un 9,4% en 2023, el transporte sigue siendo el mayor responsable: un 32,5% del total. Solo el transporte por carretera supone el 30,1% de las emisiones, con los turismos a la cabeza (65%).
Si bien los vehículos pesados y ligeros redujeron ligeramente sus emisiones, estas categorías han aumentado entre un 25% y un 37% respecto a 1990, lo que refleja la necesidad urgente de electrificar también el transporte profesional y no solo el privado.
El problema de la infraestructura de recarga
Uno de los cuellos de botella señalados por el informe es la falta de puntos de recarga suficientes. Aunque la normativa europea exige un punto de recarga pública cada 60 km en la red principal y al menos 1 millón de cargadores públicos en 2025, España aún está lejos de cumplir esos objetivos.
A la escasez se suma la lentitud administrativa: la instalación de nuevos puntos sigue enfrentándose a trabas burocráticas, a pesar de los intentos por agilizar los permisos. Además, el ritmo de despliegue no compensa el crecimiento del parque eléctrico, lo que genera desconfianza en los usuarios.
Los programas de ayudas, como el MOVES III, han impulsado las ventas, pero su gestión “excesivamente lenta” ha restado eficacia. El informe subraya que el coste total de propiedad de algunos eléctricos ya es más bajo que el de modelos de combustión, gracias al menor gasto en combustible y mantenimiento. No obstante, el precio de compra sigue siendo una barrera para muchos consumidores.
En paralelo, la caída del precio de las baterías y el aumento de la oferta de modelos son factores que juegan a favor de la transición, junto con una creciente conciencia ambiental de la ciudadanía.
América Latina: un espejo para España
El informe dedica un capítulo a América Latina, donde países como Colombia, Chile o México han avanzado en normativas de electromovilidad, aunque con fuertes diferencias entre ellos. España puede mirar hacia esa región no solo como referente, sino también como oportunidad industrial y comercial, dado que varios fabricantes europeos ya han empezado a instalarse allí.
OBS Business School concluye que España está en una “encrucijada decisiva”: o acelera con medidas más efectivas y realistas, o no alcanzará los objetivos de 2030. La clave pasa por combinar incentivos más eficaces, seguridad normativa, mayor inversión en infraestructuras y una estrategia clara para electrificar también el transporte pesado.
En definitiva, aunque el avance es innegable, el país corre el riesgo de que el 2030 llegue demasiado pronto y demasiado vacío de resultados, con una transición a medio gas que comprometería no solo los objetivos climáticos, sino también la competitividad industrial.
