Sin embargo, también advirtieron que sin seguridad jurídica, formación especializada y criterios uniformes, el sistema puede estancarse. “Estamos en un momento dulce del sistema, pero si no dotamos de recursos, claridad y estabilidad normativa, no podremos escalarlo al ritmo que se espera”, se afirmó desde el escenario.
Desde el primer minuto del encuentro quedó clara la idea central: los CAE funcionan, pero ahora necesitan estructura, método y seguridad para consolidarse tanto en el sector público como en el privado.
El sector público quiere dinamizar los CAE pero choca con dudas jurídicas y rigidez administrativa
La parte más relevante de la jornada comenzó con la mesa redonda dedicada al papel del sector público en el sistema CAE. La Administración reconoció su creciente interés en participar y monetizar los ahorros generados por sus proyectos de eficiencia, pero también puso sobre la mesa los obstáculos que siguen sin resolverse.
Mar Blázquez, subdirectora del MITERD, explicó por qué se creó el grupo de trabajo interadministrativo: “En 2024 nos llegaban preguntas de ayuntamientos, ministerios y comunidades autónomas sobre cómo aprovechar los CAE. En 2025 ya no era interés, eran dudas urgentes: quién es el propietario del ahorro, a quién se puede vender o si un contrato de renting o concesión permite monetizarlo”.
El grupo, compuesto por gestores autonómicos, expertos en patrimonio y en contratación pública, ha dado como resultado la nueva guía presentada durante el congreso. Para Blázquez, este documento es un avance, pero no la solución definitiva: “La primera barrera es entender bien el sistema; la segunda, medir y documentar los ahorros correctamente; y la tercera, que quien realiza la inversión pueda recuperar el beneficio mediante la monetización”.
Uno de los grandes frenos está en la Ley de Contratos del Sector Público. “No podemos incorporar la monetización de los ahorros dentro de un contrato de obra tal y como está regulada la ley”, advirtió. Esto afecta especialmente a ministerios y organismos sin caja propia, que no pueden retener el ahorro económico generado.
Desde Galicia, Javier Domínguez, director de Energía del Instituto Enerxético de la Xunta de Galicia, destacó que los CAE ya han permitido ahorrar más de 50 millones de euros en energía para ciudadanos y empresas, pero alertó de que para escalar el sistema es imprescindible reforzar los recursos humanos de los gobiernos autonómicos.
Casos como el de la EMT de Madrid mostraron cómo algunas entidades públicas han encontrado vías para sortear la rigidez normativa. Su responsable de energía, Enrique Diego Bernardo, explicó que utilizaron el régimen de derecho privado para licitar y ceder sus ahorros energéticos: “Sacamos adelante una licitación que nos permite ceder los CAE del 2024 hasta 2030. Creemos que este modelo puede inspirar a otras empresas públicas”.
La mesa concluyó con una idea compartida: ahora que la guía existe, el siguiente paso es difundirla, formar a técnicos y secretarios municipales, desarrollar modelos contractuales y explorar cambios normativos que permitan integrar los CAE de forma estable en el sector público. “Si el próximo congreso venimos con nuevas experiencias y no sólo con ideas, significará que hemos pasado de la teoría a la práctica”, se dijo en el cierre.
La industria celebra el crecimiento del sistema pero exige seguridad, agilidad y ampliación del marco regulatorio
Tras la mesa pública, el panel giró hacia el ámbito industrial, donde el sistema CAE se percibe como una herramienta real de competitividad. Las cifras lo confirman: “En 2023 tuvimos nueve expedientes; este año superamos los 2.300. No es crecimiento, es una explosión”, afirmó Adrián Ruiz Soriano, , jefe de área en la Subdirección de Eficiencia y Acceso a la Energía del MITERD, destacando que más de 3,8 TWh de ahorro energético se han solicitado sólo en los primeros meses de 2025, tres cuartas partes provenientes de la industria.
Cataluña y Galicia fueron citadas como ejemplos de despliegue administrativo. Antonia Sentias, técnica de Eficiencia Energética del GENERCAT y Gestora Autonómica de CAEs del ICAEN, señaló que en Cataluña se han tramitado más de 500 expedientes y 570 GWh de ahorro: “El 96% son actuaciones con fichas estandarizadas, pero el 4% de proyectos singulares supone el 30% del ahorro total”.
Sin embargo, el panel evidenció tres preocupaciones claves en la industria y empresas energéticas:
- Incertidumbre regulatoria sobre quién será considerado gran consumidor de energía y si se podrán incluir tecnologías vinculadas a combustibles fósiles.
- Complejidad administrativa y verificación desigual entre comunidades autónomas.
- Plazos largos y falta de digitalización en trámites y emisión de dictámenes.
“Necesitamos acortar plazos, homogeneizar criterios y tener seguridad jurídica a largo plazo”, insistió Lola Golmayo, directora de Ventas de Grandes Cuentas de Naturgy. Rita Vera, Sales Manager de ENGIE, defendió que la preverificación debería extenderse a proyectos estandarizados de gran escala: “Cuando una industria va a invertir millones, necesita saber si su medida será CAE o no antes de ejecutarla”.
Desde el ámbito de la verificación, Raúl Mateo, Business Developer en Control Union, alertó: “Muchas pymes ni saben que sus medidas de ahorro pueden generar CAE. Y cuando llegan, la documentación es heterogénea y retrasa todo el proceso. Necesitamos guías, plantillas y casos de éxito públicos”.
Kepa Solaun, CEO de Global Factor, subrayó que los CAE están siendo “una tabla de salvación para industrias que no pueden acceder fácilmente a crédito”, y pidió estabilidad normativa y visiones a largo plazo: “No hay conflicto entre descarbonización y competitividad si el sistema está bien diseñado. El problema no es el mecanismo, sino la incertidumbre”.
El Congreso dejó clara una conclusión común entre administraciones y empresas: el sistema CAE no es una promesa, es una realidad en expansión. Pero para no frenarlo justo en su fase de despegue, se necesita seguridad jurídica, formación, recursos humanos y marcos normativos que permitan que el ahorro generado vuelva a quien lo impulsa.
Los CAE han abierto una oportunidad única para financiar eficiencia, reducir consumo y activar economía, tanto en el sector público como en el industrial. Ahora, los actores implicados reclaman que esa oportunidad no se pierda por rigideces legales o falta de claridad. Como se dijo en la clausura, “si queremos que esto vaya más rápido, no basta con la guía: necesitamos decisiones”.
