“Tenemos identificados los problemas, tenemos las soluciones tecnológicas y las herramientas de colaboración, pero nos falta un marco regulatorio uniforme que nos permita actuar con agilidad y eficacia”, afirmó Juan Luis Castillo, director territorial de Aqualia en España.
Julián Núñez, presidente de SEOPAN, ofreció una visión global y preocupante del panorama actual. Mientras países como China han aumentado su esfuerzo inversor en infraestructuras un 28% desde 1970, en Europa ha descendido un 26%, y “España ha soportado el 50% del ajuste fiscal en forma de reducción de inversión pública tras la crisis financiera”. Esta pérdida ha generado un déficit acumulado que, según SEOPAN, requerirá 350.000 millones de euros de inversión en la próxima década.
Núñez desglosó estas cifras en cuatro grandes áreas: transporte (85.000 millones), agua (105.000 millones estimados con TIPSA), energía (34.000 millones) y modernización de infraestructuras existentes (113.000 millones). En todos los ámbitos, destacó la necesidad de adaptación urgente a las nuevas exigencias climáticas, tecnológicas y sociales.
El agua fue identificada por varios ponentes como el mayor reto. Juan Luis Castillo subrayó que “el 75% del territorio español está sometido a un elevado estrés hídrico” y que gran parte de los planes hidrológicos para el periodo 2022-2027 —con una inversión de 22.500 millones de euros— buscan corregir décadas de abandono en abastecimiento y depuración. “Cada año pagamos penalizaciones a la UE por no cumplir con el tratamiento adecuado de aguas”, advirtió.
Castillo señaló que si bien España tiene tecnología y empresas líderes mundiales en desalinización y reutilización, “solo se ejecuta un tercio de la inversión anual necesaria en renovación de redes municipales”, lo que implica ciclos de reposición de hasta 330 años en algunos sistemas.
Desde la industria de materiales, Alan Svaiter, CEO en España de Votorantim Cimentos, ofreció una visión ligeramente más positiva: “El mercado de cemento empieza a mostrar signos de recuperación y podría crecer un 5% este año”, afirmó. Sin embargo, alertó de que el consumo per cápita en España aún es bajo comparado con países vecinos, y señaló un gran margen para crecer: “Tenemos un 40% de capacidad ociosa en nuestras plantas, listas para atender esa demanda potencial”.
José Antonio Madrazo, director de construcción de FCC, fue rotundo al señalar que “las infraestructuras no son un fin en sí mismo, sino una necesidad para el desarrollo social e industrial”. Criticó duramente el actual modelo de financiación y contratación, tildándolo de “obsoleto”, y reclamó una reforma urgente para facilitar nuevas formas de colaboración público-privada. “No hay otra forma viable de afrontar las necesidades de inversión sin este modelo”, sentenció.
Además, alertó sobre la pérdida de talento y la falta de adaptación de los costes reales de digitalización en la contratación pública: “Digitalizar una infraestructura necesita talento y recursos que ahora no se están contemplando. Y sin talento, no hay tecnología que valga”.
La conclusión de la mesa fue unánime: la próxima década es crítica para que España corrija el déficit inversor y modernice sus infraestructuras para estar a la altura de los desafíos climáticos, sociales y económicos. La hoja de ruta pasa por cuatro ejes: inversión sostenida, eficiencia en la gestión, innovación tecnológica y un nuevo marco regulatorio que favorezca alianzas entre el sector público y privado.
