El 9 de abril el gobierno de Italia propuso un nuevo CEO, Lorenzo Mariani, en sustitución de Roberto Cingolani; y un nuevo presidente, Francesco Macrí, para relevar a Stefano Pontecorvo, en el campeón nacional de la defensa del país transalpino, Leonardo. Una compañía participada por el Estado italiano en un 30,2% y en la que los mandatos del primer ejecutivo son por tres años y los relevos o confirmaciones se producen a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas.
El 1 de abril, el anterior presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, presentaba su dimisión tras la comunicación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, de que no seguiría analizando la compra de EM&E mientras no se resolviera el conflicto de intereses creado por ser el copropietario de la empresa que se iba a integrar. El consejo de la multinacional española de tecnología y defensa nombró a Ángel Simón como nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, a propuesta de la SEPI, principal accionista con el 28% de los títulos.
También este mes de abril, el próximo día 23, Kongsberg Maritime debutará en la Bolsa de Oslo después de que el grupo noruego Kongsberg decidiera escindir su división naval, que operará como una compañía independiente de la división de defensa –Kongsberg Defence & Aerospace– y de Kongsberg Discovery. El grupo está controlado por el Estado noruego, que es su principal accionista con el 50,004%, tanto en el grupo matriz como en la nueva compañía escindida.
Estados Unidos en L3Harris
Son algunos de los movimientos que los Estados están llevando a cabo de forma creciente en el accionariado de sus empresas de defensa en el actual contexto geopolítico que ha redoblado los esfuerzos en la seguridad nacional y la autonomía estratégica de los países, especialmente en Europa. Pero, incluso el propio ejecutivo de Estados Unidos ha pasado de confiar en la plena libertad del mercado a intervenir en su industria de materias primas estratégicas a través de la toma de acciones o derechos de veto, para asegurarse el aprovisionamiento, la autonomía y el mantenimiento de centros de producción y empleos en el país norteamericano. Y, en un paso más allá, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró a CNBC el pasado agosto que el gobierno podría adquirir participaciones en importantes proveedores de defensa, como Lockheed Martin. Un giro histórico. Aunque aún no se ha dado ese paso en las acciones del gigante de Maryland, la compañía número 1 del mundo por ingresos en el sector, era la primera vez que un alto cargo estadounidense miembro del gabinete abría la puerta a la participación del país estadounidense en sus empresas de defensa.
Un anuncio que sí se ha hecho ya realidad en otra compañía. El pasado mes de diciembre el ejecutivo de Donald Trump cerró un acuerdo con L3Harris, empresa de defensa con una capitalización de mercado de más de 65.000 millones de dólares (unos 55.150 millones de euros), en la que invertirá 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) en su negocio de motores de cohetes, que se utilizan en sistemas de misiles. Según los términos de la inversión, la compañía lanzará en la segunda mitad de este 2026 una oferta pública inicial (Initial Public Offering, IPO —lo que en España conocemos como Oferta Pública de Venta, OPV—) de su negocio de misiles, momento en el que la inversión del Pentágono se convertirá en acciones de esa división escindida.
Francia y Bélgica en John Cockerill Defense
Antes se había asistido a movimientos similares en Europa. En 2024, los Estados de Francia y Bélgica se hacen con un 10% del accionariado de la belga John Cockerill Defense, para evitar que su compra de la francesa Arquus dejara al país galo sin control sobre sus blindados.
Y es que Arquus era la antigua francesa Renault Trucks Defense, que había sido adquirida por la sueca Volvo. Cuando esta última decidió venderla a la belga, el Estado francés, en el actual contexto geopolítico, quiso volver a tener presencia directa en la compañía en un movimiento conjunto con el Estado belga.
España en Indra
El año anterior, en 2023, el Estado español, a través de la SEPI, culminó su aumento de participación en Indra hasta el 28%. La multinacional de tecnología y defensa nació en 1993 por la fusión de una empresa pública (Inisel) y otra privada (Ceselsa) en la que el Estado español era el principal propietario vía el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI). Tras ser saneada, salió a bolsa en 1999, abandonando el Estado su presencia en el accionariado.
Sin embargo, en 2013 el gobierno de nuestro país inició un camino de retorno a Indra. Ese año el Estado, a través de la nueva SEPI, compra la participación de Bankia, que era del 20,1%. Un porcentaje de propiedad que después se diluyó hasta el 18,7%. Pero el cambio de estrategia ocurrió en febrero de 2022, cuando el gobierno autorizó a la SEPI a incrementar su presencia hasta el 28% de los títulos (actualmente posee un 27,99%). Se quiere crear el campeón nacional de defensa que asegure la soberanía estratégica y sea capaz de competir con los gigantes europeos del sector.
Alemania en Hensoldt y TKMS
Anteriormente, en 2021, el Gobierno alemán entró en el accionariado de Hensoldt con una participación de bloqueo (25,1%) en manos del fondo de inversión estadounidense KKR. Ante la salida de los norteamericanos, el Estado germano temía que esta compañía, estratégica por su tecnología de sensores, cayese en manos chinas o de fondos soberanos de países como Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes Unidos. Con ese movimiento, Alemania se aseguró el control sobre las decisiones de Hensoldt. Poco después, Leonardo (controlada por el Estado italiano como se ha mencionado antes) compró a KKR otro 25,1% de las acciones. Se creó de esta forma un eje público binacional italo-germano, que controla el 50,2% de la compañía.
Y actualmente el Estado alemán negocia, a través del banco público KfW, la compra de una participación de bloqueo minoritaria (25,1%) en la nueva ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), el mayor constructor naval de Alemania (especializado en submarinos y fragatas). Es la antigua división de defensa del grupo ThyssenKrupp, que decidió sacarla a cotización en octubre de 2025 y en la que mantiene un 30% que desea vender.
A su vez, la matriz tiene como mayor accionista (21%) a la Fundación Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, sin ánimo de lucro y que actúa como guardián de estabilidad de la empresa con una estrecha relación con el gobierno.
Cambio de tendencia
Y es que la invasión rusa de Ucrania ha hecho percibir a la potencia presidida por Vladimir Putin como una amenaza creciente para Europa, al tiempo que la Administración Trump cuestiona a los socios europeos de la OTAN; incluso ha llegado a poner en entredicho el sentido actual de la propia organización. Lo que ha llevado a los Estados del Viejo Continente a reforzar su presencia directa en las principales empresas de su industria de defensa como accionistas, especialmente para frenar las compras extranjeras; o con golden share (acciones que les proporcionan derechos de veto) en el caso de Reino Unido. Una opción menos usada actualmente en la Unión Europea por las limitaciones que introdujo el Tribunal de Justicia de la UE.
De una u otra forma, se trata de un movimiento de retorno a una mayor presencia directa en esta industria tras las liberalizaciones de las décadas de los 90 y los 2000, para blindar la seguridad nacional e incrementar la autonomía estratégica y el control de la industria en un sector especialmente sensible.
China
En el tablero geopolítico mundial de bloques, China ha mantenido la política de control estatal sobre sus empresas del sector, propia de un régimen comunista. AVIC, CETC, Norinco, CSSC, CASC, AECC, CSGC y CNNC son las más importantes incluidas en el SIPRI Top 100 2024 (último publicado), el ranking mundial de compañías de defensa elaborado por el Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Las matrices de todas ellas son 100% propiedad del Estado, aunque para captar capital y tecnología, estas superestructuras tienen decenas de filiales que cotizan en las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong.
Rusia
La Rusia de Putin ha concentrado el control de sus compañías de defensa con sus reformas a lo largo de la última década. La distinción entre empresa y Estado es casi inexistente. Así, Rostec, el gigante del país, es la séptima potencia del mundo según el ranking del Sipri, solo superada en Europa por la británica BAE Systems. Es una superestructura de propiedad 100% estatal que agrupa a más de 800 firmas: bajo su paraguas está, por ejemplo, United Aircraft Corporation (integrando las marcas de cazas Sukhoi y MiG) y holdings de motores y helicópteros.
Por su parte, Almaz-Antey, especializada en defensa aérea (S-400) también es 100% propiedad del Estado; así como United Shipbuilding Corporation (construcción de buques de guerra y submarinos), aunque su gestión está cedida durante cinco años (desde 2023) al banco público VTB para su saneamiento financiero.
Israel
Un dominio que también mantienen países estratégicos, como Israel y Turquía. El Estado judío sigue siendo a día de hoy el único propietario de Israel Aerospace Industries (IAI) y Rafael Advanced Defense Systems, aunque el gobierno ha acelerado sus planes para sacar a la Bolsa de Tel Aviv un 30% de IAI a finales de este año o principios de 2027. Además, conservará una golden share.
No obstante, cuenta con empresas privadas de éxito y de peso significativo, como Elbit Systems, que adquirió Israel Military Industries (IMI Systems), fabricante de municiones, en 2018 al ser privatizada por el gobierno israelí. Antes de esta operación, el ejecutivo del país hebreo había escindido la división más crítica, la de los motores de cohetes de largo alcance para satélites y misiles, convirtiéndola en una nueva empresa también 100% estatal que rebautizada como Tomer y en la que se mantiene en la actualidad como único propietario.
Turquía
En el caso turco, Aselsan es el buque insignia del país, controlado por la TSKGV (Fundación para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Turcas) que posee el 74,2% de las acciones. El restante 25,8% cotiza en la Bolsa de Estambul. Esta fundación está presidida por el propio presidente de la República, por lo que el control es del Estado.
Por su parte, Turkish Aerospace Industries (TAI) está controlada por la misma TSKGV en un 54,5% y por el Estado (vía SSB, la Presidencia de las Industrias de Defensa, que esla agencia gubernamental de adquisiciones y suministros militares) en un 45,4%.
Por su parte, Roketsan (misiles) es propiedad también de la TSKGV (55%) y otras empresas de dependencia pública como la citada Aselsan y MKE. Esta última se transformó en una sociedad anónima, pero su capital sigue siendo 100% del Tesoro público, operando bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional. Y Asfat es 100% propiedad del mismo ministerio.
Como en Israel, hay una excepción: Baykar, 100% privada (propiedad de la familia Bayraktar), muy influyente por sus drones TB2 y tercera empresa del país por ingresos (por detrás de Aselsan y TAI) y que ocupa el puesto 73 del ranking mundial del Sipri. No obstante, Selçuk Bayraktar (yerno del presidente Recep Tayyip Erdogan) es no solo un empresario sino un actor político clave en el país (suena como su sucesor), lo que difumina la línea entre lo privado y lo estatal en Turquía.
Europa
Entre las grandes potencias europeas, Francia e Italia nunca han llegado a abandonar la presencia de capital público en su industria de defensa, mientras que Reino Unido llevó a cabo un proceso de privatizaciones en el que no ha retrocedido, aunque se reserva las golden share. España hizo el viaje de ida y vuelta en Indra citado anteriormente y Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, no ha tenido presencia en sus empresas del sector hasta la mencionada entrada en Hensoldt para salvarla de caer en manos foráneas y la participación que pretende adquirir en TKMS por el mismo motivo.
En los países del Este, dos casos contrapuestos: la polaca PGZ, 100% estatal; una sociedad anónima bajo el control del Tesoro de Polonia, fundada en 2013 para consolidar más de 50 empresas públicas de defensa, con un fuerte crecimiento (puesto 51 en el mundo en el último ranking del Sipri) por el plan de modernización militar de Polonia frente a la amenaza rusa. Y es el socio obligatorio para cualquier gigante extranjero, como la coreana Hanwha y la estadounidense Lockheed Martin, que quiera fabricar en Polonia.
En el polo opuesto, la checa Czechoslovak Group (CSG), un caso de éxito 100% privado que ha roto todos los esquemas del sector en tiempo récord. Pertenece al joven multimillonario checo Michal Strnad (hijo del fundador), quien con tan solo 33 años de edad posee el 84,78% de la empresa tras su reciente salida al mercado bursátil el 23 de enero de 2026 (la mayor de una empresa de defensa en la historia de la Bolsa de Ámsterdam –Euronext–). La compañía se valoró inicialmente en 25.000 millones de euros y solo puso a la venta un 15,22% de las acciones. En la primera jornada se revalorizaron un 30% y ha escalado hasta el puesto 46 en el último ranking mundial del Sipri. Hace pocos años ni siquiera aparecía en esta clasificación.
Este es un resumen de la participación y herramientas de control de los Estados europeos en sus principales empresas de defensa:
Transnacionales
Airbus: tres Estados controlan el 25,8%: Alemania el 10,9%, Francia el 10,8% y España el 4,1%.
MBDA: es propiedad de Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) y Leonardo (25%). Es decir, participan los Estados italiano, alemán, francés y español.
KNDS: joint venture entre la francesa GIAT Industries, sociedad holding 100% propiedad del Estado francés; y la alemana Wegmann & Co, que es privada (propiedad de la familia Bode-Wegmann).
Nammo (Nordic Ammunition Company): grupo aeroespacial y de defensa noruego-finlandés, el que el Estado de Noruega, representado por el Ministerio de Comercio, Industria y Pesca, tiene el 50%; y la empresa finlandesa Patria (que, a su vez, pertenece al Estado finlandés y a la compañía noruega Kongsberg) tiene el otro 50%.
John Cockerill Defense: El Estado belga (a través de la entidad pública Société Fédérale de Participations et d’Investissement –SFPIM–) y el Estado francés (a través de la pública Agence des Participations de l’État –APE–) poseen cada uno un 10%.
Francia
Thales Group: el Estado tiene 25,7% a través de la APE, votos dobles por antigüedad de las acciones y un pacto con la familia Dassault (propietaria mayoritaria de Dassault Aviation y accionista de Thales con el 24,6%) que le otorga la mayoría.
Dassault Aviation: un 63% pertenece al Grupo Industrial Marcel Dassault (GIMD), propiedad de la familia Dassault. Y Thales Group (participada en un 25,7% por el Estado) posee un 24,6%. Además, el Estado francés tiene un derecho de veto similar a las golden share sobre cambios en el accionariado que pongan en riesgo la soberanía nacional.
Safran: el Estado francés posee un 11,2% y derechos de voto doble por antigüedad de las acciones.
Naval Group: el Estado galo tiene el control con el 62,3% de la propiedad de forma directa. Además, Thales, participada también por capital público, posee otro 35% de las acciones.
unos 2.300 empleados y un centro de I+D. Firma: Safran
Alemania
Hensoldt: el Estado posee el 25,1% (con derecho a veto) a través del banco público Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Rheinmetall: sin participación pública, 100% de capital flotante en bolsa.
Reino Unido
BAE Systems: 100% privada y sin participación estatal, pero con una golden share con capacidad de veto de compras superiores al 15% de las acciones, ningún inversor extranjero puede superar el 15% del capital y la mayoría del consejo incluyendo CEO y presidente han de ser de nacionalidad británica.
Rolls-Royce: es 100% privada pero el Estado tiene una golden share por la importancia crítica de su división de propulsión nuclear. Nadie puede comprarla sin aprobación del gobierno, ningún inversor extranjero puede superar el 15% del capital y la mayoría del consejo incluidos el CEO y el presidente deben ser británicos.
Babcock International: El Estado no tiene participación accionarial ni acción de oro, aunque el gobierno ejerce un control férreo, operativo e indirecto, mediante contratos y regulaciones sobre sus astilleros de Devonport y Rosyth, vitales para la Royal Navy.
Suecia
Saab: es completamente privada, siendo el propietario mayoritario la familia Wallenberg a través de Investor AB con un 30%.
Finlandia
Patria: El Estado finés es el propietario mayoritario con el 50,1%, formando un eje nórdico en alianza con la noruega Kongsberg Defence & Aerospace (perteneciente al grupo Kongsberg, en el que el Estado noruego es el accionista principal), que posee el 49,9% restante.
Noruega
Kongsber: El Estado noruego, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca, posee el 50,004% de las acciones. El resto de la compañía cotiza en bolsa. La división marina, Kongsberg Maritime, se estrena en bolsa el 23 de abril de 2026 y se escinde del grupo. El Estado noruego conservará en ella también el 50,004% de la propiedad.
Italia
Leonardo: el Estado italiano es el principal accionista con el 30,2% a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fincantieri: El Estado posee el 71,3% a través de CDP Equity (sociedad holdingcontrolada por la Cassa Depositi e Prestiti, brazo inversor del Estado italiano).
España
Navantia: es totalmente pública, propiedad 100% del Estado a través de la SEPI.
Indra: el Estado es el primer accionista con el 28%, a través de la SEPI.
República Checa
CSG Group (Czechoslovak Group): 100% privada, propiedad en una 84,78% de Michal Strnad (hijo del fundador).
Polonia
PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa): 100% controlada por el Estado, con una estructura de super holding que agrupa a casi toda la industria nacional.
