“Ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario a las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales”, dijo.
La vicepresidenta se refería así a las alegaciones presentadas por España a la propuesta del colegio de comisarios y a la carta suscrita junto con Austria, Dinamarca y Luxemburgo, en el que los cuatro países exponían su rechazo a incluir el gas y la energía nuclear en la Taxonomía. El criterio aplicado al gas, de no emitir más de 270 gramos de CO2/kWh, está por encima de las recomendaciones del IPCC y la AIE y eliminaría de facto el principio de “no causar daño significativo” (DNSH por sus siglas inglesas) establecido en la primera propuesta de Taxonomía, fijado precisamente en ese nivel de emisión.
En el caso de la nuclear, el impacto negativo de los residuos radiactivos de alta actividad está sobradamente documentado y es incompatible con el DNSH. El tratamiento de dichos residuos acarrea unos costes muy elevados y todavía carecemos de una solución probada y definitiva para ellos, tras 60 años de uso de la tecnología. Por añadidura, accidentes como Chernobyl o Fukushima son referentes claros sobre los riesgos de la energía nuclear.
España, en suma, considera que la propuesta de la Comisión emite una muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia tecnología realmente sostenible y con poco riesgo. Además, advierte de que puede reducir significativamente la inversión en fuentes incuestionablemente limpias, de modo que supone una amenaza para el proceso de transición energética y la consecución de los objetivos europeos de descarbonización.
Con relación a la escalada de precios de la energía y el agravamiento de la situación de crisis en Ucrania, España ha insistido en la necesidad de desarrollar mecanismos que protejan a los consumidores de la volatilidad de las materias primas en los mercados internacionales, más allá de las propuestas de la Comisión desglosadas en su Comunicación Toolbox.
“Vamos a insistir, una vez más, en la importancia de que la UE se plantee en el plan de emergencia qué medidas excepcionales se pueden adoptar en el contexto regulatorio para que esa situación tan complicada respecto al gas no impacte de una manera tan desorbitada también sobre los precios de la electricidad”, señaló Ribera.
Las propuestas de la Toolbox se basan en las transferencias económicas procedentes de los presupuestos públicos y de los consumidores con rentas elevadas hacia los consumidores vulnerables y la industria. Por lo tanto, sólo pueden aplicarlas determinados estados, de modo que generan desigualdad, distorsionan la competencia e, incluso, fomentan la deslocalización hacia los países con más cobertura, atentando contra de la unidad de mercado.
La reunión informal convocada por la presidencia francesa de turno analizó en su reunión de este viernes el papel de los impactos del paquete normativo del Fit for 55% -que fija el compromiso comunitario de reducción del 55% de emisiones de CO2 para 2030- en la vida de los ciudadanos europeos y los retos que representa en términos de equidad y justicia social. La transición hacia la descarbonización de la economía europea debe ser justa y “sólo tendrá éxito si contamos con el respaldo de la ciudadanía y somos capaces de mostrarles los beneficios y oportunidades de este proceso”, ha subrayado la vicepresidenta.
España considera que la propuesta de la Comisión sobre la Transición Justa proporciona una base sobre la que trabajar, si bien plantea algunas preocupaciones basadas en la equidad social y el reparto equitativo del esfuerzo para los países y sectores, además de igualar la cohesión climática de los impactos y riesgos entre el sur y el norte de Europa. Por ejemplo, considera que se debe estudiar con prudencia la aplicación del mercado de CO2 al transporte y la edificación, o que debe analizarse mejor el reparto del esfuerzo adicional de absorción de CO2 entre los estados miembro.
España cree imprescindible que el esquema legislativo en el que pretende avanzar la Comisión respete las particularidades de cada región, permita flexibilidad a los estados miembros y facilite los fondos suficientes para garantizar una transición inclusiva y la adaptación de los trabajadores y profesionales a los nuevos modelos de negocio en todos los sectores.
Uno de esos sectores sobre los que hoy debatió el consejo informal es el de los bosques y la madera. Los representantes de los estados miembros y de la Comisión analizaron su papel en las políticas ambientales, energéticas y climáticas de la UE en tanto que sumideros de carbono y elementos clave para construir resiliencia frente al calentamiento global con soluciones basadas en la naturaleza, o sus usos e implicaciones desde el punto de vista energético como biomasa.
La posición española pone el acento en la necesidad de fijar incentivos económicos y fiscales para conservar los bosques maduros por su capacidad para secuestrar el CO2 y como protectores del suelo y garantes de biodiversidad, así como activar la gestión forestal para una silvicultura sostenible, de gran valor añadido y generadora de empleo, capaz de dinamizar los entornos rurales en riesgo de despoblación.
En todo caso, entiende que debe acelerarse el desarrollo de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética para que los consumidores puedan beneficiarse cuanto antes de sus ventajas y se reduzca la dependencia de la UE de las importaciones energéticas y la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.
