La concesión de las ayudas estará condicionada a la implantación en España de los desarrollos, con una inversión mínima de 500.000 euros por proyecto. Las características de la convocatoria están disponibles en la web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO, que será el encargado de gestionar estas ayudas que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 8 de septiembre hasta el 7 de noviembre de 2023 (a las 17:00 horas). Entre los criterios de adjudicación, se valorará la participación de pymes, el impacto positivo en zonas de Transición Justa, la reducción de emisiones y la creación de empleo.
Podrán ser objeto de ayudas empresas y asociaciones empresariales; consorcios y agrupaciones empresariales con al menos una pyme participante; el sector público institucional; entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones y Universidades Públicas; y los centros tecnológicos, así como los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal.
La adjudicación de las ayudas se realizará atendiendo a las características técnicas, esto es, se incluirá la relevancia de los objetivos del proyecto, el nivel de madurez de la tecnología y el grado de innovación aportado. Se valorará que contribuya a la consecución de los objetivos correspondientes del PRTR en el marco del componente 9.
Por otra parte, la viabilidad económica, se valorará la provisión de una mayor financiación privada en el proyecto por cada euro de financiación pública; la viabilidad del proyecto, se valorará la concreción de objetivos técnicos fijados, la metodología y el plan de trabajo, la fortaleza del equipo de trabajo (capacidad y experiencia), la colaboración entre el sector empresarial y la comunidad científica, la participación de pymes y el grado de avance en la obtención de los trámites administrativos y permisos necesarios; la escalabilidad tecnológica y potencial de mercado: se valorarán criterios de replicabilidad/escalabilidad, potencial de mercado de las nuevas tecnologías o de creación y divulgación del conocimiento adquirido en el proyecto; así como externalidades, se valorará el impacto positivo en zonas de Transición Justa, la reducción de emisiones y la creación de empleo, entre otras.
Los beneficiarios contarán con un plazo máximo de 36 meses para la ejecución de las actuaciones a partir de la fecha de notificación de la resolución definitiva de concesión de la ayuda, y de tres meses para la justificación de la actuación desde que expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de las actuaciones.
