FORMACIÓN E INDUSTRIA

El Ejecutivo aprueba una ley de Formación Profesional que ajusta el perfil profesional a la demanda empresarial

El Consejo de Ministros aprobó ayer 7 de septiembre la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que consolida una oferta formativa única, flexible y acreditable, dirigida a estudiantes y trabajadores. La norma lleva anexada una memoria económica de 5.474 millones de euros, de los cuales 1.550 provienen de los Fondos de Recuperación y Resiliencia europeos.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, calificó la futura ley como “un proyecto de país, transformador y modernizador” que mejorará la vida de los ciudadanos. Además, agradeció el trabajo de su antecesora, Isabel Celaá, quien presentó la norma el pasado 15 de junio.

Alegría destacó que el documento se ha perfeccionado con las numerosas aportaciones de la comunidad educativa, empresarios, sindicatos y comunidades autónomas, con quienes se desarrolló un intenso proceso de diálogo y negociación. La ministra apeló a los grupos parlamentarios para que el Congreso de los Diputados apruebe la ley con el mayor consenso posible.

La ministra destacó que toda la Formación Profesional (FP) se integra en un sistema único organizado por grados y dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto ocupados, como desempleados, para que puedan programar itinerarios formativos en función de sus expectativas y necesidades. “Terminamos con ese doble modelo que existía de una formación profesional educativa y una formación profesional para el empleo y dotamos a nuestro país de un sistema único sin apellidos, mucho más flexible y mucho más accesible”, remarcó.

Alegría explicó que las reuniones con las organizaciones empresariales y sindicales están permitiendo determinar de antemano qué profesionales va a demandar el tejido productivo, por lo que la nueva FP posibilitará que las empresas puedan obtener los perfiles profesionales que necesiten.

Toda la formación será dual. Es decir, se garantiza que todos los estudiantes de FP van a tener posibilidad de un periodo de formación y de prácticas en la empresa. La ministra concretó que la FP general tendrá un periodo de prácticas de entre el 25% y el 35% y la FP intensiva de un 35% a un 50%. En esta última modalidad existirá una vinculación contractual remunerada del estudiante con la empresa.

Alegría también subrayó que la oferta educativa está vinculada con la digitalización, con la internacionalización, con el emprendimiento y con la sostenibilidad. A lo largo de estos dos años, recordó, el Gobierno ha puesto en marcha 25 nuevas titulaciones acorde a los sectores emergentes.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

La titular de Educación explicó que cada ciudadano irá adquiriendo formación entre los distintos itinerarios que plantea la FP, que sumará a su “mochila formativa”, y dispondrá un servicio de orientación profesional.

Las comunidades autónomas podrán adaptar la formación a la realidad del tejido productivo de cada uno de sus territorios e introducir complementos formativos propios.

La norma regula la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas, en ambos sentidos y trabajar en proyectos conjuntos.

Otro aspecto destacado por la ministra es que se mejora la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El Gobierno prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en los próximos tres años, frente a las 300.000 que lo hicieron con el modelo anterior.

Nuevas plazas de FP

La ministra resaltó que con el proyecto de Formación Profesional aprobado por el Consejo de Ministros se reducirán las tasas de desempleo juvenil que, en la actualidad, se sitúan en el 35%. “Impulsar la formación profesional es la mejor manera de invertir en modernización de economía y reducir el desempleo juvenil”, dijo.

Afirmó que el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de poner en marcha 200.000 plazas de FP en cuatro años. Ya ha financiado 120.000 en el curso 2020/2021, otras 60.000 se financiarán en el curso 2021/2022 y el resto se pondrán en marcha antes de 2023.

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