“La Ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial. Aportará modernización, certidumbre y eficiencia. Tenemos un gran objetivo que es la reindustrialización. Esta ley tiene vocación al servicio del país y buscaremos el máximo consenso con los grupos políticos. España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización”, ha señalado el ministro Jordi Hereu.
La actual Ley se promulgó en 1992 y en muchos aspectos ha quedado desfasada. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica tiene como objetivo impulsar una nueva estrategia industrial para incrementar el peso de la industria en la economía española y el empleo, mejorar su competitividad y resiliencia y hacer posible su contribución a los objetivos de descarbonización de la economía y de transformación digital.
La nueva ley consolida y refuerza los instrumentos en los que se basa la participación de la industria española en el mercado interior europeo manteniendo entre sus objetivos la garantía y protección de la libertad de establecimiento de empresas industriales, la protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa, la promoción y control de la seguridad y calidad industriales y la regulación del régimen general de responsabilidad de la actividad industrial.
Además, la Ley incorpora nuevos objetivos alineados con la estrategia industrial europea:
- La planificación y promoción de una mayor autonomía estratégica, resiliencia, salvaguardia y crecimiento de la base industrial.
- El fomento del talento y la cultura industrial, la protección de la propiedad industrial y su uso estratégico, la adopción de tecnología e innovación (incluyendo tecnologías limpias).
- El impulso de ecosistemas, proyectos tractores y estratégicos.
- El crecimiento y la internacionalización de la empresa industrial.
- El fomento de un entorno favorable al desarrollo de empresas industriales y a su adaptación a los cambios estructurales, especialmente en las pymes.
- El fortalecimiento institucional y el impulso de la participación de los agentes sociales, el diálogo social y la negociación colectiva.
- La transformación digital del sector industrial, incluyendo a los servicios, infraestructuras y otras actividades relacionadas.
- La transformación hacia una industria de cero emisiones netas de aquí a 2050, compatibilizando la actividad industrial con la protección del medio ambiente, la transición energética y la descarbonización de la economía. Estructura y elementos de Gobernanza
La Ley recoge diferentes elementos para la Gobernanza:
- – La Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica es el documento que contiene las líneas generales y directrices básicas de la política industrial. Esta estrategia se elaborará tras un proceso de consultas con comunidades autónomas y agentes económicos y sociales.
- – El Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica es el instrumento del Gobierno para el desarrollo y consecución de los objetivos de la estrategia. Su vigencia será de tres años. Incluirá programas de mejora de la competitividad industrial, digitalización, innovación, entornos colaborativos, formación y autonomía estratégica.
- – Se crea el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) como órgano consultivo, que coordinará las acciones de la AGE en el desarrollo del PIAE. Formarán parte del Consejo los representantes de los departamentos ministeriales que se definan reglamentariamente con rango mínimo de Secretario de Estado o Subsecretario.
- – La Conferencia Sectorial de Industria y PYME es el órgano de cooperación entre la AGE y las CCAA en los ámbitos regulados en esta ley.
- – El Foro de Alto Nivel de la Industria Española es un órgano colegiado con autonomía funcional que asesorará al MINTUR en el diseño de las políticas del Gobierno en materia de política industrial y autonomía estratégica. Su composición se determinará mediante orden ministerial y será mixta, integrada por representantes el MINTUR y de los agentes económicos y sociales del sector industrial de ámbito nacional.
Otras medidas de la Ley
Se reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas). El Gobierno establecerá medidas de apoyo que faciliten la descarbonización de sus procesos y su transición energética. Las instalaciones industriales que se acojan a estas medidas deberán disponer de un plan de eficiencia energética y transición ecológica a largo plazo, que describa la senda de descarbonización de la instalación.
La nueva ley dota a los grandes proyectos industriales de una nueva herramienta destinada a facilitar y acelerar la implementación de la inversión industrial.
Se articularán medidas de apoyo a los Ecosistemas Industriales Estratégicos. Se habilita la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva, y grupos de trabajo específicos de simplificación administrativa.
Podrán reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) más allá de la vigencia del PRTR que tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial o un reto identificado como estratégico.
Además, la Ley pretende asegurar las inversiones realizadas en España y, por eso, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país, tenga que anunciarlo con 9 meses de antelación al Gobierno y, en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros, tengan que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.
Se crea la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, la RECAPI. Se trata de un instrumento, un fondo, de productos y capacidades estratégicas, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. No se trata tanto de tener productos almacenados, como de disponer de un listado de artículos estratégicos, y de capacidades de producción nacional, ante casos excepcionales de situaciones críticas.
Por último, se detalla el régimen de infracciones y sanciones. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves. Los importes de las sanciones se mantienen:
Las infracciones muy graves con multas de hasta 100M€
Las infracciones leves con multas de hasta 60.000€.
Las infracciones graves con multas de hasta 6M€.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española reclama un fondo de financiación
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera que el nuevo marco legislativo que plantea el Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, “aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencial: definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere nuestro país”, afirma Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.
“Desde la Alianza, aspiramos a que estas cuestiones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, ha subrayado.
La Alianza también considera fundamental que las enmiendas al texto cuenten con el máximo consenso posible por parte de las distintas formaciones políticas del arco parlamentario. “Es la única fórmula para lograr el objetivo común de reindustrializar nuestra economía”, afirma Reinoso.
Para la Alianza, el propósito y la disposición que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España son positivos, “no obstante, sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, corremos el riesgo de que se quede en meras intenciones”, advierte Reinoso.
En esta línea, la Alianza resalta la importancia de articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los PERTE, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, facilitando la economía circular y descarbonización de la industria.
“Según nuestras estimaciones, este fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España”, ha subrayado Reinoso.
La Alianza viene apostando desde hace tiempo por seguir hacia la dirección señalada por Draghi: crear un instrumento basado en un modelo de financiación permanente que supere el actual esquema de ayudas. “Es imprescindible dotar financieramente la necesaria transición verde de la industria, tanto en Europa como en España”, opina Reinoso, subrayando la posición de la Alianza al respecto: “Hagámoslo con ‘las cuentas claras’ desde el principio”. Y es que, para atraer e incentivar la inversión a este sector es necesario eliminar las incertidumbres creando un entorno predecible.
Asimismo, la Alianza, que representa el 60% del Producto Industrial Bruto del país, considera que, para impulsar una verdadera reindustrialización de España, el nuevo marco legislativo también debe contemplar la simplificación de la burocracia administrativa, para evitar introducir más cargas en este sentido.
Reinoso, como representante de la Alianza, subraya que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso.
La reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello, la Alianza también cree necesario que la ley incluya medidas más ambiciosas y concretas para la Administración en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.
Con todo ello, la Alianza considera determinante que se produzca un amplio consenso entre los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria: “Apelamos a ello, pues es así como el poder legislativo demostraría visión de país sobre el papel que debe jugar la industria en nuestro modelo económico y social”.
