El COIIM considera que el actual sistema de fijación de precios de la electricidad pierde su razón de ser en las circunstancias actuales, generando graves consecuencias como el incremento de precios de forma insostenible. El precio del mercado eléctrico en España ha pasado de 42 €/MWh en el período 2014-2020, a 112€/MWh en 2021 y más de 210 €/MWh en 2022. “Las medidas del Gobierno, como la llamada excepción ibérica, han permitido que los precios no fueran aun mayores, pero la industria española no es competitiva frente a nuestros principales competidores europeos”, señala Fernando Soto, experto de la Comisión de Energía del Colegio.
En Francia disponen de la tarifa ARENH, que ofrece precios entre 42 y 46 €/MWh, mientras que Alemania cuenta con ayudas multimillonarias concedidas a las empresas para garantizar su competitividad. Además, en estos países los contratos a largo plazo son mayoritarios y con precios separados de los mercados diarios, cuestión que en nuestro país no se consigue por la ausencia de liquidez de los mercados de largo plazo.
Entre las medidas a adoptar se encuentra la adaptación y aprobación de una tarifa similar a la ARENH francesa, como viene demandando la industria española, así como realizar una revisión del modelo de fijación de precios del mercado eléctrico en la Unión Europea para que el gas no sea tan influyente en la formación del precio.
En este sentido, el diseño actual de mercado ha demostrado estar incompleto ante la ausencia de señales de precio de largo plazo basadas en la entrada de nueva capacidad renovable. “Necesitamos un desarrollo de un mercado al que se pueda acudir para adquirir energía no emisora a precios estables, duraderos y asequibles para una parte significativa del consumo. El mercado diario actual debería quedar como un mercado de ajuste para cubrir el resto de las necesidades del consumo”, apunta Fernando Soto.
Aunque la propuesta enviada recientemente por el Gobierno a la Comisión Europea va en la buena dirección para lograr unos precios eléctricos competitivos, es necesario tomar medidas en el corto y medio plazo para enfrentar la situación que atraviesa la industria española.
Las medidas de los expertos
En el corto plazo, sería necesario mantener durante 2023 las reducciones de cargos y peajes eléctricos, especialmente a los consumidores electrointensivos. Además, la compensación del CO2 indirecto a la industria debe alcanzar la cuantía máxima permitida por la Comisión Europea, que en 2023 se estima en unos 500 millones de euros, más del doble de los 244 millones presupuestados en los PGE de este año.
En el apartado de renovables, “debemos potenciar estas inversiones, agilizando los dilatados trámites administrativos y priorizando las inversiones en aquellos proyectos que vengan respaldados con contratos a largo plazo con consumidores industriales”, indica el experto del Colegio.
Además, se propone incentivar económicamente la participación de la industria electrointensiva en la llamada gestión de la demanda, lo que permitiría “adaptar la curva de consumo a la generación renovable, aportando flexibilidad al sistema”. Por último, se debe facilitar el acceso a las energías renovables del RECORE para la industria electrointensiva.
En el medio y largo plazo, los expertos de la Comisión consideran que se debería apostar por mantener en servicio el parque nuclear español, ampliando sus licencias de operación hasta los 50 años. También destacan la necesidad de potenciar de manera clara y decidida la contratación de energía eléctrica a través de contratos a largo plazo (PPAs), ya que “permitiría conseguir precios estables y competitivos, desvinculados del coste del gas”, subraya Soto.
Además, consideran necesario apostar por el desarrollo de la generación renovable para producir hidrógeno verde a precios competitivos y dotar con los presupuestos necesarios un programa de I+D para lograr sistemas de almacenamiento de energía tecnológica y económicamente viables, especialmente en cuanto a larga duración y estacionales.
