Este debate fue el eje de la jornada Tax the Robots?: Fiscalidad y Empleo en la Era de la Inteligencia Artificial, celebrada en la mañana del 9 de febrero de 2026 en el Congreso de los Diputados. El encuentro reunió a economistas, juristas, sindicalistas y responsables políticos para analizar los efectos de la automatización sobre el empleo y debatir posibles respuestas fiscales.
Durante varias mesas de debate, especialistas de diferentes ámbitos abordaron una cuestión central: cómo adaptar el sistema fiscal a una economía cada vez más automatizada y dominada por grandes plataformas tecnológicas.
Uno de los puntos de partida de la jornada fue reconocer que la Inteligencia Artificial (IA) representa una revolución tecnológica comparable a la que supusieron la máquina de vapor en el siglo XVIII o a la imprenta en el XV. Los sistemas automatizados ya no se limitan a tareas manuales repetitivas; ahora son capaces de analizar datos, redactar informes, programar software o realizar diagnósticos, y lo hacen muy deprosa.
Este proceso de automatización está modificando el funcionamiento del mercado laboral. Cada vez más tareas son realizadas por algoritmos o robots, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del empleo y sobre la base fiscal de los Estados.
Trabajo, consumo y capital
El sistema fiscal actual se apoya principalmente en tres fuentes: impuestos sobre el trabajo, sobre el consumo y sobre el capital. Pero en muchos países los ingresos procedentes del trabajo —cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta— siguen siendo una parte fundamental de la financiación pública.
Por ello, varios expertos alertan de que, si el empleo humano disminuye como consecuencia de la automatización, el modelo de financiación del Estado podría verse comprometido.
La jornada se planteó precisamente para debatir cómo afrontar este desafío.
Una de las intervenciones más tempranas fue la de Mónica García, quien defendió la necesidad de repensar el sistema fiscal en la era de la inteligencia artificial. La actual ministra de Sanidad planteó la posibilidad de impulsar un impuesto dirigido a empresas que sustituyen trabajadores por automatización, con el objetivo de redistribuir los beneficios generados por la tecnología. Según explicó, algunas grandes empresas tecnológicas han construido modelos económicos basados en la concentración de datos y el uso intensivo de algoritmos.
En ese contexto, García utilizó un término especialmente llamativo para referirse a estas compañías: “tecnofeudales”. Con esta expresión, con una indudable carga peyorativa, aludía a plataformas digitales que concentran poder económico y tecnológico y que, al mismo tiempo, generan relativamente poco empleo directo.
La propuesta de gravar la automatización se inspira en debates internacionales previos. En Estados Unidos, por ejemplo, el senador Bernie Sanders ya había defendido medidas similares para compensar la destrucción de empleo provocada por la robotización. Y figuras públicas como Bill Gates han apoyado ideas similares.
El argumento central es que los avances tecnológicos aumentan la productividad y generan enormes beneficios empresariales, pero ese dinero no siempre se traduce en mejores salarios o más empleo. Por ello, una fiscalidad adaptada a la economía digital podría servir para redistribuir parte de ese valor.
La jornada reunió a especialistas de distintos ámbitos para analizar la relación entre automatización, empleo y fiscalidad.
Entre los participantes se encontraban Tesh Sidi, vicepresidenta de la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso de los Diputados; Adrián Todolí, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia (UV); Erik Carrión, coordinador sectorial de Comisiones Obreras; Desirée Gómez Cardoso, analista de tendencias en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Cecilia Rikap, profesora de Economía en University College London; Pascal Saint-Amans, ex director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE; Nacho Álvarez, ex secretario de Estado de Derechos Sociales; y Julia María Díaz Calvarro, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
El encuentro se estructuró en varias mesas temáticas centradas en tres grandes cuestiones: el impacto de la automatización en el empleo, la concentración de poder en la economía digital, y las posibles reformas fiscales para afrontar estos cambios.
Impacto en el mercado laboral
Uno de los debates centrales giró en torno al impacto de la IA en el mercado laboral. A este respecto, el profesor Adrián Todolí, experto en derecho laboral, explicó que el fenómeno de la automatización no es completamente nuevo. A lo largo de la historia, distintas revoluciones tecnológicas han sustituido tareas humanas, desde la mecanización industrial hasta la informatización de las oficinas.
Sin embargo, lo que diferencia a la IA actual es su capacidad para automatizar también tareas cognitivas. Esto significa que no solo están en riesgo los trabajos manuales o repetitivos, sino también actividades relacionadas con el análisis de datos, la redacción de documentos o la toma de decisiones.
Según Todolí, este proceso puede provocar tres efectos principales: la transformación de los empleos existentes, la desaparición de algunos puestos de trabajo y la creación de nuevas profesiones vinculadas a la tecnología.
El profesor de la Universidad de Valencia explicó que la IA está transformando la organización del trabajo en muchos sectores. Las empresas utilizan cada vez más algoritmos para gestionar procesos productivos, evaluar el rendimiento de los empleados o tomar decisiones organizativas.
Este fenómeno disruptivo plantea nuevos desafíos para el derecho laboral. Por ejemplo, los trabajadores pueden verse afectados por decisiones automatizadas que no siempre son transparentes o fáciles de impugnar.
El profesor defendió la necesidad de establecer reglas claras sobre el uso de IA en el ámbito laboral, garantizando derechos como la transparencia algorítmica y la protección frente a decisiones automatizadas. También subrayó la importancia de invertir en formación y recualificación profesional para facilitar la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos.
El reto, señaló, consiste en garantizar que la transición hacia esta nueva economía sea socialmente justa.
La economista Cecilia Rikap, investigadora en economía de la innovación, abordó el tema del creciente poder de las grandes plataformas tecnológicas. La profesora en el University College London explicó que muchas empresas digitales operan mediante modelos de plataforma, en los que una compañía controla el acceso a un mercado o a una infraestructura digital.
Estas plataformas se benefician de efectos de red: cuantos más usuarios tienen, más valiosas se vuelven. Esto puede conducir a una concentración de poder económico sin precedentes.
Según Rikap, las grandes empresas tecnológicas no solo controlan mercados, sino también enormes cantidades de datos, lo que les permite desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.
Esta circunstancia plantea preguntas importantes para las políticas públicas: ¿Cómo evitar monopolios digitales? ¿Cómo garantizar la competencia? ¿Cómo distribuir los beneficios de la economía digital?
Uno de los participantes más destacados del evento fue Pascal Saint-Amans, quien intervino en inglés por videoconferencia, aportando una visión internacional sobre la fiscalidad de la economía digital.
Saint-Amans es uno de los mayores expertos mundiales en política fiscal. Durante más de una década fue director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, donde lideró las negociaciones internacionales para reformar la fiscalidad de las multinacionales y combatir la evasión fiscal.
En su intervención explicó que el debate sobre el impuesto a los robots debe entenderse dentro de un contexto más amplio: la transformación del capitalismo en la era digital.
Según el economista, el problema no es que existan robots, sino que las empresas tecnológicas altamente automatizadas pueden generar enormes beneficios sin que esos beneficios se graven adecuadamente.
Las multinacionales digitales operan a escala global y pueden trasladar beneficios entre países para reducir su carga fiscal. Esto significa que, en muchos casos, pagan menos impuestos de los que corresponderían según la actividad económica que realizan.
Saint-Amans recordó que este problema ha sido uno de los principales desafíos de la política fiscal internacional en las últimas décadas. Por ello, la OCDE impulsó una reforma global para establecer un impuesto mínimo sobre las multinacionales.
Desde su punto de vista, la solución no consiste en gravar a los robots directamente, sino en diseñar un sistema fiscal que capture adecuadamente los beneficios generados por la economía digital.
También advirtió que un impuesto mal diseñado podría frenar la innovación tecnológica y reducir la inversión en investigación y desarrollo. Por ello, defendió que las políticas fiscales deben equilibrar dos objetivos: garantizar una tributación justa y mantener incentivos para la innovación.
Otra de las mesas del evento se centró en el papel de la fiscalidad en una economía cada vez más automatizada. Entre los participantes se encontraba Nacho Álvarez, economista y exsecretario de Estado, quien destacó que el debate sobre los robots es en realidad un debate sobre la distribución de la productividad tecnológica.
Según explicó, la automatización aumenta la eficiencia y la capacidad productiva de las empresas. Sin embargo, los beneficios derivados de esa productividad no siempre se reparten de manera equitativa entre trabajadores, empresas y sociedad. Por ello, consideró necesario repensar el sistema fiscal para garantizar que el progreso tecnológico contribuya al bienestar colectivo.
En la misma mesa participaron también expertos como Rafael Frutos y Carlos Martín Urriza, quienes analizaron cómo la automatización puede afectar a la estructura de beneficios empresariales y a la distribución de la renta.
Estos economistas señalaron que muchas empresas tecnológicas tienen márgenes de beneficio muy elevados, en parte debido a la automatización y a las economías de escala que permite la digitalización. Desde esta perspectiva, una posible respuesta consistiría en reforzar los mecanismos fiscales que gravan los beneficios empresariales.
El debate sobre cómo adaptar el sistema fiscal a la automatización también ocupó una parte de la jornada. En este capítulo, la profesora Julia María Díaz Calvarro, especialista en derecho tributario en la UC3M, explicó que el concepto de “impuesto a los robots” es más complejo de lo que parece.
El primer problema es definir qué es exactamente un robot. En la práctica, muchas formas de automatización no utilizan robots físicos, sino algoritmos o software. De hecho, dijo Díaz Calvarro, varios estudios académicos han señalado que la robotización puede alterar la estructura de los ingresos fiscales, reduciendo el peso de los impuestos sobre el trabajo y aumentando la importancia de los impuestos sobre el capital.
¿Efectos económicos no deseados?
Además, gravar directamente la automatización podría generar efectos económicos no deseados, como desincentivar la innovación o penalizar a empresas que invierten en tecnología para mejorar su productividad.
Por ello, Díaz Calvarro sugirió que la alternativa más realista consiste en adaptar los impuestos existentes, especialmente el impuesto de sociedades, para reflejar mejor la realidad de la economía digital.
Desde el ámbito sindical, Erik Carrión, representante de Comisiones Obreras, enfatizó que la transición tecnológica debe ir acompañada de políticas que protejan a los trabajadores.
Entre las propuestas que planteó se encontraban reforzar la formación y la recualificación profesional, garantizar derechos laborales en plataformas digitales, y reforzar la negociación colectiva en sectores tecnológicos.
Carrión advirtió que, sin una intervención pública adecuada, la automatización podría aumentar las desigualdades sociales.
El acto organizado por Más Madrid también contó con la participación de responsables políticos que analizaron el debate desde la perspectiva institucional. Entre ellos se encontraba Tesh Sidi, vicepresidenta de la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.
Sidi destacó que la IA plantea desafíos que deben abordarse mediante políticas públicas coordinadas. Según explicó, el desarrollo tecnológico puede generar grandes oportunidades económicas, pero también riesgos sociales si no se regula adecuadamente. Por ello, consideró fundamental que los parlamentos y gobiernos participen activamente en el debate sobre la regulación de la IA y su impacto económico.
El periodista Yago Álvarez Barba, especializado en economía digital y fiscalidad, participó en la moderación de algunos debates y aportó una perspectiva divulgativa sobre el tema.
Álvarez destacó que el concepto de “impuesto a los robots” ha generado gran atención mediática porque plantea de forma sencilla un problema complejo: cómo financiar el Estado del bienestar en una economía donde el trabajo humano podría perder peso frente a la automatización.
Sin embargo, subrayó que el verdadero debate no se limita a los robots, sino que abarca cuestiones más amplias como la fiscalidad de las multinacionales digitales, la regulación de las plataformas tecnológicas y la distribución de la riqueza generada por la innovación.
Aunque el concepto de “impuesto a los robots” es muy conocido, durante el encuentro se discutieron también otras posibles soluciones. Entre ellas reformar el impuesto de sociedades, pues algunos expertos consideran que la mejor forma de gravar la automatización es aumentando la tributación sobre los beneficios empresariales, especialmente en empresas altamente digitalizadas.
Otra propuesta discutida consiste en crear impuestos específicos para grandes plataformas tecnológicas.
Y en un escenario de automatización masiva, algunos economistas plantean la posibilidad de implantar una renta básica financiada mediante impuestos sobre el capital o la tecnología.
Otra opción debatida fue que el Estado participe en los beneficios generados por infraestructuras digitales o tecnologías desarrolladas con financiación pública.
En todo caso, la jornada concluyó sin una respuesta definitiva, pero con un consenso claro: la IA obligará a replantear el sistema económico y fiscal.
Las tecnologías digitales tienen el potencial de aumentar la productividad y generar riqueza, pero también pueden concentrar poder económico y transformar profundamente el mercado laboral. Por ello, muchos expertos coinciden en que las decisiones políticas que se tomen en los próximos años serán cruciales para determinar cómo se distribuyen los beneficios de la revolución tecnológica.
La pregunta que daba título al evento —“¿Deben pagar impuestos los robots?”— es, en realidad, una forma de plantear un debate más amplio: cómo construir un nuevo contrato social en la era de la IA.
En ese sentido, la interesante jornada celebrada en el Congreso de los Diputados no fue solo un debate académico o técnico. Fue también una señal de que la política empieza a enfrentarse a uno de los grandes retos del siglo XXI: cómo gobernar una economía en la que las máquinas realizan cada vez más trabajo humano.
