Así lo confirma un estudio realizado por tres especialistas del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD): Lucas Kitzmüller, Helena Schweiger y Beata Javorcik.
Los tres autores utilizaron las transcripciones de 194.000 conferencias convocadas por empresas que cotizan en bolsa para presentar sus resultados trimestrales entre 2013 y 2022. En ellas identificaron cuántas veces, cuando se menciona el término “riesgo”, éste venía seguido por el término “cadena de suministro”. Antes del COVID-19, entre 2013 y 2019, en muy pocas ocasiones el término “riesgo” venía acompañado del término “cadena de suministro”. En ese periodo, era mucho más probable que el término riesgo viniese acompañado por el término “medioambiente” o “cambio climático”.
A partir de 2020, como es lógico, el riesgo se asoció al COVID-19, pero también creció el término “cadena de suministro”. Esta asociación se moderó en el tercer y cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, el aumento de la demanda de bienes, las disrupciones en el transporte marítimo, la política de COVID cero en China y la invasión rusa de Ucrania provocaron un crecimiento muy notable de los riesgos de las cadenas de suministro a lo largo de 2021 y la primera mitad de 2022. De hecho, una de las conclusiones del estudio citado señala que el riesgo ligado a las cadenas de suministro ocupa ya el segundo lugar en las preocupaciones de las empresas, por delante de la invasión rusa de Ucrania o el cambio climático.
Las disrupciones al tráfico marítimo tienen consecuencias inmediatas sobre el suministro de materiales y, en consecuencia, sobre los procesos de producción. Por ejemplo, el pasado mes de enero, algunas fábricas de Michelin en España tuvieron que parar temporalmente la producción de neumáticos por la falta de caucho debida al conflicto en el Mar Rojo. Estas disrupciones no pasarían de la categoría de sucesos puntuales si no se sumasen a otras de mayor calado, y de impacto global.
Ante este panorama trufado de incertidumbres, la empresa industrial española está tomando medidas, pero suelen ser conservadoras. Como apunta Asier Minondo, profesor de Economía de la Universidad de Deusto en el blog de la Asociación Libre de Economía (ALDE), las compañías que exportan manufacturas y que importan productos intermedios para fabricarlas, es decir, aquellas empresas que participan en cadenas globales de valor pueden utilizar seis estrategias principales para reducir el riesgo de una disrupción en la cadena de suministros.
La primera estrategia es aumentar el número de países suministradores, es decir, de aquellos de los que importan un producto.
La segunda fórmula, la diversificación, es repartir de forma más homogénea las importaciones entre los distintos suministradores, para no depender en exceso de uno de ellos.
La tercera y cuarta (nearshoring y friendshoring, respectivamente) consisten en sustituir proveedores más lejanos geográfica y políticamente por otros más cercanos. Esto es significativo en el caso de la situación en Europa del Este. De hecho, se entiende que un país es políticamente afín a España si votó “Sí” en la Resolución ES-11/1 de la Asamblea General de la ONU de condena de la agresión de Rusia contra Ucrania del 2 de marzo de 2022. 106 países suscribieron el borrador de resolución, aprobada con 141 votos a favor, 5 en contra, 35 abstenciones y 13 ausencias.
La quinta estrategia (reshoring) consiste en que las empresas sustituyan productos intermedios importados por producción doméstica.
Y la sexta y última es que las empresas aumenten sus stocks de bienes intermedios y finales para tener un colchón de seguridad ante potenciales disrupciones. Esta es la única estrategia que las empresas parecían haber adoptado tras la pandemia para hacer frente a las disrupciones en las cadenas de suministro.
“En suma, a excepción del aumento de stocks, las empresas manufactureras españolas que participan en cadenas globales de valor siguen sin adoptar estrategias, al menos las principales, para hacer frente a las disrupciones en las cadenas de suministro”, estima Minondo, quien basa esta afirmación en las conclusiones de un trabajo publicado en septiembre de 2023 en la revista Economic Analysis and Policy, en el que también colaboraron, además de él, Juan de Lucio, Carmen Díaz-Mora, Raúl Mínguez y Francisco Requena.
La investigación utilizó empresas manufactureras españolas con 10 empleados o más que exportaban e importaban productos en el periodo comprendido entre 2017 y 2022. Las fuentes empleadas para el estudio fueron los registros del Servicio de Vigilancia Aduanera y la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), que accede a información comercial y financiera de más de 3,8 millones de empresas españolas.
El estudio encontró que los fabricantes españoles que participan en las cadenas globales de valor (CGV) no han implementado estrategias significativas de diversificación, nearshoring o friendshoring como respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las disrupciones de la cadena de suministro a partir de 2020.
“Tampoco observamos ninguna relocalización o reshoring de productos intermedios. Sin embargo, encontramos que las empresas aumentaron significativamente sus existencias en 2021. En cualquier caso, necesitaríamos datos de años posteriores para confirmar que la acumulación de existencias se ha convertido en una tendencia”, enfatiza el documento.
El trabajo descubrió que las firmas españolas diversifican los países de los que importan productos cuando (i) tienen un proveedor; (ii) tienen más de un proveedor, y ninguno de ellos es significativamente más importante que los demás; (iii) tienen muchos destinos de exportación; (iv) el intermediario importado tiene más riesgos de experimentar interrupciones en la cadena de suministro; y (v) la empresa opera en la industria electrónica.
“Para explicar este comportamiento debemos señalar que encontrar un suministrador que responda a las necesidades de las empresas en términos de precio, calidad y fiabilidad no es una tarea sencilla”, opina el profesor universitario en el blog de ALDE.
“Las empresas tienen que dedicar muchos recursos para identificar este suministrador idóneo. Además, las inversiones pasadas pueden actuar como ancla ante cualquier movimiento sustancial en la estrategia y operativa”, añade Minondo.
Y concluye: “En la medida que las empresas consideren que las disrupciones en las cadenas de suministro sigan siendo un fenómeno pasajero, serán reacias a romper la relación con sus suministradores y buscar otros. Ante una disrupción pasajera, las empresas seguirán adoptando la estrategia menos costosa: aumentar el stock de productos intermedios y finales”.
El estudio donde ha participado Minondo defiende que “para promover la resiliencia de las cadenas de valor mundiales, los responsables políticos podrían considerar iniciativas como analizar y monitorizar los riesgos de la cadena de suministro; mejorar las capacidades de gestión de riesgos; elaborar planes de contingencia; invertir en infraestructuras de alta calidad para fomentar el comercio entre socios fiables; desarrollar tecnologías de comercio internacional más seguras (por ejemplo, Blockchain); y fomentar la cooperación internacional y las instituciones de solución de disputas”.
“Lo que se está viendo es un intento de diversificar las fuentes de suministro, pero los datos todavía no son capaces de reflejar movimientos relativamente grandes. Lo que ocurre es que las estrategias de las empresas, por el riesgo de disrupción, rara vez se traducen en giros bruscos. Los giros suelen ser, fundamentalmente, marginales”, consideró a industry TALKS Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano, consultor independiente y profesor asociado en la IE University.
“Eso quiere decir que si tienes un proveedor chino o de una región complicada, rara vez lo sustituyes dirctamente sino que evitas esas zonas en tus nuevos negocios”, explica. “¿Por qué? Porque la sustitución no es fácil; a veces es imposible y porque el coste del cierre de relaciones no es proporcional”.
La diversificación es un proceso muy complicado, mucho más de lo que la gente piensa, aseveró el experto del Real Instituto Elcano, quien diferenció entre el potencial de una región como Africa y la apertura de nuevos mercados. “Los vinculos tardan en ser creados”, recordó.
En cualquier caso, la invasión de Ucrania y Gaza y los sucesos ocurridos en la vía marítima del Mar Rojo han confirmado la necesidad de reducir riesgos, mejorar la resiliencia de las redes de producción transfronterizas y garantizar los suministros exteriores.
En este sentido, las empresas españolas están incrementando sus inventarios, pero también pueden optar por diversificar las rutas, empleando no solo el transporte naviero sino también el ferroviario, a pesar de que las infraestructuras nacionales no están ya diseñadas para las mercancías sino para los pasajeros, con una de las redes de alta velocidad más extensas de Europa.
En general, las cadenas globales de valor (CGV), es decir, las redes de producción y distribución que conectan empresas en todo el mundo, han mostrado una resistencia frente a las perturbaciones superior a la esperada debido, en gran medida, a los elevados costes monetarios y en términos de eficiencia que implicaría una reorganización profunda.
La reestructuración geográfica es más probable que tenga lugar en las CGV de nueva creación, que incorporan criterios de localización diferentes. El ahorro en los costes de producción ha perdido el papel predominante que venía desarrollando en las decisiones de inversión cediendo paso a nuevos factores como la resiliencia de las CGV, su sostenibilidad y la “cercanía geopolítica”.
La proximidad geográfica –el acortamiento de las cadenas de valor– reduce los riesgos (derisking) inherentes al transporte de inputs; mayores cuanto más larga es la distancia que recorrer. La proximidad sociopolítica reduce la probabilidad de tensiones comerciales e interrupciones en las CGV y reconduce las relaciones comerciales hacia países con los que se comparten principios y valores económicos.
“Este contexto abre nuevas oportunidades de integración comercial entre la Unión Europea y los países cercanos, como los que conforman la Unión por el Mediterráneo (UpM), la organización intergubernamental surgida en 2008 con el objetivo de fomentar la cooperación e impulsar la integración económica entre los países mediterráneos”, considera Rosario Gandoy, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Gandoy, junto con Carmen Díaz-Mora, Belén González, Carmen Martínez-Mora y Fernando Merino, ha analizado las cadenas globales de valor entre los 27 miembros de la UE y sus socios mediterráneos -denominados en el estudio “resto de la UpM”- con el objetivo de identificar las redes de producción compartida con mayor potencial de desarrollo en la región.
Aunque los 14 miembros activos que conforman el resto de la UpM constituyen un conjunto muy heterogéneo de países en términos de dimensión económica, renta per cápita y dinamismo productivo, comparten algunas características relevantes para su competitividad e inserción en las cadenas europeas.
Esos países son, por orden alfabético, Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Macedonia del Norte, Mauritania, Montenegro, Mauritania, Palestina, Túnez y Turquía.
Salvo Israel, destaca Gandoy, los Estados analizados “muestran una posición competitiva inferior a la que alcanzan los 27 países de la UE, así como una débil capacidad innovadora”.
En general, continúa la catedrática de la UCLM, “salvo Turquía e Israel, poseen una reducida presencia en los mercados internacionales, si bien su proximidad geográfica y la generalizada existencia de acuerdos comerciales con la UE-27 les confiere una relevante ventaja para desarrollo de redes mediterráneas lideradas por las empresas europeas”.
De acuerdo con la información proporcionada por la base de datos EORA y manejada por los cinco investigadores citados, la Unión Europea es el socio mayoritario en las cadenas globales de valor donde participan los 14 países mencionados de la UpM, especialmente como destino de inputs intermedios destinados a integrarse en la producción y exportaciones foráneas (participación forward). En 2022, un tercio de las exportaciones de los Estados del resto de la UpM estaba vinculada a esta forma de integración, y el 61% de dichos intercambios se dirigieron a la Unión.
La participación en las cadenas globales de valor de estos Estados a través de la transformación y ensamblaje de inputs importados que se incorporan en la producción y exportaciones del país (participación backward) es más reducida. En 2022, se limitó al 26% de las exportaciones del grupo.
La diferencia entre ambos tipos de participación sugiere que, en general, estos países tienden a participar en las CGV ofreciendo materias primas y recursos naturales que se transforman en el exterior, situándose así en las etapas iniciales del proceso.
La presencia europea en la participación backward también es menor que en la forward. En 2022 solo supera el 50% en algunos países candidatos a la adhesión –Albania y Bosnia-Herzegovina– y del norte de África –Marruecos y Túnez– y se acerca a este porcentaje en Argelia.
Además, aunque la inserción en las cadenas globales de valor ha tendido a mantenerse o aumentar desde 2016, “la presencia europea ha disminuido de forma generalizada, puesto que la UE ha sido progresivamente desplazada en la provisión de inputs por otras economías, particularmente por China que, desde 2016, ha multiplicado por cuatro su presencia como proveedor de valor añadido”. Así, la participación backward en redes de producción de los países analizados por el estudio de la catedrática Gandoy y su equipo se ha vuelto más global, estrechando vínculos comerciales con países que no forman parte del club de Bruselas.
Por otra parte, la integración comercial en las cadenas globales de valor entre la UE y el grupo mediterráneo “es muy dispar en cuanto a intensidad y tipo de participación, en función de la dotación de recursos, la especialización productiva y las ventajas de la localización”, expone Gandoy.
En el cuadrante superior derecho se sitúan los países que participan en las cadenas de suministro europeas como oferentes y transformadores de inputs y muestran un mayor grado de integración. En él se localizan, de una parte, Albania, Bosnia-Herzegovina y Turquía que se benefician de su estatus de país candidato, y de otra, Marruecos y Túnez que, junto con Turquía, muestran cierto sesgo, dentro del grupo, en su participación en cadenas europeas hacia la transformación de inputs procedentes de la UE-27.
Las políticas implementadas para atraer inversiones exteriores y mejorar la competitividad del tejido empresarial local han favorecido el ascenso en las cadenas de suministro desde las etapas más intensivas en trabajo en industrias tradicionales, como la textil, a las de alto valor añadido en la red de automoción, como es el caso de Marruecos, o de aeronáutica, en Túnez y Marruecos.
Argelia, Mauritania y Egipto –en el cuadrante superior izquierda–, como sucede habitualmente en los países intensivos en recursos naturales, se posicionan en las primeras etapas de las cadenas europeas en que participan, suministrando materias primas para su posterior transformación el Viejo Continente. Entre ellos sobresale la aportación de productos agrarios, energéticos y minerales.
La abundancia de recursos en los países del Norte de África ha posibilitado, asimismo, su integración en las cadenas de producción química europeas; si bien, el potencial de integración todavía está lejos de alcanzarse.
Destacan, especialmente, los recursos de fosfatos y sus derivados en Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, necesarios para la producción de fertilizantes y piensos –cada vez más demandados para hacer frente al cambio climático y los problemas de abastecimiento tras la invasión de Ucrania – y utilizados en las baterías LFP para coches eléctricos.
Además de los fosfatos, y esto es muy significativo, los países analizados también disponen de otras materias primas que se encuentran entre las 20 identificadas como críticas por la Comisión Europea –antimonio, borato, litio, el grafito natural y tierras raras (en Turquía), la barita, el cobalto y la fluorita (en Turquía y Marruecos), bauxita (en Túnez y Bosnia y Herzegovina)…– y que constituyen una ventaja adicional para fortalecer la integración en el Mediterráneo.
En definitiva, concluye el análisis de Gandoy y compañía, “hay margen para reforzar la integración en la Unión con el resto de países del Mediterráneo”.
A sus ventajas en costes laborales, cargas tributarias y marco regulador se añade la existencia de acuerdos comerciales con la UE que facilitan los intercambios y las ventajas derivadas de su proximidad geográfica que además de abaratar y reducir riesgos en transporte permite una rápida atención a las necesidades de la demanda.
“La reconfiguración de las cadenas globales de valor es una oportunidad para estrechar las relaciones de vecindad y reforzar las redes regionales europeas”, dictamina el documento.
