La negociación, que se venía fraguando discretamente desde hacía semanas, culminó en un pacto de emergencia que busca ofrecer previsibilidad a las empresas europeas y norteamericanas, pero que no ha estado exento de críticas. Bajo este nuevo marco, los aranceles del 15% se aplicarán a sectores tan relevantes como la automoción, los productos farmacéuticos, los semiconductores y otros bienes industriales y de consumo. No obstante, se acordó la exención de tarifas en áreas consideradas estratégicas para ambos bloques, como determinadas piezas aeronáuticas, productos químicos específicos, fármacos genéricos, equipos para fabricación de chips y materias primas críticas. También se excluyeron algunos productos agrícolas, aunque los detalles específicos de estas excepciones aún están siendo debatidos por los equipos técnicos de ambas partes.
Lo cierto es que el pacto firmado en Escocia es más una tregua que una solución estructural. Aunque ofrece oxígeno a las industrias europeas más expuestas a las exportaciones, impone también condiciones onerosas a cambio de evitar un castigo aún mayor.
Analizamos a continuación cómo esta medida afecta a los principales sectores industriales de España, y qué respuestas están exigiendo los actores implicados.
La industria siderúrgica pide claridad sobre el acuerdo UE-EE.UU. y reclama ayudas urgentes para las empresas afectadas
La industria siderúrgica española, que emplea directamente a más de 60.000 personas y de la que dependen numerosos sectores como la automoción, la maquinaria o la construcción, se encuentra en una situación crítica. El arancel del 15% impuesto por EE. UU. al acero europeo afecta de lleno a las exportaciones españolas, que en 2024 superaron las 250.000 toneladas hacia el mercado estadounidense.
Desde la Unión de Empresas Siderúrgicas, UNESID, observan con cautela los avances anunciados el 27 de julio por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de aranceles. «El acuerdo podría suponer un paso positivo, siempre que se confirme el mantenimiento de los volúmenes históricos de exportación de acero sin aranceles y la implantación de un sistema eficaz de contención frente al exceso de capacidad a nivel global», han señalado.
No obstante, la falta de claridad en los términos anunciados genera incertidumbre para la industria siderúrgica europea y española. «Es esencial conocer con urgencia los detalles concretos del acuerdo, en particular si se aplicará arancel cero dentro de cuota y qué consecuencias tendrá el arancel del 50% fuera de cuota«, han añadido.
Asimismo, UNESID ha dejado claro que les preocupa «el impacto del arancel del 15% sobre productos transformados intensivos en acero, como maquinaria y vehículos, que puede poner en riesgo exportaciones clave de nuestra economía industrial».
Por ello, han reiterado la necesidad urgente de que «el Gobierno de España ponga en marcha ayudas temporales para las empresas más afectadas, tal como fue aprobado recientemente en la Comisión de Industria del Congreso».
De este modo, UNESID advierte del riesgo de un efecto dominó: la pérdida de acceso al mercado norteamericano se traduce en un desvío de excedentes hacia otros mercados, principalmente Europa, saturando el continente con acero procedente de terceros países que no cumplen con los estándares medioambientales, sociales ni laborales de la UE.
“Percibimos más importaciones desde terceros países. No tenemos certeza de que sea un efecto provocado por los aranceles, pero creemos que probablemente sí responde a estas medidas”, explica Carola Hermoso, directora general de UNESID para industry Talks.
El sector reclama un instrumento permanente de defensa comercial, que permita proteger no solo a los fabricantes de acero, sino también a toda la cadena de valor.
“Los fabricantes de productos compuestos mayoritariamente por acero se enfrentan a los mismos problemas que nosotros: competencia desleal contra industrias subsidiadas, con capacidades estimuladas artificialmente”, denuncia Hermoso.
El escenario futuro es aún más preocupante. Las actuales medidas de salvaguardia comunitarias expiran en 2026, y la industria teme que, sin ellas, no podrá competir en igualdad de condiciones.
“Europa corre el riesgo de verse inundada de acero mundial no sostenible si no actúa ya. La industria europea necesita medidas y ayudas urgentes para afrontar el reto de la descarbonización, y para competir contra otros países que no cumplen las reglas del juego”, sentencia la portavoz de UNESID.
Automoción: un golpe indirecto con efectos estructurales
La automoción representa más del 10% del PIB español y es uno de los motores exportadores del país. Aunque la exportación directa de vehículos eléctricos desde España hacia Estados Unidos es todavía reducida, el sector no oculta su preocupación por las consecuencias indirectas del arancel.
“El impacto directo se prevé limitado, ya que las exportaciones de vehículos eléctricos desde España hacia EE.UU. son actualmente poco representativas”, admite José Ignacio Moya, director general de FACONAUTO, la patronal de concesionarios, a industry Talks.
Pero advierte que el problema está en la interdependencia de la cadena de suministro, compuesta por fabricantes, proveedores, ensambladores y concesionarios. La medida podría empujar a los grandes grupos a revisar sus inversiones en Europa, con consecuencias negativas para plantas productivas situadas en España.
“Nos preocupa el efecto indirecto que esta medida pueda tener sobre los fabricantes y proveedores con presencia en nuestro país y, en consecuencia, sobre la cadena de valor”, señala Moya.
La automoción española, en plena transformación hacia la electrificación, necesita estabilidad y reglas claras para avanzar en su transición ecológica.
“Apostamos por que se mantenga un diálogo fluido entre las autoridades europeas y estadounidenses, que permita evitar una escalada comercial”, concluye el responsable de FACONAUTO.
Desde la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO), también ha manifestado preocupación por las consecuencias estructurales del arancel. «Si bien el acuerdo alcanzado supone una reducción respecto a las tarifas inicialmente previstas del 25% o 30%, representa un aumento sustancial respecto a los tipos históricos anteriores y se traduce en un incremento directo de los costes de exportación, así como en un entorno de creciente incertidumbre normativa», ha comentado desde la Asociación.
Así, han explicado que «todo ello dificulta la planificación industrial, las decisiones de inversión y la competitividad internacional, en un contexto donde el sector ya está abordando desafíos significativos vinculados a la transformación tecnológica e industrial en la que estamos inmersos».
«En un sector como el de automoción, caracterizado por su nivel de globalización, con cadenas de suministro interrelacionadas, cualquier tipo de restricción a los intercambios comerciales tiene un claro impacto», han añadido.
Además, Sernauto ha recordado que aunque las exportaciones directas de componentes españoles a Estados Unidos suponen en torno al 4% del total del sector (1.021 millones de euros en 2024), «la realidad de esta industria es mucho más compleja, integrada y globalizada. Numerosos componentes fabricados en España se incorporan a vehículos ensamblados en países como Alemania, Francia o México, que posteriormente se destinan al mercado estadounidense. Este efecto multiplicador implica que cualquier arancel sobre el vehículo final puede impactar de forma indirecta –pero significativa– sobre la cadena de suministro española, amplificando sus efectos sobre la industria nacional».
Además, sectores y materiales clave para los proveedores de automoción, como los componentes electrónicos, semiconductores, plásticos o textiles técnicos, también se ven afectados por este arancel del 15 %. A lo que hay que sumar el 50% que se mantiene para el aluminio, el acero y el cobre. El encarecimiento de insumos esenciales en diferentes eslabones de la cadena productiva repercutirá sobre la eficiencia operativa de muchas empresas y, por tanto, sobre su posición competitiva a nivel global.
Desde SERNAUTO, han reiterado la importancia «del libre comercio y de fomentar alianzas transatlánticas basadas en el respeto mutuo, la reciprocidad y la competitividad leal. Apelamos al mantenimiento de un marco comercial estable, predecible y transparente. Solo así será posible garantizar la estabilidad y el crecimiento de una industria estratégica para España, Europa y nuestros socios internacionales».
«Consideramos esencial que la Unión Europea continúe ejerciendo un liderazgo firme en la defensa de su tejido industrial, pero con vocación constructiva, impulsando el diálogo permanente con Estados Unidos para evitar medidas unilaterales que puedan distorsionar el equilibrio del comercio internacional», han concluido.
Textil y moda: las grandes marcas se replantean su estrategia internacional
El textil y la moda españoles, liderados por empresas como Inditex, Mango o Tendam, han hecho de Estados Unidos uno de sus mercados prioritarios fuera de Europa. El nuevo arancel representa un incremento de costes significativo en una industria que compite ferozmente en márgenes y en tiempo.
Si bien las grandes multinacionales pueden tener capacidad para relocalizar centros logísticos o modificar sus rutas de distribución, las pymes del sector podrían quedar fuera de juego. Para muchas marcas emergentes, el mercado estadounidense era una vía de crecimiento con gran potencial, que ahora se vuelve económicamente inviable.
Carmen Torres, secretaria general de la Federación Española de Empresas de la Confección y de la Moda (FEDECON), expresó a industry Talks su preocupación por lo que considera “una medida injustificada y desproporcionada, con consecuencias directas en la competitividad, la sostenibilidad y el acceso a este mercado clave”. En sus palabras, “el sector, y en particular nuestras pequeñas y medianas empresas, ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo para consolidar su presencia internacional, especialmente en destinos estratégicos como Estados Unidos. Esta subida arancelaria supone un revés a esa trayectoria, encareciendo los productos exportados, dificultando su entrada en este mercado y reduciendo los márgenes, ya de por sí estrechos, de muchas compañías”.
En respuesta a este contexto, Torres señala que algunas empresas “con una importante presencia, se están planteando, y algunas ya han iniciado o consolidado, su presencia en Estados Unidos a través del establecimiento de una sede, lo que amplifica el impacto sobre sus inversiones y perspectivas de crecimiento”. Además, al incremento de costes de las materias primas y productos intermedios, se suman nuevas tensiones a una cadena de valor ya frágil. Esto, denuncia, agrava el desequilibrio en un entorno de competencia global: “la reciente subida de aranceles a otros países por parte de Estados Unidos está provocando un desvío considerable de productos hacia los mercados de la Unión Europea, generando una presión añadida sobre la industria en general y sobre los operadores que apuestan por producción responsable y sostenible, en particular”.
Torres subraya que estas medidas penalizan especialmente a las empresas que basan su modelo en la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad, colocándolas en clara desventaja. “A su vez, distorsionan el comercio internacional y ponen en riesgo relaciones bilaterales construidas con mucho trabajo durante años”, añade. La secretaria general de FEDECON alerta también de que “la aplicación de un arancel del 15% sobre los productos textiles y de moda españoles puede provocar un incremento inmediato de los costes para los importadores estadounidenses, derivando en una reducción de pedidos, la búsqueda de proveedores alternativos fuera de la Unión Europea y la pérdida de competitividad de nuestras empresas”.
“Algunas compañías ya están tomando la difícil decisión de suspender o descartar operaciones comerciales con Estados Unidos ante la incertidumbre prolongada de las negociaciones y la imposibilidad de asumir o repercutir estos sobrecostes”, advierte. Esta situación, afirma, “está afectando tanto a la planificación estratégica como a la confianza hacia un mercado que hasta ahora era prioritario para nuestro sector”.
Desde FEDECON, prosigue, “consideramos urgente que las administraciones, tanto nacionales como europeas, articulen respuestas coordinadas que mitiguen el impacto económico, refuercen la posición de la industria como sector estratégico y nivelen las condiciones de acceso al mercado internacional frente a países no sujetos a estas barreras comerciales”. Torres concluye asegurando que la federación está trabajando activamente para que la voz del sector sea escuchada en los foros de toma de decisiones, participando en grupos interministeriales con datos concretos y propuestas que ayuden a mitigar los efectos negativos de los aranceles, fomentar la internacionalización y garantizar una competencia justa. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de una industria textil, de la confección y de la moda innovadora, sostenible y abierta al mundo”, concluye.
Calzado: un sector tradicional en riesgo
El calzado español, particularmente de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja, ha encontrado en EE. UU. uno de sus mercados más rentables, sobre todo para productos de calidad media-alta.
En 2024, Estados Unidos fue el segundo destino de las exportaciones españolas de calzado, con cifras que superaron los 150 millones de euros. Un arancel del 15% pone en jaque este flujo comercial, incrementando el precio final del producto y haciendo perder competitividad frente a productores de países como México, Vietnam o China.
Las empresas del sector, en su mayoría pymes, denuncian la imposibilidad de absorber el coste del arancel sin trasladarlo al consumidor, lo que conllevaría pérdida de cuota de mercado. Además, muchas ya habían realizado inversiones en adaptación de producto y homologaciones específicas para el mercado estadounidense.
El secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), Salvador Gómez, comentó para industry Talks que cuando Trump amenazó con subir los aranceles al 30%, la situación era “profundamente preocupante” para el sector.
A pesar de que ahora se ha llegado a un acuerdo para fijar el arancel en un 15%, Salvador Gómez, ha recordado que “EEUU es el principal mercado extracomunitario para el calzado español, con exportaciones que superaron los 211 millones de euros en 2024. Estimamos que el impacto real puede ser incluso mayor, si se consideran los pares producidos en España para marcas extranjeras que se exportan indirectamente”.
Además, estimó (cuando el arancel iba a ser del 30%) que “en la práctica, estos aranceles pueden suponer una pérdida del 15–20% del volumen exportado al mercado estadounidense, especialmente en productos de mayor valor añadido como el calzado de piel. Además, están provocando una renegociación de contratos ya firmados, que amenaza la rentabilidad de muchas pymes”.
Todo esto ha llevado a una situación de gran incertidumbre en el sector. “Nuestras empresas están presentando estos días sus colecciones de primavera-verano 2026 en ferias internacionales de Estados Unidos, sin saber qué condiciones arancelarias estarán vigentes cuando llegue el momento de fabricar y exportar los pedidos. También los distribuidores y clientes estadounidenses están negociando prácticamente a ciegas. Todo esto está generando parálisis en el canal retail de calzado en EEUU, que ya acusa una caída de ventas, reducción de plantillas y un efecto inflacionario para el consumidor final”, comentó Salvador Gómez.
“En un contexto de ralentización económica global, lo último que necesita una industria intensiva en empleo como la del calzado es un incremento de barreras comerciales. Desde FICE pedimos a las autoridades europeas una reacción firme y coordinada, y medidas de apoyo para ayudar a las empresas a sobrellevar esta situación”, concluyó.
Alimentación y bebidas: se repite la historia para el vino, aceite y productos gourmet
El sector agroalimentario español ya sufrió los efectos del proteccionismo estadounidense durante la guerra comercial entre la UE y EE. UU. por el caso Airbus-Boeing, con aranceles a productos como el vino, aceite de oliva, quesos y aceitunas. Ahora, la historia se repite, pero de forma más amplia y generalizada.
Estados Unidos es uno de los principales mercados extracomunitarios para la alimentación premium española, un sector en plena expansión y con gran valor añadido. El arancel del 15% puede suponer la pérdida de rentabilidad de muchas exportaciones, y provocar una retirada de distribuidores y minoristas estadounidenses.
Los productores se enfrentan a un dilema: o asumen una reducción de márgenes, o traspasan el incremento de costes al consumidor, lo que podría situar sus productos fuera del rango competitivo.
Por ello, La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera injusto y desequilibrado el acuerdo arancelario alcanzado por la Unión Europea y Estados Unidos. Para FIAB, el anuncio realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el que se fijan unos aranceles del 15% a los productos europeos, perjudica los intereses de la industria española de alimentación y bebidas.
“Es mejor un acuerdo que una guerra comercial abierta, pero no nos resignamos a que las exportaciones de nuestros productos a Estados Unidos estén penalizadas con un arancel del 15%. Es una imposición de Estados Unidos que rompe con el equilibrio del libre comercio”, afirma Ignacio Silva, presidente de FIAB.
Para el presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación Bebidas ahora “es prioritario que, mientras los aranceles están vigentes, se habiliten medidas de acompañamiento para las empresas más vulnerables, especialmente las pymes, que necesitan apoyo en internacionalización, promoción exterior y adaptación operativa”.
FIAB recuerda que Estados Unidos es un mercado que no es sustituible para el sector español de alimentación y bebidas y que se trata del primer mercado extracomunitario del sector y el cuarto en términos globales, con más de 3.300 millones de euros exportados en 2024 y 770.000 toneladas enviadas. Representa el 6,6 % del valor total de nuestras exportaciones y cerca del 4 % del volumen.
El presidente de FIAB, Ignacio Silva, señala que “la industria española de alimentación y bebidas no puede renunciar a un mercado como el estadounidense” y añade que “están en juego aspectos ligados a la actividad exportadora como es el propio empleo dentro del sector y el conjunto de la cadena de valor alimentaria”.
Es necesario, recuerdan desde FIAB, avanzar en la ratificación de tratados clave, como el acuerdo con Mercosur, y continuar las negociaciones de tratados de libre comercio, con países como Filipinas, Tailandia, Indonesia, Malasia e India, así como la reactivación del acuerdo de Australia. También es importante garantizar la implementación efectiva de tratados ya en vigor con países como Canadá, Japón, Corea del Sur o México.
Más de 18.000 empresas exportadoras
Durante el primer cuatrimestre de 2025, las exportaciones del sector a EE.UU. -que cuenta con más de 18.000 empresas exportadoras- han decrecido un -3,7 %, tras el notable repunte del 22,6 % registrado en 2024. Esta caída responde, según FIAB, en gran parte a la incertidumbre derivada del anuncio de posibles nuevas medidas arancelarias, que ha ralentizado operaciones por parte de los importadores.
Asimismo, durante este mismo periodo, en contraste, las importaciones desde Estados Unidos han aumentado un 22,2 % en el mismo periodo. Esta asimetría refleja una balanza comercial cada vez más desequilibrada, con EE. UU. manteniendo su peso en el suministro de materias primas, especialmente agrícolas, mientras las exportaciones españolas comienzan a resentirse por el entorno incierto.
Farmacéutica: un gigante con armadura, pero no invulnerable
El sector farmacéutico español se ha consolidado como uno de los más dinámicos de la economía, con una balanza comercial positiva y crecientes inversiones en I+D y producción. Aunque en principio el arancel no se ha dirigido específicamente a medicamentos, el sector permanece en alerta preventiva.
La razón es que muchas farmacéuticas que operan en España forman parte de cadenas de suministro globales que podrían verse afectadas por medidas indirectas, como la ralentización de certificaciones, controles aduaneros o políticas de sustitución de importaciones por producción nacional.
Susana Gómez-Lus, presidenta de la Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica en España (AMIFE), advierte que “aunque la industria farmacéutica ha demostrado una gran resiliencia y capacidad de adaptación ante crisis anteriores, esta nueva etapa de proteccionismo exige respuestas estratégicas inmediatas”. En su opinión, el mayor peligro no reside tanto en los aranceles directos como en las trabas no arancelarias que pueden introducirse de forma discrecional, como barreras regulatorias, restricciones a la propiedad intelectual o requisitos locales de fabricación. “No hablamos solo de exportaciones, hablamos de innovación compartida, de ensayos clínicos colaborativos, de flujos de conocimiento que ahora pueden verse ralentizados o entorpecidos”, subraya.
Gómez-Lus señala además que el sector farmacéutico europeo ha apostado durante décadas por un modelo de cooperación trasatlántica basado en la confianza mutua, la regulación armonizada y los estándares científicos comunes. “Si ese modelo se rompe, quienes saldrán ganando no serán ni Europa ni Estados Unidos, sino terceros países que llevan años intentando desplazar nuestro liderazgo en investigación biomédica”, advierte.
Desde AMIFE reclaman a las autoridades comunitarias una política industrial sanitaria más ambiciosa, que combine incentivos a la inversión, protección del conocimiento, acceso ágil al mercado y alianzas estratégicas con socios fiables. “Europa no puede permitirse perder autonomía en salud, ni quedar atrapada entre bloques proteccionistas”, concluye Gómez-Lus. Para ella, la respuesta al nuevo entorno debe ser proactiva y colaborativa, no reactiva ni fragmentada.
¿Y ahora qué? Los desafíos para España
El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que fija un arancel general del 15 % para la mayoría de productos europeos, ha evitado —al menos de momento— una guerra comercial abierta, pero no ha logrado despejar el horizonte de incertidumbre para la industria española. Si bien la medida supone un alivio frente al escenario más extremo que se temía, no deja de representar un coste adicional que tensiona cadenas de valor, modifica estrategias internacionales y complica la planificación a medio plazo.
Sectores clave de la economía española como la automoción, el textil, el calzado, la alimentación o la industria farmacéutica se enfrentan ahora a una situación de mayor presión competitiva en un mercado, el estadounidense, que hasta hace poco se consideraba prioritario. Las pymes, en particular, son las más expuestas a este tipo de sacudidas, por su menor capacidad de adaptación, su dependencia de márgenes ajustados y sus dificultades para absorber o repercutir sobrecostes.
Al mismo tiempo, el acuerdo pone de relieve la vulnerabilidad europea frente a decisiones unilaterales de potencias aliadas, y reabre el debate sobre la necesidad de una estrategia industrial común más robusta, resiliente y con mayor autonomía estratégica. La diplomacia económica, los mecanismos de defensa comercial y las políticas de apoyo a la internacionalización deberán reforzarse con urgencia si Europa quiere proteger su tejido productivo y garantizar su papel en un nuevo orden global marcado por el retorno del proteccionismo.
Para España, el reto es doble: defender su industria en el corto plazo, y prepararse para un escenario internacional cada vez más volátil, en el que la competitividad ya no depende solo de la calidad o el precio, sino también de las decisiones políticas que se toman lejos de sus fronteras. En este nuevo tablero, la anticipación, la coordinación y el liderazgo serán más decisivos que nunca.
El desafío ahora para España no es solo defender sus cifras de exportación, sino preservar su base industrial, garantizar empleos sostenibles y asegurar su papel en un orden económico internacional cada vez más incierto.
