La industria de los centros de datos en España ha dejado de ser una realidad invisible para convertirse en uno de los motores económicos más potentes del país. Lo dicen los números. Lo dice la inversión. Y lo dicen los más de 280 miembros que componen SpainDC, la Asociación Española de Data Centers, que acaba de presentar su Informe Anual 2025. Un documento de más de 100 páginas que no solo dibuja un panorama de crecimiento sin precedentes, sino que lanza una advertencia clara: el futuro del sector está en manos de la claridad regulatoria y la seguridad jurídica.
El informe, elaborado junto a Pb7 Research, estima que entre 2026 y 2030 la inversión directa e indirecta asociada a los centros de datos podría alcanzar los 66.900 millones de euros en un escenario tendencial. Una cifra que sitúa a esta industria en una liga propia dentro de la economía española. Pero el optimismo se ha topado esta misma semana con un obstáculo inesperado: el Real Decreto Ley aprobado el pasado 20 de marzo, que modifica el modelo energético y que, según la patronal, introduce un nivel de discrecionalidad que amenaza con descarrilar proyectos ya en marcha.
Un crecimiento sin precedentes
El informe de SpainDC no deja lugar a dudas sobre la pujanza del sector. A cierre de 2025, la potencia IT instalada en centros de datos comerciales (colocation e hiperescalares) alcanzó los 439 megavatios (MW), un 24% más que en 2024. Y la previsión apunta a que esta cifra podría multiplicarse por seis hasta llegar a los 2.537 MW en 2030, siempre que las condiciones acompañen.
«España ha dibujado un mapa. Hemos hecho una especie de previsión para saber cómo vamos a evolucionar en los próximos cinco años», explicaba Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, durante la presentación del informe. «Estamos hablando de un crecimiento en gigas de 2,7 en 2030. Muy lejos de los 12 que se suelen manejar por algunos informes. Es un crecimiento fuerte, sólido y real, porque lo hemos medido con la industria real, no con expectativas».
Este crecimiento viene acompañado de un impacto socioeconómico tangible. En el escenario tendencial, el sector generaría 16.000 puestos de trabajo directos e indirectos en 2030, con una contribución anual al PIB que rozaría los 7.300 millones de euros. Villacís, que acaba de cumplir un año al frente de la asociación, subrayó la naturaleza habilitante de esta industria: «Los centros de datos son una industria habilitante que posibilita todos los puestos de trabajo que nacen de la economía digital. Cada vez son más numerosos y pesan más en la economía del país».
Por qué invertir en España
El atractivo de España como hub digital no es casualidad. El informe identifica tres factores clave que han convertido al país en un imán para la inversión internacional: energía renovable, conectividad y suelo disponible.
«Lo que necesitamos es energía, suelo disponible y conectividad. ¿Qué tiene España? Somos líderes en producción de energía renovable. Hay zonas como Aragón que son increíblemente líderes en energía renovable», destacó Villacís. «Tenemos conectividad porque estamos geográficamente en el centro y por España pasan 37 cables submarinos que nos conectan con Estados Unidos, con Latinoamérica, con África. Luego tenemos una red de fibra óptica que es muy competitiva por encima de países como Alemania».
Precisamente Aragón se ha convertido en un caso de estudio. La comunidad ha pasado de no estar en la liga de los grandes centros de datos a ser un nombre que circula por Silicon Valley. «Aragón hizo algo fundamental: creó una herramienta como los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (Pigas), que comprendió el sector y creó una especie de fast track para todos los proyectos. De verdad hay una ventanilla única y gente muy capaz y muy competente al otro lado», explicó Villacís. El resultado es un crecimiento espectacular: de los 108 megavatios en colocation actuales se podría pasar a 455 en el escenario más prudente, superando incluso a Cataluña.
Pero no solo Aragón. Madrid sigue siendo el principal hub nacional, con una proyección de hasta 612 MW en 2030, mientras que Barcelona refuerza su papel como mercado metropolitano y regiones como la Comunidad Valenciana y Navarra empiezan a ganar peso como polos de desarrollo a escala campus.
La inteligencia artificial como acelerador
Si hay un factor que está acelerando la transformación del sector, ese es la inteligencia artificial (IA). El informe identifica a la IA como el motor de demanda más disruptivo y determinante. Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia, acelerando la adopción de la refrigeración líquida y exigiendo instalaciones más grandes con energía asegurada.
«La inteligencia artificial se desarrolla en los centros de datos», subrayó Villacís. «Si tienes centros de datos, puedes tener inteligencia artificial. Si no tienes centros de datos, no hay manera de que puedas competir por inteligencia artificial. Si España quiere sumarse a esta revolución, solo puede hacerlo albergando las infraestructuras que lo permiten, donde se cocina la inteligencia artificial».
Este punto fue ampliado por Alejandro Fuster, director técnico de SpainDC, quien explicó durante la presentación del informe cómo la IA está cambiando el diseño de las instalaciones: «Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia. Estamos hablando de racks que pueden llegar a los 30, 50 o incluso 100 kilovatios. Esto está acelerando la adopción de la refrigeración líquida y exigiendo instalaciones más grandes y con energía asegurada».
Sostenibilidad y eficiencia, un compromiso real
Uno de los mitos que el sector se ha empeñado en desmontar es el del consumo energético desmedido. El informe dedica un capítulo completo a la sostenibilidad, y los datos son reveladores: los centros de datos representan aproximadamente un 0,8% del consumo total de electricidad en España, muy lejos de la percepción social que a veces se tiene.
«Hay que derribar leyendas urbanas», insistió Villacís. «Los centros de datos son aproximadamente un 0,8% del total de la energía en España. Creo que esta cifra es importante que la manejemos. Porque así basculamos sobre si es súper necesaria esa regulación e hiperregulación o no es tan necesaria».
Además, el sector ha demostrado un compromiso histórico con la eficiencia. Según el informe, el PUE medio (medida de eficiencia energética) se sitúa en 1,36, en línea con los estándares europeos, y el 95% de la electricidad consumida por operadores de colocation e hiperescalares proviene de fuentes bajas en carbono, mayoritariamente renovables.
Fuster profundizó en este punto: «El propio centro de datos es la infraestructura más eficiente energéticamente que puedes tener. Somos muy cautos y muy precisos en eficientar la energía. Esa eficiencia que nosotros utilizamos es la que también proporcionamos a otros sectores. Ofrecemos capacidades a otras industrias para que ellas mismas ganen su propia eficiencia energética y productividad».
El apagón de Madrid y la soberanía digital
La presentación del informe coincide con un contexto geopolítico convulso, y tanto Villacís como Emilio Díaz, presidente de SpainDC, hicieron hincapié en el concepto de soberanía digital. No es un término abstracto. Como recordó Fuster, durante el apagón que afectó a Madrid, los centros de datos siguieron funcionando.
«En el apagón todo cayó excepto los centros de datos. Los centros de datos siguieron funcionando. Los procesos automáticos que había en esos centros de datos siguieron funcionando», explicó Fuster. «Lo que falló es la alimentación de las baterías de las telecomunicaciones. Pero los centros de datos seguían absolutamente activos y los procesos automáticos bancarios y de otras industrias seguían funcionando».
Villacís llevó este argumento más allá, conectándolo con el debate europeo sobre la autonomía estratégica: «Un país va a poder ser soberano en el momento que sea autónomo y en el momento que sea independiente. Si queremos no depender de otros, necesitamos tener infraestructura digital. Más en los tiempos que corren, más con una situación geopolítica tan convulsa. Nosotros defendemos una soberanía digital, una soberanía de los datos. Y solo se puede conseguir si tenemos la infraestructura digital aquí».
El Real Decreto Ley del 20 de marzo
Pero si hay un tema que monopolizó las preguntas y las declaraciones durante la presentación, ese fue el Real Decreto Ley aprobado el pasado 20 de marzo. Un texto que, en palabras de Emilio Díaz, mezcla medidas paliativas para las familias con una modificación profunda del modelo energético que afecta de lleno al sector de los centros de datos.
«Es un decreto de crisis que puede generar una crisis dentro de un sector si no se maneja adecuadamente», sentenció Díaz. «Además es vacío, porque tampoco dice nada el Real Decreto. Depende con qué lo mires. Eso positivo o neutro. Negativo no es muy negativo. Son las declaraciones posteriores lo que nos llevan a pensar que detrás de esto hay algo no declarado».
El punto más controvertido del decreto es el artículo 13, que establece la creación de un comité interministerial para identificar proyectos prioritarios que, en caso de saturación de la red, desplazarían al resto de accesos. El problema, según SpainDC, es que no se definen los criterios objetivos para determinar esa prioridad.
«El artículo 13 habla de los proyectos prioritarios que en el momento que sean identificados desplazarán al resto de los accesos, cuando haya muchos. El proyecto prioritario sería capaz de borrar a todos los demás», explicó Villacís. «¿Cómo se van a identificar estos proyectos prioritarios? Se ha recreado un comité interministerial que los va a definir, pero no dice cómo. Quiero reglas, requisitos, cuestiones objetiva, no quiero arbitrariedad».
Díaz se mostró más contundente: «Este decreto introduce un nivel de discrecionalidad que es lo peor que creemos que pueda haber, cuando un inversor, y muchos de nosotros estamos financiados por fondos de inversión, lo que lleva muy mal es que las cosas sean discrecionales y que no haya confianza por parte del inversor en la regulación actual».
El miedo a la discrecionalidad
El fantasma de la discrecionalidad recorrió todas las intervenciones de los representantes de SpainDC. No es un miedo menor. En un sector donde los ciclos de inversión se miden en décadas y las decisiones de ubicación de los grandes hiperescalares se toman en función de la previsibilidad regulatoria, cualquier señal de arbitrariedad puede desviar inversiones hacia otros países.
«Quien quiere invertir en España lo primero que te pregunta es: ¿Tengo seguridad? ¿Tengo normas claras? No nos preocupan las reglas, nos preocupa la discrecionalidad», insistió Villacís.
Díaz fue más allá, denunciando lo que considera un desconocimiento profundo de la realidad del sector por parte de algunas autoridades. «Cuando una ministra dice que la votación te la van a poner a la cola de cualquier concurso que se produzca frente a cualquier industria, vemos que es un desconocimiento salvaje que no se puede tolerar. Esto no está en el decreto, son las declaraciones de una ministra, y creemos que esto es inaceptable».
El presidente de SpainDC también cuestionó la lógica de establecer competencias entre industrias en un contexto donde los centros de datos son, en muchas zonas, los únicos grandes consumidores de energía. «Si no estamos compitiendo, si no hay otra industria que consuma gigavatios, megavatios, por desgracia, lo decimos. Y sobre todo en los sitios donde estamos concentrados, estamos hablando de tres lugares: Aragón, Cataluña y Madrid. Si no hay competencia, no hay una competencia real por los nodos».
La paradoja de las gigafactorías de IA
Uno de los puntos que más llamó la atención durante la presentación del informe fue la denuncia de Díaz sobre la aparente contradicción entre el discurso regulatorio y las acciones concretas de la administración.
«Hay dos concursos dirigidos por la administración española para hacer dos data centers de IA, dos gigafactorías de IA en España. Evidentemente no han contado con ninguno de vosotros, de los que estáis aquí conmigo», señaló Díaz, en referencia a los asociados de SpainDC. «Debe ser que no tenemos capacidad ni experiencia suficiente para hacer este tipo de cosas».
La paradoja es evidente: mientras el gobierno impulsa proyectos de centros de datos de IA, el nuevo decreto introduce un marco regulatorio que, según la patronal, dificulta la inversión privada en el sector. «Nos compran cosas como el track record del desarrollo de los proyectos. Creemos que para evaluar proyectos el track record es muy importante. Gente que lo ha hecho, gente que tiene el dinero, gente que tiene el talento suficiente dentro de sus organizaciones y no otras», añadió Díaz con un tono crítico.
El informe Draghi y la ventana de oportunidad
En un ejercicio para situar el debate en el contexto europeo, Villacís recurrió al informe Draghi, el documento encargado por la Comisión Europea para analizar la competitividad del continente. Un informe que, según la directora ejecutiva de SpainDC, establece claramente la prioridad de la infraestructura digital.
«Si uno se lee el informe Draghi, que es la Biblia de Europa que analiza nuestra competitividad, y mira el capítulo 2 y el 3.2, establece como una de las prioridades para nuestra región la infraestructura digital. La eleva a nivel de la importancia de la obtención de energía y el capital humano», explicó Villacís.
La ventana de oportunidad, sin embargo, es finita. «Sería de tontos no aprovechar esta ventana, que vuelvo a decir, es una ventana temporal que se nos abre al país, pero que perfectamente se puede cerrar», advirtió. «La pregunta no es si va a crecer o no va a crecer, y cuándo va a crecer. La respuesta es dónde queremos que crezca y si queremos que crezca en nuestro país».
El impacto de los escenarios
El informe presentado por SpainDC no solo dibuja un escenario tendencial. También contempla dos escenarios alternativos: uno restrictivo y otro favorable. Y la diferencia entre ambos es abismal, tanto en términos de inversión como de empleo y contribución al PIB.
En el escenario restrictivo, donde los centros de datos se enfrentan a una regulación más estricta y a un acceso restringido a la red eléctrica, la inversión total acumulada hasta 2030 se reduciría a 43.000 millones de euros, casi 24.000 millones menos que en el escenario tendencial. El empleo se quedaría en 11.000 puestos y la contribución al PIB apenas superaría los 4.000 millones anuales.
En el escenario favorable, donde los centros de datos son reconocidos como infraestructuras críticas y obtienen acceso prioritario a la red, la inversión podría llegar a los 79.000 millones de euros, con 19.000 empleos y una contribución al PIB de más de 10.000 millones anuales.
«La diferencia entre una cosa y la otra son 69.900 millones, que es lo que queremos hacer y yo estoy segura de que vamos a hacer, frente a 43.000 millones en un escenario restrictivo, y un escenario favorable que sería el deseable, que son 79.000 millones», resumió Villacís. «Esta es la horquilla que puede suponer una administración inteligente o una administración que no nos comprenda».
Reglas claras, no subvenciones
Un mensaje que se repitió en todas las intervenciones fue que el sector no pide ayudas públicas. No reclama subvenciones. Solo pide reglas claras y predecibles.
«Nosotros no pedimos barra libre. Y sobre todo nosotros no pedimos subvenciones, a diferencia de otros sectores», enfatizó Villacís. «Nosotros le pedimos reglas claras. No le tenemos miedo a la regulación, le tenemos miedo a la confusión».
Díaz secundó esta postura: «No tenemos miedo a las garantías ni a la regulación. ¿Por qué vamos a tenerle miedo? Somos capaces. Hemos afrontado la regulación europea con dignidad. No le tenemos ningún miedo a reportar, a regular, a que se diga que tenemos que ser más verdes o menos verdes. Lo haremos y lo pasaremos».
La pregunta que flotaba en el ambiente era ¿por qué regular en España por encima de lo que está regulando la Unión Europea? «Para hacernos menos competitivos. Ese es el objetivo. El objetivo es hacernos menos competitivos frente a nuestros competidores», afirmó Díaz sin ambages.
Un momento decisivo
El Informe Anual 2025 de SpainDC llega en un momento crucial para el sector de los centros de datos en España. Por un lado, los datos confirman que el país está ante una oportunidad histórica: conectividad de primer nivel, energía renovable abundante, suelo disponible y un ecosistema empresarial que está atrayendo inversiones de los grandes hiperescalares mundiales.
Pero por otro, la entrada en vigor del nuevo real decreto introduce un elemento de incertidumbre que, según la patronal, amenaza con desviar inversiones hacia otros países europeos. La creación de un comité de expertos sin criterios objetivos definidos, la posibilidad de que los proyectos prioritarios desplacen al resto y la sensación de que detrás del texto hay un desconocimiento profundo de la realidad del sector han encendido todas las alarmas.
«Lucharemos contra esto, evidentemente para que no sea así, pero se puede producir», advirtió Díaz. «No podemos enviar señales ambiguas desde el gobierno central. No se pueden enviar señales ambiguas a las empresas a las que realmente estamos generando este sector».
Villacís quiso cerrar con un mensaje de esperanza, pero también de advertencia: «El dinero es muy miedoso. Y nosotros no queremos dar miedo. Nosotros queremos dar seguridad. Queremos que nuestro país sea un país seguro. Porque invertir en infraestructura digital provoca un retorno de muy alto valor».
El desenlace de esta historia está aún por escribir. Dependerá del desarrollo reglamentario del decreto, de la capacidad del sector para hacer oír su voz y, sobre todo, de que la administración entienda que los centros de datos no son un problema energético, sino la infraestructura física de la economía digital. Y que en esa economía, España tiene la oportunidad de liderar, pero solo si ofrece a los inversores lo único que realmente piden: reglas claras y seguridad jurídica.
