SITUACIÓN ECONÓMICA

Castilla y León aprueba la nueva Estrategia de Eficiencia Energética con reducción de las emisiones en un 21,35%

Castilla y León ha aprobado la nueva Estrategia de Eficiencia Energética con los objetivos principales de reducción del consumo de energía primaria en un 30,2%, reducción del consumo de energía final acumulada, y la reducción de las emisiones en un 21,35%, dentro de las medidas de competitividad y eficiencia energética para empresas y familias del documento sobre las iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, presentado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Dentro de dicho documento se explican las medidas de impulso a la capacidad energética, siendo Castilla y León la Comunidad Autónoma que ha cerrado 2021 con la mayor cifra de generación renovable en España, con un total de 89,1% del total de nuestra producción energética, frente al 46,7% de la media nacional.

En este contexto, desde la Junta de Castilla y León se va a reforzar las estructuras administrativas, se aumentará la cooperación con las administraciones locales, se presentará especial atención a nuevas promociones de generación con biomasa y la existencia de varios proyectos de almacenamiento de energía mediante hidráulica reversible o de bombeo. El importe estimado de estas medidas asciende a 1,8 millones de euros.

Ante el continuo incremento del coste energético para los consumidores y los agentes económicos de la Comunidad, que amenaza de forma inmediata a su actividad, se impulsará en el marco del PRTR, el Programa de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovables en el sector residencial.

Además, destinarán 8,4 millones de euros para una próxima convocatoria de Ayudas para energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía; se dará un nuevo Impulso de la Mesa de Autoconsumo de Castilla y León; la creación del índice de eficiencia energética empresarial; creación de un fondo de inversión y participación autonómica, dotado con 15 millones de euros, para visibilizar y extender las inversiones en sistemas de autoconsumo energético para pymes, grandes empresas intensivas en energía, y para explotaciones agropecuarias de Castilla y León. El importe de estas medidas asciende a 61,6 millones de euros.

Asimismo, desde el elevado incremento que está experimentando el precio de los suministros energéticos y las derivadas geopolíticas que supone la dependencia energética de terceros países se contemplan cuatro paquetes de medidas tales como mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos; ahorro energético en el funcionamiento de la administración; reducción de la dependencia de los combustibles fósiles; y racionalización de la contratación de suministros energéticos. El importe estimado a todas las medidas asciende a 54,8 millones de euros.

Ciberseguridad

Del mismo modo, se emplean medidas relacionadas con la ciberseguridad divididas en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito interno, en el cual se impulsarán medidas especificas de seguridad (técnicas humanas y organizativas), enfocadas a mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes. Por otro lado, en el ámbito externo, la ciberseguridad es necesaria para el crecimiento y supervivencia de las compañías y para la mejora de su competitividad. Por ello, se potenciará la colaboración con agentes externos para acompañar a las empresas y sectores regionales en su adaptación.

Fondos europeos

Desde la Junta de Castilla y León se analizarán las posibilidades de reprogramación de los diferentes fondos de la Unión Europea. Se solicitará al Gobierno de España que incremente la capacidad de las Comunidades Autónomas de orientación de los fondos europeos.

Transporte

Por su parte, el sector del transporte también se ha visto afectado por elevado incremento en el precio de los combustibles y por ello, se procederá a una rápida actualización de la financiación autonómica al transporte regular; se congelarán durante tres meses la totalidad de las tarifas de transporte público; se reducirá durante tres meses en un 15% el precio de los abonos transporte titularidad de la administración autonómica; y se articularán ayudas para compensar el pago de las tasas de titularidad autonómica relacionadas con la actividad profesional del transporte por carretera, afectada por la subida del precio del combustible. El importe estimado de estas medidas asciende a 9,65 millones de euros.

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