No obstante, los técnicos del CES llaman la atención sobre la circunstancia de que “los sistemas de información (sobre el PRTR) existentes adolecen de suficiente transparencia y capilaridad como para detectar el impacto real de los fondos a nivel sectorial y regional”.
Y añaden que, dado el elevado impacto potencial que tienen estos fondos, “es necesario superar las debilidades detectadas en el diseño, gestión y resolución de convocatorias y dotarse de los medios suficientes para agotar los fondos asignados en tiempo récord (hasta 2026)”.
También creen en el CES que el Gobierno debe fomentar “una mayor participación e implicación de las autoridades regionales y locales, la sociedad civil y los interlocutores sociales en el plan”.
Esa reflexión sobre una mayor participación en la gobernanza del PRTR, que incluyen los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los ya populares PERTEs, es recogida por los responsables de distintas administraciones autonómicas, pero también de organizaciones sindicales como CCOO-Industria y UGT o empresariales como la CEOE.
Si bien, hechas todas estas advertencias, el Consejo Económico y Social estima que estas ayudas europeas sí están contribuyendo a cambiar el tejido productivo español, aumentando el peso de los servicios no turísticos de mayor valor añadido en el VAB.
Como muestra el gráfico superior, de los 11 PERTEs existentes, el de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA) es el de mayor volumen del importe movilizado, seguido del PERTE VEC. Luego van el de Economía Social y de los Ciudados, el de Salud de Vanguardia, el Aeroespacial, el de Ciclo de Agua, el Agroalimentario, el de Descarbonización, el de Economía Circular, el PERTE Chip y finalmente el Naval. El duodécimo PERTE, el de Nueva Economía de la Lengua, está «en construcción».
La consultora española multinacional LLYC suele realizar informes periódicos sobre el estado del PRTR, incluyendo los PERTEs. El último disponible a la fecha de publicación de este reportaje es el de verano de 2024. En el documento, la firma sostiene que “una vez transcurridos tres años completos de ejecución del Plan (que aprobó la Comisión Europea en mayo de 2021, por lo que no empezó a ejecutarse de facto hasta el verano de ese año), podemos considerar que el balance de lo obtenido es positivo, si bien siempre podría haberse hecho mejor y llegado más lejos”.
El PRTR ya ha atravesado el ecuador de su vida útil pues su vigencia culmina en 2026. 2024 ha sido, además, un año especial no solo por eso sino también porque la entrada en vigor en enero de ese año de lo dispuesto en la Adenda al Plan de Recuperación aprobada por la Unión Europea en octubre de 2023 ha supuesto el inicio de una nueva fase en la ejecución de los fondos Next Generation EU en España, con la introducción de importantes novedades, como los fondos reembolsables para préstamos (por un importe de 83.140 millones de euros), que van a cambiar en cierta manera el método de seguimiento que se ha estado realizando de la aplicación de ese programa de fondos europeos. La Adenda supone la incorporación de 10.342 millones de euros suplementarios en forma de subvenciones con lo que la cifra total para esta modalidad de fondos alcanza los 80.661 millones de euros.
Se han producido avances significativos desde 2022, cuando el panorama era bastante distinto, pues la fuerte rigidez y gran complejidad de los PERTEs estaba desanimando al tejido industrial formado principalmente por pequeñas y medianas empresas.
A fecha de 30 de junio de 2024, según los datos de LLYC, se había superado el compromiso de la totalidad de los fondos en forma de subvención que fueron asignados a España para el PRTR original (70.319 millones de euros), al haberse comprometido ya 70.526 millones. Este importe incluía 45.668 millones de gestión de la Administración General del Estado -AGE (de los que 3.772 millones serían en forma de activos financieros recuperables por la hacienda pública española, pero que no debería devolver a la UE), mientras que las comunidades autónomas habrían recibido ya 24.858 millones de euros en transferencias, con un protagonismo decreciente de la gestión autonómica en el PRTR, como muestra que ya solo gestionen un 35% del total, frente al porcentaje superior al 40% del plan original.
Es innegable que ese nivel de compromiso constituye un paso adelante de gran importancia, al haberse visto acompañado por el cumplimiento de la práctica totalidad de los hitos de reforma y objetivos de inversión de cuatro desembolsos (que con la prefinanciación concedida suman ya unos 48.000 millones de euros recibidos por España del Mecanismo Europeo de Resiliencia y Recuperación o MRR), de forma que España está disponiendo de unos recursos muy relevantes para impulsar su economía.
La consultora también menciona como contribución positiva del PRTR a la mejora de la economía española la entrada en vigor de relevantes reformas incluidas en el acuerdo con la UE para Next Generation EU, como la reforma laboral, la Ley de Formación Profesional o la Ley Crea y Crece, entre otras. Este paquete legislativo también incluirá, si todo marcha bien, la nueva Ley de Industria que podría estar lista para ir al Pleno del Congreso de los Diputados a partir del 11 de febrero.
“También se puede objetar que la llegada de esos fondos a las empresas españolas se está viendo dificultada por un diseño del Plan, negociado con la Comisión Europea, ciertamente restrictivo a la hora de apoyar decididamente proyectos estratégicos, ya que desde Bruselas se ha esgrimido la política europea de competencia como argumento para evitar que la economía española obtuviera mayores ventajas de estos fondos europeos (sólo a partir de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania se relajaron un poco estas condiciones, con la aprobación del nuevo Marco Temporal de Ayudas de Estado, aunque aplicable únicamente a los sectores relacionados con la energía)”, considera el informe de LLYC en otro apartado.
Asímismo se pone de relieve que, al no haber aprovechado la ejecución de este programa para reformar la administración pública española y agilizar sus procedimientos, “se han mantenido bastantes trabas burocráticas que han mermado el atractivo de los programas de ayudas propuestos”.
España tiene, según el informe, el desafío de cumplir con 595 hitos y objetivos de reforma e inversión, de los cuales 179 son nuevos debido a la Adenda. A mediados de 2024, ya se habían cumplido 181 hitos y objetivos, pero aún restaban 414, lo que representa una labor muy considerable para asegurar el cumplimiento antes de la fecha límite de 2026.
Al hacer un análisis comparativo con respecto a los vecinos más cercanos, LLYC subraya que España se encuentra en una «posición avanzada» en términos de implementación del PRTR. “Ha recibido más fondos en concepto de transferencias no reembolsables que otros países, como Italia y Portugal, aunque enfrenta desafíos similares relacionados con la capacidad administrativa y la absorción de fondos”, recoge el informe.
España se sigue encontrando entre los países más avanzados en términos de cumplimiento de hitos y objetivos acordados con Bruselas. Esta lista está liderada por Italia, único Estado miembro que ha solicitado el sexto desembolso, Portugal y Croacia, quienes han recibido el cuarto desembolso completo, y España, que lo ha recibido de forma parcial (aunque la parte no percibida es muy menor). Cabe resaltar que España es el Estado miembro que ha percibido más fondos en forma de transferencias (no reembolsables).
En cuanto a la asignación de fondos, y siempre hasta junio de 2024, España ha comprometido 70.526 millones de euros en subvenciones, superando la asignación original de 70.319 millones de euros. De este total, 45.668 millones de euros son gestionados por la Administración General del Estado (AGE), y 24.858 millones de euros han sido transferidos a las comunidades autónomas. Esto refleja una disminución en el protagonismo de la gestión autonómica, que ahora representa solo el 35% del total, frente a más del 40% del plan original.
El informe identifica retos estructurales y nuevos desafíos en la gestión del PRTR, como la necesidad de mejorar la eficacia administrativa y aumentar la capacidad de absorción de fondos. También destaca la importancia de una mayor flexibilidad en la toma de decisiones para adaptarse a las necesidades cambiantes del plan.
En este contexto, la transparencia sigue siendo un componente fundamental en la ejecución de los fondos, y la herramienta interactiva ELISA (Evaluación y Localización de Iniciativas y Seguimiento de Actuaciones), puesta en marcha en abril de 2024, está llamada a desempeñar un papel crucial en este aspecto.
ELISA ha sido diseñada para proporcionar un seguimiento detallado, aunque no en tiempo real, de las iniciativas y actuaciones financiadas por el Plan, permitiendo así una gestión más eficiente y transparente de los recursos. La plataforma, que venía siendo muy demandada desde hace tiempo, facilita el acceso a la información sobre la asignación y el uso de los fondos Next Generation. La última actualización de datos es del 31 de diciembre de 2024. La herramienta es muy exhaustiva e incluso ofrece hasta el número de CIF de las empresas que ha solicitado el Kit Digital, sin duda alguna, el producto estrella del PRTR por su popularidad y difusión.
Los datos se ofrecen por tipo de actuación y adjudicatario, por distribución del número de empresas adjudicadas, por destino regional y tipo de actuación.
En cuanto a la situación de las convocatorias y las licitaciones, a pesar de los avances en la gestión, persisten problemas en la planificación y ejecución, con diferencias significativas en los estándares de información y actualización de datos entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Esto afecta la capacidad de realizar un seguimiento eficiente y transparente de la asignación y uso de los fondos.
Por otro lado, el equipo técnico de la Unidad Next Generation EU de LLYC ha identificado remanentes significativos en la ejecución del PRTR, alcanzando 11.144 millones de euros. Estos remanentes provienen de convocatorias y licitaciones no adjudicadas, lo que subraya la necesidad de una mejor planificación para asegurar que todo ese dinero se utilice efectivamente dentro del plazo establecido
En lo referente a la ejecución por comunidades autónomas, el análisis de LLYC confirma que algunas regiones han demostrado eficiencia en la gestión, otras enfrentan dificultades para cumplir con los objetivos debido a problemas de planificación y coordinación con el gobierno central.
En cualquier caso, persiste la dificultad de establecer con cierta seguridad cuál es el nivel de adjudicación de cada comunidad, dado que los datos publicados de ejecución presentan diferencias incluso conceptuales y, además, se actualizan con frecuencias distintas. Es una de las consecuencias evidentes de la “España de las autonomías”.
El informe concluye enfatizando la importancia de la evaluación continua y la adaptación de estrategias para garantizar que el PRTR alcance sus metas. Se subraya que la ejecución efectiva de estos fondos es una oportunidad crítica para impulsar el desarrollo económico y social en España, y que no se puede permitir que esta oportunidad se pierda.
El documento de 75 páginas, realizado por Pablo García-Berdoy, Francesc García-Bonet, Beatriz Alonso Álvarez y Almudena Poyán Alvarado, concluye recomendando ampliar los plazos originalmente establecidos, para dar más tiempo a que se absorban los fondos, o prolongar la vigencia del Mecanismo Europeo, de manera que se puedan aplicar esos fondos, y recursos adicionales.
“En la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, aunque consideramos un avance positivo la simplificación de algunos requisitos en las nuevas convocatorias de los PERTE, creemos que es prioritario ampliar los plazos para la ejecución de los proyectos. Establecer unos plazos realistas”, afirma a industry TALKS Carlos Reinoso, portavoz de esta organización que aglutina a grandes players industriales.
“De no ser así, se correrá el riesgo de que muchas empresas tengan que renunciar a las ayudas. Eso pasa por una obligada y decidida negociación del gobierno español con la Comisión Europea”, subraya. Asimismo, Reinoso ve necesario un mayor equilibrio en la dotación presupuestaria de los PERTE. “Algunos son insuficientes, mientras que otros se infrautilizan”, añade Reinoso.
“Pero volviendo a lo positivo… Tengamos presente el hecho de que, aunque los PERTE constituyen un esfuerzo financiero y presupuestario de gran valor económico, hasta hoy han tenido un éxito limitado, en parte, por una burocracia en buena medida paralizante, por lo que la introducción de mejoras en la simplificación de algunos trámites y requisitos son un paso importante, pero no el único necesario”.
