Hubo que esperar hasta marzo de este año, cuando ya había cinco Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica aprobados por el Gobierno, para que viera la luz la orden ministerial que regulaba el Registro Estatal de las entidades interesadas en los PERTEs, bautizado como REPERTE.
Sin embargo, el REPERTE, en el momento de escribir estas líneas, es poco más que una rudimentaria página web incluida en el site de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que no se actualiza desde el 25 de marzo. En ella se informa de que el registro “tiene como finalidad garantizar la información pública de todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada y de su forma de constitución”. “Desde esta página se podrá acceder al contenido del registro una vez que comiencen a acreditarse entidades por parte de los órganos responsables de cada uno de los PERTE”, añade esa web, que, por ahora, solo enlaza a la página del Plan de Recuperación que recopila los PERTEs aprobados hasta ahora.
En concreto, el BOE del 10 de marzo de 2022 publicaba la Orden HFP/168/2022, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 7 de marzo, que regula el funcionamiento y la estructura del REPERTE. Según explicó el mismo 10 de marzo la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una conferencia de prensa, ese registro “será de acceso libre para cualquier ciudadano”.
Esta regulación del REPERTE, como instrumento estatal de inscripción y certificación de las entidades interesadas en los proyectos, se ha dictado en desarrollo del artículo 9 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, de modernización de la Administración Pública para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El procedimiento de registro se lleva a cabo en 2 fases: una primera etapa de acreditación, en la que cada ministerio responsable de un PERTE verificará las entidades interesadas que reúnan efectivamente las condiciones técnicas, económicas y jurídicas necesarias para participar en el mismo; y una segunda fase, de inscripción propiamente dicha, en la que el ministerio en cuestión comunicará a la IGAE las resoluciones de acreditación efectivamente adoptadas, para que proceda a su correspondiente inscripción.
En general, los aspectos más destacables de esta regulación son los siguientes:
Principios de funcionamiento: El REPERTE funciona conforme a los principios de legitimación, de manera que el contenido de las inscripciones se presumirá exacto y válido, a fin de ofrecer certeza y seguridad sobre los datos reflejados en las mismas; integridad, garantizando la debida protección frente a una modificación posterior no autorizada o eliminación de la información verificada; (unicidad, recogiendo en un único sistema informático los datos sobre las entidades acreditadas por los distintos ministerios respecto de cada PERTE; y publicidad, toda vez que el registro será de acceso público.
Ámbito subjetivo o entidades inscribibles: En el REPERTE podrán inscribirse cualesquiera entidades (públicas o privadas y con independencia de su naturaleza jurídica, ámbito territorial o forma de constitución) que hayan sido acreditadas por el ministerio correspondiente como interesadas en un PERTE de su competencia. El concreto procedimiento de acreditación aplicable será establecido por cada ministerio en cuestión.
El REPERTE se publicará en la web de la IGAE y será de acceso libre para cualquier ciudadano, de acuerdo con lo dispuesto al respecto en la Ley de Transparencia y con los límites recogidos en materia de protección de datos.
Estructura: El Registro se dividirá en secciones por cada uno de los PERTEs aprobados, en las que el ministerio respectivo inscribirá a las entidades que haya acreditado como interesadas en relación con los mismos. Podrán, igualmente, generarse subsecciones, si hay requisitos de acreditación específicos a nivel de proyecto.
Órganos competentes: Los titulares de los ministerios competentes por razón de la materia en relación con cada PERTE serán quienes establezcan las condiciones técnicas, económicas y jurídicas exigibles para la acreditación de las entidades, recibir las solicitudes de los interesados, valorarlas y acordar o denegar su acreditación a efectos de la inscripción, así como designar el órgano responsable para dictar la acreditación y remitir la documentación al Registro. Su gestión funcional y técnica, en cambio, corresponderá a la IGAE.
Funciones: El REPERTE realizará las funciones de dar difusión a los actos administrativos de acreditación de entidades interesadas en los PERTE; garantizar una estructura común para los datos recogidos; proporcionar el acceso público a tales datos; y, sobre todo, certificar acreditación ministerial efectiva de cada una de las entidades inscritas.
Procedimiento de inscripción y cancelación: Cada ministerio presentará en los 3 días siguientes a la acreditación de la respectiva entidad, por medios electrónicos, y mediante formularios normalizados, la correspondiente solicitud de inscripción, acompañada de la debida documentación de soporte y concretando datos como su denominación, NIF, sección y PERTE para el que se acredita, objeto social, CNAE, posible condición de pyme o naturaleza pública o privada, dirección, entre otros. Salvo subsanaciones, la inscripción se llevará a efecto en los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud, generándose entonces un certificado que podrán solicitar los interesados y que será el único medio de acreditar fehacientemente dicha inscripción.
La pérdida de vigencia de un PERTE o de la acreditación concedida a una entidad, así como la modificación de los datos o condiciones de tal acreditación, hará que el órgano ministerial competente en cada caso deba comunicarlo a la IGAE, a fin de que tramite la oportuna cancelación/baja o modificación la sección, inscripción o información correspondiente.
Por consiguiente, el REPERTE ya funciona como tal y cuenta con organizaciones inscritas, pero aún no es de acceso público para la ciudadanía.
En abril pasado, el Gobierno central aprobó el Real Decreto-ley del plan de choque contra el impacto de la guerra de Ucrania que incluía una serie de modificaciones al citado Real Decreto-ley 36/2020, la norma creada para agilizar los procesos de cara a la implementación de los fondos europeos vinculados al PRTR. Esas modificaciones contemplan:
1. Que se permita a las entidades locales que puedan directamente y sin autorización del Pleno tramitar gastos plurianuales, siempre que el objeto de todas estas actuaciones sean los proyectos financiados con cargo al PRTR, es decir, proyectos incluidos en los PERTEs.
2. Que se flexibilice el calendario de cierre de ejercicio, de forma que las órdenes que regulen anualmente el calendario de operaciones de cierre del presupuestos de gastos y operaciones no presupuestarias establecerán la aplicación de plazos diferenciados para los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación, y sobre autorización para contratar, al establecer que los contratos, acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que se vayan a financiar con los fondos europeos quedan excepcionados del requisito de la autorización para contratar.
Pero, ¿en qué situación se encuentran los PERTEs vinculados a la industria? En esta lista no están incluidos el PERTE de la nueva economía de la lengua, y el PERTE de economía social y de los cuidados.
PERTE del coche eléctrico
El PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) es el más avanzado en desarrollo de todos los aprobados hasta ahora. Nació el 13 julio de 2021 por decisión del Gobierno.
De los 13 proyectos tractores recibidos inicialmente, 10 han conseguido la aprobación por parte de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Seat, Mercedes y Ford son las empresas que lideran el listado de cuotas adjudicadas, seguidas por el proyecto de Hub, Opel y Renault.
En mayo se conocieron los detalles del proyecto de Vokswagen y Seat. Las dos marcas presentaron su proyecto de ecosistema de vehículo eléctrico, llamado Future: Fast Forward (F3). El Grupo Volkswagen ha comprometido inversiones por valor de 7.000 millones de euros a la aprobación de este proyecto, para electrificar sus plantas de Seat Martorell y de Volkswagen Navarra, incluyendo la construcción de una planta de baterías en Sagunto (Valencia).
El proyecto F3 está formado por 62 empresas nacionales, internacionales, y de diferentes sectores, de las que el 61% son pymes. La convocatoria del PERTE exigía que el 30% de las ayudas fueran a parar a pequeñas y medianas empresas. Future: Fast Forward agrupa a compañías de 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco).
El proyecto tiene cuatro pilares: el primero es la fabricación de modelos eléctricos, acondicionar la planta navarra y levantar la fábrica de n torno a 1.000 millones para acondicionar la planta de Volkswagen en el polígono de Landaben, en Pamplona, para la llegada de dos SUV modelos 100% eléctricos y entre 2.500 y 3.000 millones para la fábrica de baterías de Sagunto. El segundo es la creación de todo el ecosistema de baterías para coches eléctricos en España, que engloba desde la extracción del litio en las minas hasta el ensamblaje de baterías, incluida una gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia). También contempla un tercer eje que es la localización en España de componentes esenciales para vehículos eléctricos y, un cuarto, que incluye los ámbitos relacionados con la formación, la digitalización y la economía circular.
Estas son, por orden alfabético, las empresas incluidas en el proyecto Future Fast Forward del PERTE de Volkswagen y Seat:
Altech, Asai Industrial, AZTERLAN, Balidea, BeePlanet Factory, Bosch, Brose, CARTO, CELSA Group, CETIM, CIDETEC, CENIM – CSIC, CERLER Global Electronics, CYP Core, Delta Vigo, ENSO, Feníe Energía, FORMINSA, GCR Group, Gestamp, Glavista, Gonvarri, Grupo Sesé, Grupo Simoldes, Iberdrola, Intrustial, IMS Technology, Ingedetec, Instituto Universitario Investigación (CIRCE) Universidad Zaragoza, isEazy, ISEND, Kapture.io, Kautenik, Kivnon, Lazpiur, Leartiker, Libelium, Lithium Iberia, Malena Engineering, Mindcaps, Mol-Matric, Motorland Aragón, NTDD, NUTAI, Órbita Ingeniería, Pomceg Electronics, POWER Innotech, Power HoldCo Spain, SEAT CODE, SEAT MÓ, SEAT S.A., Silence, Grupo SPR, Sumitomo Electric Bordnetze, Técnicas Reunidas, TECOI, Valeo, Vega Chargers, Vicomtech, Volkswagen Navarra, WIP y Zylk.
Seat es la empresa que más dinero recibirá, un total de 167,3 millones para la fabricación de los vehículos eléctricos pequeños del Grupo Volkswagen en Martorell (Cataluña) y Landaben (Navarra) a partir de 2025.
Le sigue Mercedes-Benz, que consiguió una asignación de 159,3 millones destinados a la fabricación del monovolumen premium eléctrico en su factoría de Vitoria. En tercer lugar, está Ford, que recibirá 106,3 millones que irán destinados a la implantación de la plataforma eléctrica GE-2 en su fábrica de Almussafes (Comunidad Valenciana), a partir de la cual se podrán producir dos nuevos modelos de coches que se sumarán al Kuga.
Continuando con el listado de adjudicaciones, el proyecto del Hub, liderado por QEV Technologies y Btech, pretende reindustrializar los terrenos de Nissan Barcelona. El apoyo público que recibirá esta agrupación asciende a los 105,1 millones, la mayoría de ellos en ayudas no reembolsables. A continuación va Opel con un desembolso de 42,4 millones de euros para su propuesta Tesis, una serie de iniciativas entre las que se cuenta la adaptación de la planta de Zaragoza para la llegada del Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon, eléctricos a partir de 2023. Por su parte, a la francesa Renault se le han adjudicado 39,7 millones para el desarrollo de diversas iniciativas dirigidas a la descarbonización, la conectividad y la movilidad como servicio.
Los tres proyectos que el MINCOTUR ha desestimado, provisionalmente, son los presentados por las empresas Envisión y Acciona para la instalación de una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres); el de Stellantis para sus plantas de Vigo y Madrid; y el del fabricante de motos Rijeu, que pretende construir un hub para el desarrollo de vehículos eléctricos ligeros.
PERTE de Salud de Vanguardia:
Este PERTE, que data del 30 de noviembre de 2021, prevé movilizar 1.469 millones de euros, y ya ha publicado una orden, de fecha de 6 de mayo, por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios. Las ayudas estaban valoradas en 50 millones de euros. La convocatoria del MINCOTUR se extendió desde el 18 de mayo al 15 de junio.
Las ayudas se podían destinar a la fabricación de especialidades farmacéuticas; de instrumentos y suministros médicos y odontológicos; de productos químicos; de productos farmacéuticos de base; de productos de caucho y plásticos; de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos; de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; de relojes. También incluye los ensayos y análisis técnicos, los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, y la industria textil.
Por otro lado, el Ministerio de Ciencia e Innovación destinará, a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), más de 96 millones de euros para proyectos de investigación de medicina personalizada de precisión e infraestructuras científicas singulares del Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las dos convocatorias está enmarcada en este PERTE, está dotada con 81,5 millones y destinada a proyectos de medicina personalizada de precisión.
La convocatoria de medicina personalizada de precisión se lanza en coordinación con la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (Impact), y cuenta con 81,5 millones de euros, cerca del triple de los fondos que tuvo en la edición de 2021. El plazo para la presentación de solicitudes comenzó el 19 de julio y finalizó el 11 de agosto de 2022.
PERTE de hidrógeno:
El PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento o PERTE ERHA, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021, se extenderá hasta 2026 y su aplicación puede crear más de 280.000 puestos de trabajo. El PERTE ERHA movilizará una inversión superior a los 16.300 millones de euros.
La primera convocatoria de ayudas se publicó en el BOE el 24 de diciembre de 2021. La orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aprobaba las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético. La convocatoria, dotada con 250 millones, ampliables en función de la demanda y desarrollo de los proyectos, sirvió para el impulso de la cadena de valor del hidrógeno renovable, desde fabricación de componentes a prototipos de nuevos vehículos o proyectos de electrolizadores para producir hidrógeno renovable a gran escala. Pudieron ser beneficiarios de las ayudas organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, otros centros públicos de I+D, entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D.
De acuerdo a esas bases se lanzaron cuatro programas de incentivos cuya convocatoria estuvo vigente de abril a junio:
1.- Capacidades, Avances Tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación (30 millones de euros)
2.- Diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno (80 millones)
3.- Grandes demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable (100 millones)
4.- Retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable (40 millones).
PERTE agroalimentario:
El PERTE Agro fue aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de febrero; está previsto que genere un impacto en la economía de 3.000 millones y una creación neta de 16.000 empleos, está dotado con una línea de ayudas de 1.100 millones de euros y se estructura en tres ejes, para los que se establecerán tres convocatorias.
La primera convocatoria se activó hace poco, gracias a la orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario.
La norma del MINCOTUR rige el conjunto de medidas de apoyo específico a actuaciones de fortalecimiento industrial de la cadena agroalimentaria, y está dotada con 500 millones de euros para el periodo 2022-2023. Es el paso previo para la publicación de la primera convocatoria del plan y para abrir el plazo de presentación de proyectos antes de finalizar el año.
PERTE de Economía Circular:
Aprobado el 8 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el PERTE de la Economía Circular se extiende a todos los sectores productivos, así como al consumo y la gestión de los residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor de 492 millones de euros y se espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones hasta el año 2026. El propósito pasa por mejorar la eficiencia de la industria y con ello volverse más atractiva para unos consumidores e inversores cada vez más preocupados por el impacto medioambiental.
En este sentido, la mayor parte de las subvenciones de este PERTE transversal se destinarán a sectores que abordan retos de sostenibilidad -como el textil, el del plástico y el de los bienes de equipo para las energías renovables- en unas ayudas que también impulsarán el ecodiseño, la reutilización y gestión de residuos y la digitalización de las empresas. El sector textil y el de plásticos habían demandado su propio PERTE.
Aunque todavía no hay una orden ministerial que regule las bases de las ayudas adscritas a este PERTE, ya existen algunas normas relacionadas. Así, el MITECO abrió el 27 de julio la primera convocatoria de ayudas para proyectos singulares de instalaciones de biogás. La convocatoria está dotada con 150 millones de euros y se dirige a actuaciones de aprovechamiento energético de residuos orgánicos que potencien la economía circular. Además de factores económicos y tecnológicos, se valorará el impacto positivo en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, así como en comunidades energéticas y pymes, entre otros.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 12 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2022 y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) será el encargado de gestionar estas ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y se instrumentarán como una subvención a percibir por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto y se acrediten los costes subvencionables incurridos.
PERTE naval:
Fue aprobado el 15 de marzo. El principal desafío del PERTE naval es diversificar el sector hacia nuevos productos, su digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados. Busca llegar al conjunto de la cadena de valor del sector, dando apoyo a los participantes en cada una las fases desde el personal investigador y el mundo académico hasta los proveedores y prestadores de servicios en un ecosistema empresarial en el que tiene cabida desde startups, pymes y grandes compañías.
El desarrollo del PERTE Naval prevé una inversión total de 1.460 millones de euros con una contribución del sector público de 310 millones de euros y una inversión privada de 1.150 millones de euros.
El 28 de julio, el BOE publicó la orden del MINCOTUR que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval. Las ayudas están valoradas en 200 millones de euros.
Un poco antes, en junio, el Ministerio había puesto en marcha la primera actuación de este PERTE con la convocatoria de la Misión Impulsando tecnologías de aplicación en el sector naval que mejoren su competitividad en el siglo XXI. La convocatoria está dotada con 30 millones de euros y el plazo para presentar solicitudes finalizará el 5 de septiembre. Gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la convocatoria pretende impulsar la I+D+i del sector empresarial naval, mejorar la competitividad de los astilleros españoles y promover la cooperación público-privada.
PERTE aeroespacial:
El PERTE aeroespacial, aprobado el 22 de marzo, prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones.
Uno de los principales objetivos del PERTE es el desarrollo y la implantación de tecnologías para conseguir el avión de cero emisiones. El Plan pretende asimismo reforzar la posición de España en el sector del espacio con iniciativas como la creación de la Agencia Espacial Española, que establecerá nuevos mecanismos para coordinar las actividades espaciales a nivel nacional y la participación española en programas internacionales.
Para la coordinación del PERTE aeroespacial se establece un grupo de trabajo interministerial, presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que contará con representación de los Ministerios de Hacienda y Función Pública; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; Defensa; Asuntos Económicos y para la Transformación Digital; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Transición Ecológica y para el Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; y Universidades.
Además, para contar con todos los actores relevantes y garantizar un diálogo permanente, integrando la colaboración público-privada, se ha creado una Alianza por el PERTE aeroespacial, que estará presidida por la ministra Morant.
La Alianza, constituida en julio, integra a miembros de organismos y departamentos adscritos a los 11 ministerios arriba citados, la entidad Enaire, representantes de las comunidades autónomas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y de empresas, asociaciones empresariales y organizaciones sindicales con relevancia en el sector.
El modelo de gobernanza del PERTE aeroespacial puede incluir a agentes internacionales con competencias en el ámbito aeroespacial. De hecho, se plantea la colaboración española con Portugal con iniciativas como el desarrollo de la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra con el que los dos Estados ibéricos monitorizarán fenómenos como el cambio climático.
Sin embargo, el desarrollo normativo del PERTE aeroespacial todavía no ha sido hecho público.
PERTE de la digitalización del agua:
Este proyecto, aprobado el 22 de marzo de 2022, impulsa el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, lo que permitirá mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.
Está previsto que movilice en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, y activará la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua. El PERTE prevé la creación de alrededor de 3.500 nuevos puestos de trabajo, destacando los profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos, ciencia y telecomunicaciones.
El proyecto financiará programas de ayudas para el impulso a la digitalización de los distintos usuarios del agua. El principal objetivo de estas subvenciones es avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico.
A lo largo de este año y en 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas para administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, la industria y para comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas. Esta línea de actuación cuenta con una inversión directa de 1.700 millones de euros, que arrastrará una movilización adicional de 1.120 millones de colaboración público-privada.
Se destinarán 200 millones de euros a la digitalización en el regadío. Entre otras medidas, estas ayudas irán destinadas a aumentar la implantación de contadores en las tomas de agua y en parcelas, mejorar los sistemas de control de la humedad y conductividad del suelo, aumentar la medición de los aportes de fertilizantes o automatizar los sistemas de riego.
El PERTE plantea una inversión de 225 millones de euros para modernizar e impulsar la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica. Más allá de facilitar la digitalización de los trámites administrativos, el proyecto servirá para reforzar los programas de seguimiento y control de los vertidos mediante sistemas de monitorización en tiempo real.
La orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua y la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua pasó en junio su fase de participación pública. Ahora solo falta que la orden sea firmada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, y que sea publicada en el BOE. Esta convocatoria de ayudas tiene un presupuesto de 200 millones de euros.
PERTE de semiconductores
El PERTE de microelectrónica y semiconductores, sancionado por el Gobierno el 24 de mayo de 2022, está dotado con una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027. El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la Unión Europea en este sector, en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chips propuesta recientemente.
El PERTE se desarrollará en torno a cuatro ejes estratégicos que abarcan toda la cadena de valor de la industria en distintas fases: concepción, diseño, producción de chips y dinamización de la fabricación de productos electrónicos TIC, para que actúe como generadora de demanda de los microchips producidos, e impulso al ecosistema emprendedor de semiconductores.
En particular se llevarán a cabo las siguientes acciones:
- Refuerzo de la capacidad científica. Con actuaciones para fortalecer la I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas y la fotónica integrada, desarrollar chips cuánticos y lanzar una línea de financiación para reforzar el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación. Se prevé una inversión de 1.165 millones de euros para el periodo 2022-2027.
- Estrategia de diseño. Incluye actuaciones que potenciarán la capacidad española en el diseño de microprocesadores mediante la creación de empresas fabless (cuyos diseños pueden ser fabricados por otros, sin necesidad de tener una fábrica propia) de diseño de microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas; líneas de pilotos de pruebas; red de capacitación en materia de semiconductores. Se destinarán 1.330 millones de euros para este eje.
- Construcción de plantas de fabricación. Para dotar la capacidad de producción nacional de semiconductores en la fabricación de tecnología de vanguardia (por debajo de 5 nanómetros) y de gama media (de más de 5 nanómetros). La inversión pública presupuestada es de 9.350 millones de euros.
- Dinamización de la industria de fabricación TIC. Contempla actuaciones como la creación de un fondo de capital centrado en los chips para financiar startups, scaleups y pymes innovadoras del sector de semiconductores nacional, con una dotación pública inicial de 200 millones de euros. También se dirige a fortalecer la producción interna de la fabricación de productos electrónicos –que utiliza los microchips como input– para que ejerza de sector tractor sobre la industria de los semiconductores y absorba parte de su producción. El presupuesto estimado asciende a 400 millones de euros.
