Con el propósito de lograr ese objetivo común, los promotores de esta iniciativa (AEDIVE, ANFAC, ECODES, FACONAUTO, Fundación Renovables, GANVAM y T&E) han presentado al Gobierno una serie de actuaciones prioritarias para incentivar la electrificación y descarbonización de la movilidad:
-Coordinación de todos los ministerios implicados a través de la Presidencia del Gobierno.
-Reformar la fiscalidad de los vehículos a través de medidas, como, por ejemplo, aquellas dirigidas al canal empresa, y las ayudas y subvenciones a la compra de vehículos eléctricos, teniendo en cuenta criterios ambientales, para que sean recibidas por el consumidor y empresas de forma directa, sencilla y previsible.
-Un Plan Nacional de Infraestructura de Recarga que aborde los problemas específicos de España, como podrían ser las áreas de baja densidad de población y el acceso a la recarga de la población urbana careciente de plaza privada de aparcamiento y crear un Centro Estatal para el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos encargado de la coordinación y la gobernanza.
-Implementación del mecanismo de eCredits antes de finales del año 2024.
-Una hoja de ruta para el sector de automoción de aquí al año 2035.
De este modo, las entidades promotoras de esta iniciativa han señalado que “el sector del automóvil supone para España cerca del 10% del PIB y del 9% del empleo, con un 87% de la producción dedicado a la exportación, siendo además el segundo país europeo en cuanto a fabricación de automóviles. Una realidad que contrasta con la decimonovena plaza (de 27 países europeos) que ocupó España en el año 2023 en cuanto a porcentaje de matriculaciones de vehículos eléctricos, lo que supone un riesgo para el futuro”.
No obstante, España se ha fijado como objetivo en el PNIEC “ser líder en la electromovilidad y alcanzar los 5,5 millones vehículos eléctricos en el año 2030”. Además, la Unión Europea ha establecido 2035 como fecha límite para comercializar vehículos que no sean de cero emisiones. Para ello, las organizaciones empresariales y ONG ecologistas consideran que nuestro país necesita actuar con urgencia y poner los medios necesarios para lograrlo.
En este sentido, proponen adoptar medidas fiscales que faciliten la penetración del vehículo eléctrico, siguiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea como Portugal. Esto permitiría además satisfacer la exigencia de la Unión Europea de llevar a cabo una reforma fiscal en nuestro país. Así mismo las organizaciones empresariales firmantes de la carta abogan por que las ayudas al consumidor sean directas e inmediatas.
Para las entidades promotoras de esta iniciativa, los esfuerzos para mejorar la infraestructura de recarga deben ir encaminados a agilizar los trámites para la instalación de cargadores públicos. Proponen, además, un sistema de “ventanilla única” y un plan similar al de Alemania o Gran Bretaña, haciendo hincapié en el diseño de soluciones para las zonas de baja densidad de población, así como a la población urbana sin plaza privada de aparcamiento.
Finalmente, estas asociaciones empresariales del sector de la automoción y las organizaciones ambientales coinciden en que promover la movilidad eléctrica significa garantizar el trabajo actual y futuro de calidad y los nuevos empleos asociados a toda la cadena de valor.
