El futuro del sector de la biomasa se verá en grave riesgo si la normativa que lo regula no tiene en cuenta la difícil situación que atraviesa este sector renovable, ante la escalada a desorbitada de precios de los combustibles y la alta demanda biomásica.
Actualmente, se están publicando las órdenes de parámetros retributivos para este sector. Estas órdenes recortan drásticamente la retribución para las plantas de generación de energía renovable con biomasa. En concreto, las órdenes contemplan que los costes de biomasa y otros costes de explotación solamente han aumentado un 1% en 2022.
Asimismo, en el último año los costes de la biomasa (materia prima de la que se abastecen estas plantas de generación renovable) han subido cerca de un 40%. Además, el precio del gasóleo (que supone más de un 30% de los costes asociados al sector y que incide en los costes del transporte, de los transportistas y de la maquinaria) también ha experimentado un incremento sin precedentes.
Además, a la subida exponencial de los costes asociados a la recogida de la biomasa se suma una creciente demanda de biomasa agroforestal: de madera, para calefacción doméstica e industrial, y también de otras biomasas, para reemplazar combustibles fósiles en la industria. Una demanda acrecentada desde fuera de nuestras fronteras, ya que desde los países nórdicos y centroeuropeos se está incrementando la presión en el mercado español de la biomasa y la madera.
En cuanto al supuesto de costes del que parte el Gobierno en el citado borrador normativo está, por lo tanto, muy alejado de la realidad, y esto provoca que también lo esté la retribución que considera necesaria para alcanzar la rentabilidad razonable que había garantizado a esta tecnología.
La situación es tan complicada para el sector que algunos productores se están viendo abocados al paro de la producción, al cierre temporal de sus instalaciones y, en algunos casos, a la aplicación de expedientes de regulación de empleo entre sus trabajadores.
Finalmente, nos encontramos así en una situación de incoherencia en la que, por un lado, las plantas de energía renovable con biomasa (que “teóricamente” tienen una rentabilidad razonable garantizada por el Estado) tienen que parar y, al mismo tiempo, para cubrir esa falta de producción, se está recurriendo a ciclos combinados de gas natural.
