Desde Andalucía se propone un conjunto de iniciativas que persiguen impulsar el autoconsumo, entre ellas, establecer objetivos vinculantes de implantación en las Administraciones Públicas para lograr que en un plazo de dos años el 7% de la electricidad consumida proceda de la generación propia.
Además, se plantea la simplificación de los contratos de las instalaciones que no contemplan verter el excedente a la red de distribución, así como la agilización y la creación de un marco normativo que favorezca la conformación de comunidades energéticas.
Asimismo, en el capítulo de medidas enfocadas a fomentar el ahorro y la eficiencia en los ámbitos de la climatización y la iluminación, se propone un fondo para la puesta en marcha de un Plan Renove para la sustitución de equipos de climatización, así como de electrodomésticos y aparatos domésticos que funcionan con gas natural. También se recomienda la realización de auditorías en edificios públicos y la optimización energética de los espacios de trabajo administrativos.
Por otra parte, se plantea el fomento del uso del biogás y el impulso a la movilidad basada en gases renovables, la aceleración de la puesta en marcha de la hoja de ruta del hidrógeno verde y la electrificación de una parte del parque móvil de la Administración.
Entre las medidas que recoge la Consejería de Política Industrial y Energía se encuentran la ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; auditorías energéticas con la finalidad de definir las acciones a acometer; análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes.
